John Jairo desliza el dedo en la pantalla del celular. Ahí busca una de las perturbadoras fotos que retrataron la crueldad con la que internos de la Penitenciaría del Litoral masacraron a 62 personas, el 12 de noviembre. La encuentra y, al mostrarla, se ven seis víctimas, desplomadas en el piso del bloque transitorio F2. Entre ellos estaba su padre, John Campuzano, de 56 años.

Lo identificó por el calentador azul con franjas blancas que usaba el día de su arresto. El 30 de agosto lo apresaron por la investigación de ‘falsedad de información’ que sigue la Fiscalía en el caso Isspol.

Campuzano era desde hace trece años contador de Ecuagran S. A., una de las empresas investigadas por supuesta estafa al Isspol y actualmente intervenida por la Superintendencia de Compañías.

“(Mi papá) no falsificó ningún documento. (Es) por su contabilidad que encuentran eso (las irregularidades), lo involucran siendo contador de una compañía. ¡Un contador! ¿Y los representantes legales?, eso no logro entender”, cuestiona John Jairo, indignado porque a su papá le dieron una orden de detención. No le concedieron, reclama, medidas ajenas a la prisión que sí les otorgaron a otros procesados.

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(Mi papá) no falsificó ningún documento. (Es) por su contabilidad que encuentran eso (las irregularidades), lo involucran siendo contador de una compañía. ¡Un contador! ¿Y los representantes legales?, eso no logro entender

John Jairo Campuzano, hijo del contador asesinado en prisión

“La documentación presentada no asegura su comparecencia”, argumentó el fiscal Víctor González en la audiencia de formulación de cargos, según se detalla en el proceso. “Lo extraño es que todos presentaron lo mismo: arraigo social, laboral, certificado médico..., pero nada sirvió”, critica el último de sus tres hijos.

La familia no aceptó la decisión judicial y apeló. Sin embargo, la audiencia fue diferida tres veces: el 30 de septiembre, porque –dice su hija Yomaira– no fue asentada la fecha; la segunda, el 12 de octubre, por “falta de información del tribunal de alzada al presentar problemas de conexión el juez (Johann Marfetan)”; y en la tercera, el 21 de octubre, porque el mismo juez se excusó.

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“Se excusó, porque la esposa era familiar de un directivo de Ecuagran”, comenta Yomaira y se pregunta ¿por qué no presentó esa justificación antes? Si no hubiesen existido estos retrasos, consideran sus hijos, tal vez le habrían otorgado la libertad y hoy seguiría con vida, disfrutando del encebollado que desayunaban en familia los fines de semana.

Pero no ocurrió así. Su papá murió el 12 de noviembre y, cuatro días después, aceptaron la excusa del juez, lo separaron del proceso, según el registro judicial, 26 días después de que el magistrado se excusara. “En un día hicieron lo que no quisieron hacer en 26 días”, recriminó Yomaira, quien defiende la inocencia de su padre.

La audiencia de apelación fue diferida tres veces. La última fue el 21 de octubre. Foto: Tomada de proceso judicial

José Morán, el exabogado de Campuzano, señaló –en el proceso– que “todo lo manifestado son supuestos, sobre un contador (que) lo único que hace es registrar lo que hacen los altos (directivos) de la compañía”.

Su hijo John Jairo cuestiona que recién el 19 de octubre la Fiscalía pidió una auditoría a la contabilidad de su padre, oriundo de Balzar y quien estuvo recluido por 73 días en el pabellón transitorio F2.

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En este bloque estaban detenidos los investigados por delitos financieros, pensión alimenticia, entre otros. Su familia asegura que tuvo que hacer un depósito en una cuenta para que su papá permanezca en esa sección carcelaria, donde compartía con otros detenidos que –según les contó– eran “tranquilos, solidarios y se turnaban para limpiar”. Incluso le prestaron a su padre el abrigo que usó el día que le arrebataron su vida.

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No les permitieron ingresar –critican– ropa, artículos de limpieza ni medicinas para su colesterol elevado ni para el dolor de las rodillas que lo aquejaba hace varios meses.

John se comunicaba con su familia a diario entre las 19:00 y 21:00. Sus conversaciones se centraban, cuenta su hijo, en los detalles del proceso y en su preocupación por las detonaciones que les decía que se escuchaban casi a diario.

Por esos conflictos, le contaba, no ingresaba la comida al pabellón. “A veces pasaba días sin comer o solo con una comida al día”, critica el joven, cuyo padre laboró antes en empresas como Cridesa, Pronaca y Cartonera Andina.

Yomaira muestra el último mensaje que su padre les envió desde el bloque Transitorio F2 de la Penitenciaría. Foto Carlos Barros. Foto: El Universo

El 12 de noviembre, antes de la masacre, John les contó que escuchó disparos la noche anterior y pidió que oraran por él. Se mostró positivo, confiado en que estaría bien, recuerda su hija. Pero, horas más tarde, fue asesinado con un impacto de bala cerca del abdomen y varias puñaladas, una en el rostro y otras en el pecho.

Es duro..., no es justo que haya muerto así, se merecía envejecer, tener una muerte digna. Ellos (el Estado) tenían la obligación de guardar la vida de mi papá y no lo hicieron

Yomaira Campuzano, hija de John Campuzano.

“Es duro..., no es justo que haya muerto así, se merecía envejecer, tener una muerte digna. Ellos (el Estado) tenían la obligación de guardar la vida de mi papá y no lo hicieron”, reclama Yomaira, mientras sostiene una foto en la que su padre luce sonriente. Ella lo considera “honesto, trabajador y deportista”. Amaba el fútbol y lo practicaba los fines de semana como delantero, desde las formativas juveniles de Emelec (1979-1982)

Ahora, su familia asegura que luchará por limpiar el nombre de John. “No quisiera que por presión política, porque alguien tiene que pagar, el nombre de mi papá quede manchado”, insiste su hijo, quien junto con su abogado plantearán una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, otra, contra el Estado, por “la negligencia” que hubo en la cárcel. (I)