Ocho jueces de Guayas cuentan con resguardo policial por el riesgo que representan sus casos

Que hace cuatro meses, mediante oficio, pidieron al presidente Guillermo Lasso que declare la emergencia en la Función Judicial, aseguran Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia, y María Josefa Coronel, directora de la Judicatura de Guayas.

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Ambas convocaron a los medios dos horas después del asesinato del fiscal Édgar Escobar para anunciar que los jueces también están en constante peligro, que no han recibido una respuesta del primer mandatario y que hay en promedio entre cinco y ocho funcionarios con resguardo policial por la peligrosidad de los casos que manejan.

Gallardo insiste en que han vuelto a pedir la declaratoria de emergencia de la Función Judicial este lunes, 19 de septiembre, y que esperan una respuesta de la Judicatura y del presidente Lasso.

“Todos los jueces, funcionarios judiciales, fiscales realizamos labores investigativas de casos supercomplejos en los que está inmersa la delincuencia organizada. Todos los días se incauta droga. Todavía hay mucha droga incautada, y nosotros los jueces no podemos seguir exponiéndonos”, indica Gallardo.

Ella considera que la muerte del fiscal Escobar es un mensaje claro del crimen organizado. Por eso, pidió a la Judicatura que se apruebe el teletrabajo para todos los jueces de materia penal hasta que existan las seguridades para cumplir sus labores de forma presencial.

Coronel dice que están revisando los números de jueces con seguridad especial y que los funcionarios deben llenar un formulario en la web para pedir protección en casos especiales, pero indica que lo que les preocupa es que no siempre hay agentes disponibles.

También mencionó que los recursos financieros que produce Guayas son de cerca de 20 millones de dólares y que solo reciben cerca de 3 millones. Ella espera que se acabe con el centralismo y que en Quito consideren que Guayas merece un trato especial por la ola de violencia a la que se enfrenta, pues prácticamente todas las semanas hay alertas de bomba en los edificios donde se dan audiencias.

Coronel menciona incluso la posibilidad de pagar seguridad privada para fiscales y jueces en caso de que no haya policías.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, admitió, en una rueda de prensa en Quito, que hay trámites engorrosos para pedir protección en el caso de los funcionarios, y asegura que están adquiriendo armamento y una serie de equipos para ser más eficientes en su lucha contra el crimen organizado.

Además, indica que “han echado mano de herramientas institucionales para reforzar el combate a la inseguridad”.

Mientras tanto, Gallardo insiste en que se entreguen a Guayas los recursos que ya han solicitado.

Dice que necesitan suministros básicos de oficina, equipos tecnológicos, remodelar algunos edificios y seguridad en estos, pues sostiene que los recintos judiciales no cuentan ni con guardianía privada.

El caso de Édgar Escobar no ha sido el único. La noche del 15 de agosto fue asesinado en Babahoyo el fiscal Federico Estrella. Sujetos en moto atacaron al fiscal y lo dejaron gravemente herido. Su deceso se confirmó en el hospital del IESS del cantón.

Diez días después, el 25 de agosto, Nelson Yánez Paredes, juez de la Unidad Multicompetente de Lago Agrio, fue asesinado cuando salía de su casa.

Hace dos semanas, en Esmeraldas, dos supuestos miembros de Los Tiguerones amenazaron al fiscal y al juez en una audiencia telemática tras ser sentenciados a 34 años de cárcel por asesinato. (I)