Jonathan Gabriel J. desempeñaba el cargo de jefe de control en una empresa de seguros. Junto con una compañera, ejecutiva comercial, elaboraron una serie de simulaciones de solicitudes de devolución y causaron un perjuicio de $ 70.339 a la compañía.

Fiscalía presentó las pruebas y logró que un Tribunal de Garantías Penales sentencie al procesado con siete años de cárcel, por el delito de estafa.

Además, tendrá que pagar una multa de 20 salarios básicos unificados, es decir, $ 8.500. A esto se sumará la devolución de $ 35.169 a favor de la empresa aseguradora. Es la mitad del perjuicio, el resto se cobraría a su compañera, de quien se desconoce su paradero, según informó Fiscalía.

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El hecho se registró en 2016, el gerente de la empresa de seguros fue quien denunció ante Fiscalía el hecho. Esto, después de que una auditoría realizada entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016 alertó sobre la existencia de las transacciones con observación.

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La fiscal del caso presentó como pruebas el informe pericial de documentología, que determinó que los beneficiarios de las transferencias por los desembolsos fueron los dos trabajadores de la empresa y un primo hermano de Jonathan.

También se presentó la pericia contable e informática, con la cual Fiscalía explicó que el procesado utilizó 23 nombres de personas aseguradas por la empresa para beneficiarse de las devoluciones.

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Esto permitió demostrar que el procesado recibió los desembolsos en cuentas de familiares.

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El artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su inciso tercero establece que “... la persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años” (I)

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