En los últimos días, cinco policías murieron baleados durante ataques armados reportados en Guayaquil y Durán. En medio de la convulsión que rodeó estos dos cantones, los policías apenas tuvieron despedidas discretas.

La Policía cuestionó que los derechos humanos no se hayan pronunciado por estas muertes, así como han reclamado y abogado por los reos de la Penitenciaría, donde se han realizado operativos de traslados.

El general Víctor Hugo Zárate, comandante de Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), defendió el accionar de los agentes ante cuestionamientos surgidos en torno a que durante el traslado de presos se habrían vulnerado los derechos de los internos de la Penitenciaría del Litoral y que aquello sería llevado a cortes internacionales.

Publicidad

Contó que durante la intervención los uniformados fueron recibidos a bala en varios pabellones.

“Hay que tener acaso una membresía especial para que derechos humanos luchen por nosotros los policías”, cuestionó el comandante de la Zona 8.

El ministro del Interior, Juan Zapata, se unió este lunes a las críticas de jefes policiales contra los defensores de los derechos humanos.

Publicidad

Zapata sostuvo -sin identificar a alguna organización o grupo- que parece que los derechos humanos no conocen la dirección del hospital de la Policía Nacional, donde se ingresó a heridos, ni tampoco la dirección de los familiares de policías fallecidos.

‘Hay que tener acaso una membresía especial para que Derechos Humanos luchen por nosotros’: general de Policía defiende accionar de agentes en traslado de reos

“Queda al lado del cuartel modelo para derechos humanos. Visítenlos, que las familias de los policías también sus lágrimas valen y cuentan. No hemos tenido respuesta de derechos humanos, una pena, a policías que están dando su vida por defender el orden del país, qué lamentable”, añadió el ministro.

Publicidad

Los cuestionamientos gubernamentales y policiales recibieron respuesta de parte de defensores de derechos humanos y de agrupaciones que se dedican a esa tarea.

Juan Pablo Albán, miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y profesor de Derecho, señaló que no está en discusión que los miembros de la Policía y Fuerzas Armadas, antes que funcionarios estatales son personas y como tales tienen derechos humanos que tienen que ser protegidos.

Agregó que las obligaciones en materia de derechos humanos están en manos del Estado, por lo que es quien debe protegerlos y no se requiere ninguna membresía particular.

El jurista mencionó que debería dotarles de equipos suficientes, de formación adecuada y continua, de revisión de desempeño para evitar que algunos de sus miembros cometan femicidios o para beneficiarse de redes de tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.

Publicidad

Albán indicó que al ser garantes de los derechos del resto de la ciudadanía tienen responsabilidades que cumplir.

“No puede diluirse el incumplimiento de los deberes institucionales de garantía de la seguridad y la tranquilidad ciudadana a partir de que no se les va a visitar en los hospitales. Yo quisiera preguntarle al señor Zárate si él ya llamó a los defensores que han sido hostigados y amenazados en el curso de los últimos días a preguntarles cómo están”, dijo Albán.

Traslado de cabecillas puede debilitar liderazgos dentro de bandas si se consolida control de cárceles: especialistas analizan acciones en recintos penitenciarios

Para Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, parecería que no se observa el rol y la misión que tienen organismos como el que lidera en sociedades democráticas.

Señaló que sus obligaciones son unas y otras las que tienen los funcionarios públicos y concretamente la que tienen los agentes de la Policía Nacional en temas de seguridad.

Afirmó que su labor ha sido la de trabajo comunitario.

“Se invisibilizan también todos los cientos de casos que durante todos estos años hemos venido atendiendo de agentes de la fuerza pública que se han acercado acá para denunciar violaciones a sus derechos humanos por parte de sus superiores y por parte de la institución como tal”, aseguró Navarrete.

Agregó que, por ejemplo, en las manifestaciones de junio pasado por el paro nacional su lema fue “Todas las muertes nos importan” y sostuvo que actualmente es igual y recordó a la policía Verónica Songor, quien fue baleada mientras cumplía su turno en una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Socio Vivienda y luego murió.

Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles presentó una medida cautelar ante la CIDH

Varios policías fueron heridos en incidentes en la Penitenciaría del Litoral.

Navarrete puntualizó que para la defensa de los derechos humanos no existen acreditaciones y son de todas las personas, independientemente de si son civiles o agentes de la fuerza pública que se enfrentan a un poder.

“Derechos humanos está más para los delincuentes que para quienes están defendiendo a los buenos ciudadanos que han sido afectados en su seguridad”, dijo Zapata, en una entrevista en Ecuavisa.

El directivo de los derechos humanos aseguró que no los caracteriza el antagonismo con la Policía, pero quieren una Policía fortalecida, apegada a sus principios, alejada de nexos con organizaciones criminales y mafiosas.

“Nosotros no defendemos a delincuentes, defendemos a personas en relación con sus derechos fundamentales, independientemente de quienes sean estas personas”, respondió Navarrete. (I)