La opinión nacional asigna enorme trascendencia a la actividad agrícola, desde expresiones compasivas de quienes creen que es el ámbito de trabajo de pequeños y empobrecidos granjeros, pasando por análisis de acertados expertos y hasta altisonantes propuestas de políticos, que luego en el poder olvidan, pues carecen de conciencia campesina, imponiendo medidas antiagrarias que obstaculizan su crecimiento, que pudiese ser mayor si existiese voluntad para estimularlo, desconociendo que es la mejor alternativa para superar la crisis.

Las exportaciones agrícolas y agroindustriales han sido el mejor soporte de la tambaleante dolarización, en tanto que el aporte ampliado del sector, al PIB total, incluyendo los servicios relacionados, lo eleva a casi el 30%, superior a cualquier otro, como lo sostiene el director del IICA, respecto de algunos países latinoamericanos. El grueso de la población ocupada está en el campo, donde existe bajo porcentaje de desocupación. Las proyecciones son extraordinarias de incorporarse a los tradicionales productos la debida intensidad tecnológica, resultante de una investigación, ahora paupérrima.

Desconcierta que la proforma presupuestaria 2016 asigne al Iniap apenas 21 millones de dólares, con solo 4,7 millones para investigación, repartidos en 2,5 para difusos “proyectos de investigación agropecuaria para cambio de matriz productiva” y 2,2 para “producción de semillas certificadas”. Lo mismo acontece con las partidas de Agrocalidad, de 19,4 millones, para vigilancia y control. Así no se podrán generar variedades productivas, resistentes a los embates de enfermedades y cambio climático, ni tampoco se evitará el acceso de plagas transfronterizas, en permanente acecho. La ampliación de la capacidad de almacenamiento público, básica para corregir la defectuosa comercialización de granos, ofrecida con enorme fanfarria, es una quimera.

Se acosa a la educación agrícola superior, fuente de conocimiento, cuando se asfixia financieramente a la emblemática y popular Universidad Agraria del Ecuador, que funciona con eficacia desde hace 23 años en el corazón productivo de la nación, la cuenca del Guayas, con extensiones en cantones agropecuarios, que serán torpemente eliminadas. Se le conceden apenas 17 millones, teniendo un patrimonio de 150, cuando a su inicio era de 0,5, destinándose ridículamente 28 mil para investigación, mientras se inmoviliza su legítimo fondo patrimonial. Sostienen sus estudiantes que las razones son políticas por el apellido de su fundador, cuando el espíritu universitario es extraño a esos sentimientos.

Sigue vigente una ley bananera, freno para más divisas y trabajo; se elimina el subsidio al diésel, encareciendo los costos por caja, entretanto resultan inútiles las gestiones para culminar el convenio con la Unión Europea, por oposición de vecinos competidores. Como si fuera poco, la ganadería será impactada por la desaprensiva advertencia de la OMS sobre el deguste de carnes rojas, asimilándola al daño del glifosato, en cuyo grupo las ubica. El precio oficial de la libra de carne en pie sigue muy distante de su real valor. La puntillada final de las inconsecuencias la ejecuta la publicación irresponsable, por generalizada, de que la carne de pollo contendría arsénico. Golpe bajo a la cadena maicera y su ejemplar industria avícola.

Lo dicho son ejemplos del inmerecido trato al segmento agrícola, que al unísono se destaca, pero en la práctica se desdeña. (O)