Una vez que termine el levantamiento de pruebas en el edificio donde están las habitaciones que ocupaban los oficiales que trabajan en la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, esta estructura será demolida para levantar una nueva a la que se prevé dotar de tecnología y vigilancia. Así lo anunció el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien el lunes 26 estuvo en dicho centro de formación.

El inmueble tiene cuatro plantas y allí quedaba la habitación de Germán Cáceres, teniente de la Policía y principal sospechoso del femicidio de la abogada quiteña María Belén Bernal, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles 21 de septiembre en el cerro Casitagua, a pocos kilómetros del centro de formación de uniformados al que ella entró el domingo 11 y desde entonces no se la volvió a ver con vida.

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Según las versiones expuestas durante el proceso de investigación de este caso que ha puesto en el foco de atención a la Policía Nacional, Bernal llegó a ese edificio, al que algunos llaman castillo de Grayskull y encontró en la habitación a su esposo y una cadete (la única detenida al momento), lo que provocó una discusión con gritos y pedidos de auxilio.

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Por eso, el Ejecutivo participó el lunes 26 de un cierre simbólico de la edificación y anunció su demolición. Minutos antes, la primera iniciativa fue cuestionada por Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, quien en un programa televisivo pidió saber la verdad sobre el femicidio de la abogada quiteña en lugar de simbolismos.

“¿Quién me garantiza que me dicen la verdad? Señor presidente, yo no quiero cierres simbólicos, quiero verdad. ¿Qué le pasó a mi hija el 11 de septiembre, en la madrugada del 11 de septiembre? ¿Quiénes son los involucrados?, él (en alusión a Germán Cáceres, principal sospechoso del crimen) no pudo haberlo hecho solo”, expresó Otavalo en el programa En contacto de la televisora Ecuavisa.

En el país, según colectivos de protección de derechos de las mujeres, desde el 1 de enero hasta el 3 de septiembre de 2022 se cometieron 206 femicidios. Este delito está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), según el artículo 141: “la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 23 años”.

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Mauricio Gándara, exministro de Gobierno, señaló que si se derrumba dicho edificio la Contraloría podría glosar al presidente Lasso por destruir un bien nacional en buen estado. Para el exfuncionario, el anuncio es una muestra de la indignación del Ejecutivo ante un hecho atroz, una intención de sentar un precedente relacionado con la moral, pero que va contra los intereses del Estado.

“Ni en un país rico ni en un pobre se derrumban edificios para subsanar algo en lo que no tienen la culpa los edificios. La estructura que debemos corregir es la del cobarde machismo, que es el que lleva a todos estos femicidios, no una infraestructura física, sino esta infraestructura mental del cobarde machismo”, recalcó él.

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El lunes 26, Juan Zapata, flamante ministro del Interior, mantuvo una reunión con la cúpula policial. Foto: API

Gándara expresó su desacuerdo con la división del Ministerio de Gobierno para crear la cartera del Interior, ya que con ello, según él, el primero perdió autoridad al no tener ya el comando de la Policía. Y en el manejo del segundo, añadió, se perdió la confianza al encargar el manejo a exintegrantes de la institución por buenos que sean.

“Y todo esfuerzo fracasará si es que no se recurre al poder civil, a autoridades civiles para que corrijan y enderecen lo que pueda estar mal, pero sobre todo para que la Policía esté sujeta al poder político”, expresó el exministro.

Para Alberto Molina, coronel del Ejército en servicio pasivo, decir que el edificio se demolerá, además de que es motivo de burla, es un gesto que no ayuda en nada a la crisis de inseguridad y al descrédito y falta de confianza que sufre la Policía Nacional en estos momentos.

“Al no tener operadores o asesores con criterio, experiencia y hábiles en el manejo de nuestro quehacer político, el presidente comete error tras error”, comentó él.

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En la misma línea, Molina cree que pedir al alto mando policial poner sus cargos a disposición, presentando las bajas respectivas, genera más incertidumbre en la ciudadanía y debilita más a la institución policial, puesto que se produce una baja de moral de sus miembros.

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Consideró también un error haber prescindido de Patricio Carrillo (general en servicio pasivo) como ministro del Interior y nombrar a Juan Zapata, con un grado menor, de teniente coronel, ya que en las instituciones la antigüedad y jerarquías pesan, dijo.

“Desde hace rato se le ha dicho (al mandatario) que es hora de que tenga en su entorno asesores que le ayuden a gobernar, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Los peligros a la democracia y a su gobierno están a la vista”, concluyó Molina. (I)