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La autonomía municipal en proceso de extinción

3 de Mayo, 2014
3 Mayo 2014
3 de Mayo, 2014 - 00h00
3 Mayo 2014

Desde que comenzó a circular el anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, voceros oficialistas vienen señalando en distintos medios de comunicación que no existe ningún conflicto con la autonomía municipal. Es más, manifiestan que se trata de un anteproyecto que lo único que busca es una efectiva coordinación entre los distintos niveles de gobierno para conseguir un crecimiento de las ciudades de manera planificada y ordenada. Se sostiene que no busca centralismo sino centralidad, esto es, consagrar objetivos comunes de todos los GAD a través de normas mínimas de convivencia en los procesos de urbanización y el sistema de ciudades.

Para saber si lo aseverado anteriormente es acertado o no, tenemos que leer brevemente este borrador para comenzar a dudar seriamente respecto a que no exista una afectación a la autonomía política de los municipios. En primer lugar se parte de una premisa incorrecta. En España, que es de donde se ha escogido el modelo que hoy se nos plantea, no existe la autonomía política de los municipios sino solo de las comunidades autónomas. Y lo dicho no es poca cosa. El constituyente de Montecristi, a diferencia del español, cuando consagra la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD establece, a través del Cootad, que le está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los gobiernos autónomos descentralizados, interferir o perturbar el ejercicio de las competencias previstas en la Constitución y las leyes que les correspondan como consecuencia del proceso de descentralización. Y si a esto le sumamos que las competencias exclusivas de planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural; y, la de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón, les corresponden únicamente a los municipios, no se termina de entender por ejemplo el art. 20 del anteproyecto que establece claramente que los planes estratégicos de ordenamiento territorial aprobados por el Gobierno Central prevalecen sobre los planes territoriales municipales, cuando de por medio exista un “proyecto estratégico”.

De otro lado, en el Cootad ya se consagra que para el cumplimiento del principio de coordinación y complementariedad entre las diferentes circunscripciones territoriales: “se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos”. Es decir que ya existe un procedimiento para que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada. Algo parecido es lo que se sugiere en la Ley de Ordenamiento Territorial colombiana: “La Nación podrá contratar o convenir con las entidades territoriales, con las asociaciones de entidades territoriales y con las áreas metropolitanas, la ejecución asociada de proyectos estratégicos de desarrollo territorial. En los contratos plan que celebren las partes, se establecerán los aportes que harán, así como las fuentes de financiación respectivas”. ¿No es mucho mejor hablar de un contrato o convenio antes que de una Junta Reguladora del Territorio que pudiera inconstitucionalmente dictar ordenanzas o de una Superintendencia del Territorio y del Suelo, que incluso tendría el poder –sin orden judicial previa que la autorice– a dictar orden de suspensión cautelar de las obras en curso o prohibición cautelar de su ocupación y uso cuando estén terminadas? Considero que estos dos organismos son innecesarios por cuanto la Constitución y el Cootad ya crearon al Consejo Nacional de Competencias como organismo técnico encargado de dictar resoluciones obligatorias para regular el ejercicio de competencias concurrentes como es la planificación, además que puede, pese a lo cuestionable que resulta, intervenir de forma temporal y subsidiaria a un municipio si a su criterio gestiona ineficientemente una competencia o presta mal un servicio público.

Ahora es verdad que la Constitución permite a la Asamblea dictar leyes orgánicas que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, así como un marco normativo para la protección y uso sustentable del suelo; así como garantizar tanto el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, además del derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, basado en la función social y ambiental de la propiedad y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. Así lo dispuso el Constituyente y no hay vuelta que darle. Ahora, pretender que con base en estas normas constitucionales se establezca un estado de policía en detrimento de los GAD es una cosa muy distinta.

Sin duda es urgente establecer normas generales mínimas de convivencia en los procesos de urbanización de los distintos municipios, así como para la accesibilidad del hábitat, sea este urbano o rural. Y se pudiera aceptar que consten en otra Ley Orgánica que no sea el Cootad, sin embargo es ciertamente cuestionable que para alcanzar estos objetivos, por ejemplo, en los distritos metropolitanos y en los cantones de más de 20.000 habitantes o en los que se observen o se prevean problemas para el acceso a la vivienda de la población, el plan pueda exigir a las actuaciones privadas de urbanización de suelo para uso residencial, por una parte, el destino a vivienda social de la superficie de suelo necesaria para realizar una parte de dicho uso, hasta un veinticinco por ciento (25%) y por otra, una participación pública en las plusvalías que pueden también llegar a un 25%, en cuyo caso los propietarios pueden elegir entre pagarla en dinero o ceder terrenos edificables por el mismo valor a la administración metropolitana o municipal competente.

Finalmente, a finales del año pasado se ha dispuesto que los jueces de lo Civil en casos de expropiaciones de entidades del sector público, con excepción de los municipios, ya no podrán nombrar un perito para que fije el justo precio de la indemnización a recibir por el ciudadano, sino que deberá ceñirse al avalúo municipal. Lo paradójico de la reforma del art. 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es que esta cuasi derogación del Juicio de Expropiación del Código de Procedimiento Civil, no le rige a los municipios. Es decir, un juez de lo Civil sí puede ordenar a un municipio que pague por encima de su propio avalúo municipal, pero está prohibido de hacerlo con el resto de entidades del sector público.

¿Está la autonomía municipal en proceso de extinción?

La autonomía municipal en proceso de extinción
Desde que comenzó a circular el anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, voceros oficialistas vienen señalando en distintos medios de comunicación que no existe ningún conflicto con la autonomía municipal.
2014-05-05T15:19:26-05:00
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