En los últimos días se dio un hecho sin precedente: productores y exportadores de banano acordaron reducir el precio de sustentación, para recuperar competitividad frente a otros proveedores, que gozan de privilegios comerciales. Las alarmas se encendieron cuando la demanda no respondió a las rígidas normativas, en un escenario que afectó a todos, incluso a la incipiente estatal exportadora, evidenciando que las regulaciones de precios solo funcionan cuando el mercado lo permite. La propuesta de bajar afecta los intereses de los involucrados, permitiendo en cambio un bien superior, aún insuficiente frente a la magnitud del desequilibrio.

En ese afán, es necesario que se den renunciamientos vigorosos en otros eslabones de la cadena, en tanto que las aspiraciones laborales no deben rebasar los límites de una actividad en riesgo y una economía en crisis. Pero corresponde al omnipotente y controlador Estado dar un paso certero en el desmonte del exagerado intervencionismo, que ha llevado a una situación peligrosa para su sostenibilidad, que obstaculiza su dinamismo, más allá de las normas de la obsoleta e inútil ley bananera. Que el precio del diésel que reciben con justicia otros productos se extienda al banano. Que vuelva a elaborarse aceite agrícola en las refinerías, evitando la importación de más alto costo y desangre de divisas. La aplaudida unidad no debe cesar, hasta que el Estado responda con acciones estimulantes, como permitir el cruce de cuentas entre la devolución tributaria (drowback) y el pago del impuesto a la renta, en beneficio de una liquidez, que no existe. Que se revisen los costos de exportación, de tal forma que los niveles FOB respondan a la realidad de los gastos. Que se asignen recursos suficientes para investigación y transferencia tecnológica, en concordancia con la magnitud de plagas catastróficas, en constante acecho.

La original coalición entre cultivadores y comercializadores no debe ser coyuntural sino permanente, debe instar y apoyar al Ejecutivo en las acciones políticas y diplomáticas que logren la suscripción del convenio comercial con la Unión Europea, que nivelaría el acceso de la fruta, pues mientras subsista la desventaja, que sumará 48 centavos por caja en el 2016, será suficiente para sacarla de ese emporio. Igual instrumento mercantil debe concretarse con el mayor número de países, como Japón, China, Turquía y Corea. El amplio y prometedor mercado del Sur del continente requiere un estimulante trato especial por su cercanía, que lo vuelve casi cautivo, pero mantiene barreras que bien podrían ser abatidas luego de inteligentes y pragmáticas negociaciones. Debe anticiparse la anunciada disminución del costo de energía eléctrica, básica para el sostenimiento de la cadena de frío, los puertos deben dar su contribución reduciendo el valor de sus servicios.

No atender las solicitudes que plantea la agraciada unidad sería desconocer el rol de una actividad, ícono en la generación de plazas de ocupación y de ingresos tributarios para el Estado, como ninguna otra agrícola, con grandes perspectivas de crecimiento. No hacerlo sería atentar contra la tranquilidad nacional y propiciar el exterminio de la bien denominada “gallina de los huevos de oro”. Su declive sería peor, por las repercusiones sociales, que la actual vicisitud petrolera. (O)