La herida de la familia Palacio Salamea se reabrió en marzo de este año cuando Carlos F., sentenciado por el femicidio de Cristina Palacio, quedó en libertad por una orden judicial. Él debía pagar una pena de 34 años de prisión, pero solo cumplió cinco. Hoy está prófugo de la justicia y en la Policía admitieron que hasta este mes no hay pistas de su paradero.

Carlos F. recibió en 2017 la máxima pena que la ley ecuatoriana estipula para los casos de femicidio, ya que durante las etapas procesales se comprobó que él fue el autor de ese delito. En los estrados también se determinó que no padece de ninguna enfermedad mental como adujeron en algún momento sus abogados defensores.

Atropellamiento que sufrió hace siete meses le cambió la vida a Dayana, en cuyo caso aún no se identifica a los responsables

Cristina Palacio, de 29 años, desapareció la tarde del 28 de marzo de 2017 tras salir de su trabajo. Siete días después su cadáver fue encontrado en el embalse del río Cuenca. Carlos F. se entregó a la Policía atribuyéndose el hecho.

Publicidad

Después de una intensa búsqueda, unidades especiales de Policía localizaron el cuerpo en el embalse de Guachapala-Azuay. En el sitio colaboraron hombres de los cuerpos de bomberos de Cuenca, Paute y Guachapala junto con uniformados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de Operaciones Especiales (GOE).

El hombre lanzó el cuerpo de la mujer al río en el puente Sixto Durán-Ballén luego de una discusión. Tras la confesión la Policía realizó un allanamiento en su casa, donde se hallaron varias pruebas, entre ellas manchas de sangre de la ahora occisa.

Los familiares de Cristina Palacio recibieron con satisfacción la condena de 34 años y ocho meses que recibió en su momento el implicado en el femicidio. Foto: Archivo.

Con el caso aparentemente cerrado todo dio un giro el 2 de marzo pasado. Carlos Hermida, abogado defensor de la familia Palacio, indicó que la emisión de la boleta se originó en un proceso de medidas cautelares presentado el 25 de enero en Montecristi, Manabí, otorgadas por la jueza Gina Zambrano.

Publicidad

Se otorgó este beneficio a un privado de la libertad para que se realice tratamientos médicos por padecer una enfermedad catastrófica.

Pero, a base de ese pedido, explicó el jurista, “se insertaron” a otras personas, entre ellas a Carlos F. a base de oficios de excarcelación, sin que él sea “ni parte, ni beneficiado en las acciones de medidas cautelares presentadas en Manabí”.

Publicidad

Otro cuestionamiento legal al caso es que, aunque el crimen se cometió en Azuay y el acusado estaba detenido en Cañar, su liberación se dio en Manabí. Esta actuación fue para la presidenta de la Corte de Justicia del Azuay un acto que le indignó por varias situaciones.

La primera, porque las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) pusieron a un sentenciado por femicidio en una cárcel de mínima seguridad, cuando lo pertinente, según ella, era que sea derivado a una de máxima como Turi, en Cuenca.

La presidenta de la Corte de Azuay considera que la actuación de su colega manabita es “grave e inusual” porque admitió una acción de habeas corpus en una jurisdicción ajena, sabiendo que el Código Orgánico de Garantías Jurisdiccionales permite presentar esta medida siempre y cuando se desconozca la ubicación del reo, situación que en este caso no era así porque Carlos F. estaba en la capital de Cañar.

La decisión causó reacciones en varios ámbitos. La misma noche del 2 de marzo el presidente de la República, Guillermo Lasso, escribió en su cuenta en Twtter: “Me entero que una jueza de Montecristi ha dejado libres a dos femicidas. Quiero que sepan que he dispuesto una inmediata acción para denunciar a la jueza, pedir la revocatoria de la medida y que estos dos personajes regresen a la cárcel”.

Publicidad

Pasó el tiempo y los anuncios del primer mandatario se cumplieron parcialmente: se sancionó administrativamente a la jueza, se revocó la medida y se atrapó a uno de los dos liberados.

En esa misma línea la Fundación Aldea también expresó su rechazo a la decisión y escribió en sus redes sociales: “¿En qué país estamos? ¿Qué juez o jueza ha ordenado la liberación de femicidas sentenciados? El Estado sigue fallando a las familias de víctimas de femicidio”.

Dos meses después, la Policía Nacional no ha podido recapturar a Carlos F. y no hay pistas de él, según admitió Pablo Inga, jefe en Azuay de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased), al decir que “siguen investigando”, sin dar mayores detalles.

Esta situación desespera a la familia de la víctima, porque a su criterio toda su lucha por justicia quedó en la impunidad.

Robo con muerte o femicidio, el giro de una investigación en Los Ríos que lleva tres años: familiares de Kattya Basurto anhelan justicia

Sonia Salamea, madre de Cristina, refirió que la decisión le parece bastante sospechosa porque uno de los argumentos para que el sentenciado haya recibido medidas cautelares fue que padece una “incapacidad mental”, pero esto se contradice con otro aspecto, y es que, mientras él pagaba la condena en la cárcel de Azogues, capital de la provincia del Cañar, estaba estudiando Derecho en una universidad a distancia.

Por esto considera que de aquí en más “se reirán de las familias, se reirán de todos”, refirió.

En medio de esta tormenta, Sonia Salamea revive el dolor de haber perdido a su hija de 29 años, quien pretendía formar su propia familia y darle nietos a su madre, un anhelo que se desvaneció con el femicidio. (I)