La resolución de nulidad emitida por la jueza penal de Pichincha Verónica Medina dentro del caso por delincuencia organizada en el que eran investigados el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y seis personas más, por una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, según la fiscal general, Diana Salazar, no significa que se ha llegado a determinar la no responsabilidad de los acusados.

El lunes último, la jueza Medina oralmente dio a conocer de su resolución de nulidad en el caso en el que además se procesaba a Jacobo Bucaram Pulley, al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro B., a los ciudadanos Bryan P., Verónica A., Isabel M. y al israelí Sheinman Oren.

Jueza declara la nulidad de lo actuado en el caso por delincuencia organizada contra Abdalá Bucaram Ortiz; la causa regresa a etapa de investigación previa

Todos eran acusados de irregularidades ocurridas en la comercialización de pruebas rápidas para COVID-19 y mascarillas, durante la época más fuerte de la pandemia y la crisis sanitaria en Ecuador.

La declaratoria de nulidad hace posible que se retrotraiga el proceso a la etapa de investigación previa que es en donde, dijo Medina, “claramente se especificó la vulneración de los derechos no solo de uno, sino del universo de los procesados, y con base en esta vulneración incluso se vulnera todo el procedimiento realizado posteriormente”.

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Salazar sostuvo en una entrevista en radio Sucesos, la mañana de este miércoles, que se declara la nulidad por temas como la falta de notificación durante la investigación previa. “Eso significa ahora que la Fiscalía tiene la obligación de golpear la puerta de la persona investigada o procesada y decirle ‘sabe que voy a detenerle en 72 horas’, porque ese es el argumento de la jueza. (...) Lo que pasa es que buscan estrategias jurídicas para evadir la acción de la justicia, pero no se atreven a decir que no existe responsabilidad”.

Diana Salazar confirmó que se apeló oralmente la decisión por parte de la fiscal del caso, Lidia Sarabia. Según la jueza Medina, la nulidad irá a costa de la fiscal Sarabia, pues dijo, durante la lectura de su resolución, que la funcionaria de Fiscalía ha “actuado con absoluta deslealtad procesal” e incluso, apuntó, “ha presentado hechos que no han podido ser respaldados”.

José Moreno, abogado de la familia Bucaram, sostiene que la citación previa debía aplicarse por no ser un caso flagrante y en este proceso no se cumplió ese mandato legal. “La ley da 72 horas para convocar a formulación de cargos cuando esta viene de investigación previa”.

Jueza del caso contra Abdalá Bucaram permite que fiscal participe de la audiencia preparatoria de juicio por vía telemática

Moreno rechazó que se diga que la familia Bucaram está comprando jueces y criticó la actitud de las autoridades por haber iniciado procesos administrativos contra jueces que han fallado a su favor.

Durante la audiencia del lunes último, la jueza Verónica Medina aclaró que ella es imparcial e independiente, que no ha recibido ninguna presión o coacción y que su única parcialidad ha sido con el proceso. Refirió que los fundamentos para la nulidad los encontró en el expediente e indicó que se deben remitir las piezas procesales respectivas al órgano superior si es que se necesita revisar su actuación.

Para la fiscal Salazar, decisiones como las de la jueza de Pichincha lo que terminan es retardando el procesamiento, porque la nulidad significa que vuelve a la foja donde la jueza considera que se cometió la violación al debido proceso, en este caso a la etapa de investigación previa. “Lo que va a tener que hacer la Fiscalía es volver a empezar y volver a procesar. Por supuesto, se distraen recursos, talento humano, pero tenemos nosotros que cumplir nuestro trabajo”, dijo.

El caso por delincuencia organizada contra el expresidente, su hijo y las cinco personas se enmarcaba dentro de los 170 casos iniciados por la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía para analizar en su mayoría casos de corrupción relacionados con la pandemia de COVID-19. 205 personas que se encontrarían con instrucción fiscal, 4 sentenciados, 57 con llamamiento a juicio, a 28 personas se les ha dictado sobreseimiento y la Fiscalía ha apelado y 32 más estarían detenidas.

El expresidente Bucaram tiene aún pendiente por resolver un proceso penal por tráfico de bienes patrimoniales y está a la espera de una audiencia de juzgamiento por tráfico de armas. Mientras tanto, Jacobo Bucaram Pulley fue sobreseído en la causa por tráfico de bienes patrimoniales y es procesado por otro caso por delincuencia organizada, en el que fue llamado a juicio y en el que fueron sobreseídos sus hermanos Michel y Dalo Bucaram y su cuñada Gabriela Pazmiño. (I)