Frente a la crisis carcelaria que ha desatado una ola de asesinatos en el interior de los centros de reclusión en los últimos años, la Secretaría de Derechos Humanos devela la inacción y el desinterés de los gobiernos anteriores, lo cual ha arrojado un Sistema de Rehabilitación Social desarticulado y con múltiples fallas por corregir.

Con estos antecedentes, la secretaria de Derechos Humanos y también presidenta del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, Bernarda Ordóñez, ratifica que es necesario entregar al país una política pública del Sistema, pero esto no será inmediato, sino hasta febrero del 2021, porque hay que realizar, inclusive, un diagnóstico de cada centro, ninguna institución ha incluido en sus planes operativos anuales a las personas privadas de la libertad (PPL).

Ordoñez señala que la crisis de institucionalidad empeoró cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue eliminado (gobierno de Lenín Moreno) porque la división de funciones entre la Secretaría que dirige y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) dificultó los procesos administrativos, “la institucionalidad no está clara”.

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Por ejemplo, todavía no se han identificado los más de 66.000 ítems (bienes) que le corresponde a cada institución, tampoco las nóminas de trabajadores. Dentro de los ítems, los escáneres, en papeles, siguen perteneciendo a la Secretaría y esto impide su cambio o ejecución de pólizas de seguros. Actualmente, 82 escáneres están en el “limbo administrativo” y 12 ya se ha resuelto.

Luego, a días de terminar el mandato, el gobierno de Lenín Moreno dejó aprobada una Política Nacional del Sistema de Rehabilitación Social que, entre otras fallas, delegaba a la Secretaría de Derechos Humanos funciones que no le corresponden.

Las reformas que se hicieron en el 2019 al Código Orgánico Integral Penal (COIP) complican definir los roles de todas las instituciones del sistema que es creado con este instrumento legal. “No dice quiénes integran el sistema y cuáles son las responsabilidades”, agrega la Secretaria.

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Además, el Directorio que se creó en 2010 por Decreto Ejecutivo (gobierno de Rafael Correa) no definía funciones y en actas consta que, en virtualidad por la pandemia, los integrantes ni siquiera consignaban su voto.

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“Ausencia total del Estado de Bienestar en los sectores más vulnerables del país”, añade Ordóñez.

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Dentro de las acciones interinstitucionales del Directorio, la tarde de este miércoles 13 de octubre, se realiza la segunda sesión extraordinaria y se invita a la presentación del plan al eje de justicia: Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia y Defensoría Pública.

Violencia

Según la Secretaría de Derechos Humanos, el origen de toda la problemática está en la violencia y por eso requiere un presupuesto de $ 18 millones, solo para trabajar en el área de prevención.

Las cifras que sustentan esta afirmación están en los delitos más comunes por los que las personas están privadas de la libertad: 16,88 % por violencia hacia la mujer y 14,96 % por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

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La mayoría de personas fallecidas tenían entre 20 y 30 años, y la primera aprehensión fue cuando tenían 11 años por microtráfico de drogas, a los 15 años ya tienen detenciones por asesinato, violencia extrema.

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El 61,3 % tenía entre 20 y 30 años, el 21,7 % entre 31 y 35 años, más de 35 años, el 17 %.

El 35 % registraba delitos de robo y otro 35 % delitos de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

El 74 % pertenece al pabellón 5, pabellón de alias “Fito”.

De los fallecidos, el 24 % tenía sentencia. (I)