Porte de armas en Ecuador: Ley lo contempla desde 1980, pero la suspensión de permisos hace 12 años eliminó el ‘efecto disuasivo’ que ahora se busca reactivar ante ola delictiva

En el Ecuador el porte de armas ya está contemplado en la legislación desde hace 41 años como un trámite administrativo ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), pero desde hace 12 años quedó suspendido indefinidamente por cambios en su reglamentación. Hoy en día solo se permite la tenencia; es decir, en un lugar fijo como la casa o el lugar de trabajo, explica el jurista Julio César Cueva.

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En el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos, que data de 1980 y que tuvo su última modificación en 2009, faculta a las FF. AA. a realizar el control sobre la tenencia y porte de armas.

“Las exigencias antes de la suspensión del porte de armas eran no tener denuncias por violencia intrafamiliar, no tener antecedentes penales, pasar un examen psicológico y de manejo del arma. El problema es que todo eso era fácil de cumplir y había gente sin antecedentes de todo tipo portando armas, incluso armas de uso exclusivo militar”, explica Cueva.

La iniciativa de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, para que los ciudadanos que cumplan ciertos requisitos puedan estar armados, busca tener un “efecto disuasivo”, ha explicado ella, frente a delincuentes que actúan sabiendo que sus víctimas no tienen con qué defenderse.

Pero su idea de una reforma a la ley que permita el porte de armas no es nueva. En diciembre del 2020 el legislador Esteban Torres Cobo, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, ya presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto reformatorio con el mismo fin. Sin embargo, el tema no se ha movido en el Parlamento.

“A menudo se confunde el ‘libre porte de armas’ con ‘libertad para tener y portar armas’ si se cumplen requisitos muy altos. En la reforma a la Ley de Armas que presenté en diciembre del 2020, se norman y se establecen requisitos más estrictos que los de Estados Unidos y Europa”, recordó Torres, abogado especialista en litigio y arbitraje comercial.

“Es fundamental recordar que el derecho a tener y portar armas con autorización está consagrado desde 1980 en la Ley de Armas. Las Constituciones de 1979, 1998 y 2008 lo han reconocido implícitamente. Sin embargo, en 2009 la situación cambió cuando se suspendieron definitivamente los permisos de tenencia y porte. Es así como la ciudadanía quedó desarmada y la delincuencia bien armada”, apunta Torres.

“Mi proyecto es un compromiso con la seguridad para que ninguna autoridad vuelva a desarmar a la población”, sostiene el legislador de Tungurahua, quien propone requisitos como un mínimo de 40 horas de adiestramiento en el manejo de armas, exámenes psicológicos y registro de la propiedad del arma, entre otras cosas.

El exalcalde de Guayaquil y líder del PSC, Jaime Nebot, apoya las iniciativas reformatorias de Torres y Viteri: “La tenencia y porte de armas ha sido permitido en Ecuador desde hace muchos años y no hemos tenido problemas por aquello, aquí no se va a reconstruir el viejo oeste, se trata de un efecto disuasivo contra el delincuente que actúa con alevosía porque sabe que a su víctima se le ha prohibido armarse, mientras a él nadie lo controla”.

Pero la Defensoría del Pueblo se muestra contraria a las propuestas de que la ciudadanía se arme contra la delincuencia.

Al día siguiente de la sesión solemne por los 201 años de independencia de Guayaquil, en la que Cynthia Viteri le entregó su propuesta al presidente Guillermo Lasso, la entidad emitió un comunicado en el que expresa su “preocupación en relación con el incremento de la inseguridad e intenciones de iniciativas de viabilizar el libre porte de armas para defenderse de la delincuencia”.

Según datos de la Policía Nacional, citados por la Defensoría, en lo que va del 2021 a nivel nacional se han producido 63.498 aprehensiones, de las cuales el 16 % está relacionado a delitos contra la propiedad, el 14 % al tráfico de drogas, 7 % a violencia contra la mujer o miembros de la familia, 5 % por contravenciones, 2 % por delitos contra la integridad sexual y el 1 % se vincula a delitos contra la inviolabilidad de la vida.

El 20 % de las aprehensiones realizadas por la Policía Nacional se concentró en la provincia del Guayas, dice la Defensoría, que pide a las autoridades a nivel nacional y local atender los problemas que se derivan de la desigualdad y pobreza, en lugar de criminalizarla.

“El problema es que en Ecuador, cuando algo no lo pueden controlar eficientemente, prefieren prohibirlo y hasta hacerlo delito, como lo que pasó con el suero de leche”, pone como ejemplo Cueva.

Para este abogado penalista, “solo deben portar armas quienes pasen un examen riguroso de manejo de la misma, haciendo un curso previo de cierta cantidad de horas, como se hace en los cursos para conducir; no tener antecedentes penales por delitos violentos; pasar exámenes psicológicos y psiquiátricos; contar con registro balístico previo del arma; y que el permiso tenga un periodo de renovación cada seis meses”.

“Si es disuasivo portar un arma, el delincuente hoy por hoy está seguro de que no le van a sacar un arma, por eso arremete con impunidad”, sostiene Cueva.

El proyecto de Viteri implica, además de permitir el porte de armas, reformas al Código Integral Penal y a la Ley de Movilidad Humana, pues pretende que se elimine la tabla para el consumo de drogas -sin penalizar al consumidor-, mostrar el rostro de los delincuentes y exigir el pasado judicial a todo extranjero que ingrese al Ecuador. (I)