Una decena de balas atravesó el parabrisas del auto. En cuestión de segundos, la vida de Édison Escobar, de 45 años, se perdió en el camino a casa.

Eran casi las cinco de la tarde del 5 de enero de este año cuando los proyectiles cayeron en su humanidad. Su cuerpo quedó medio recostado sobre el asiento del copiloto y su vehículo en la mitad de la avenida 25 de Julio, a cuadras del Puerto Marítimo de Guayaquil, donde había trabajado los últimos doce años a cambio de un salario que bordeaba los mil dólares mensuales.

El reporte de los policías que estaban de turno recoge pistas de sus presuntos asesinos. “Moradores del sector manifestaron que los posibles causantes del hecho se movilizaban en un vehículo Kia Sportage, de placas PCA 9829, con varios sujetos en su interior”.

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A casi un año de su asesinato, en los registros judiciales no hay huellas de alguna investigación que hayan promovido sus familiares o la Fiscalía. No hay detenidos, menos sentencias. Édison no tenía antecedentes penales y en la Fiscalía solo consta la denuncia que puso una pariente tras su muerte, pero ahí quedó todo. En las redes sociales circula una foto de Édison dentro de un expreso de personal luciendo el uniforme de Contecon Guayaquil S. A., una de las mayores empresas portuarias del país. Por ahí se incautaron este año –hasta el 21 de noviembre– 36 toneladas de droga, es decir, el 53 % de las sustancias ilícitas decomisadas en todas las terminales portuarias, según las estadísticas de la Unidad de Investigación Antinarcóticos de la Policía Nacional.

En Contecon, Édison se desempeñaba como montacarga y operador de grúa. Manejaba contenedores, los movía de un área a otra como parte del proceso para que una carga salga con el visto bueno para su exportación, un proceso codiciado por las organizaciones narcodelictivas que pugnan por tener en sus filas a trabajadores portuarios que les garanticen que la droga no sea decomisada por la Policía y que llegue a su destino final, el mercado europeo o norteamericano.

Con ese fin, las bandas ligadas al narcotráfico los acosan con llamadas, los investigan, les proponen jugosas ganancias que van desde los cinco hasta los ochenta mil dólares, según cuentan operadores de máquinas que hablaron a este Diario bajo la condición de proteger su identidad.

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“Tengo muchos compañeros que están presos, muchos están muertos. Todos los muertos que usted ha escuchado que salían del puerto y los mataban por sicariato, todos eran compañeros míos, a todos los conocí, y algunos estaban involucrados y otros no”, dijo un trabajador que, como la mayoría, empezó como obrero y llegó a mover contenedores.

Las estadísticas demuestran que la presión del narcotráfico ha aumentado sobre los ocho puertos que hay a nivel nacional. En 2017 las incautaciones portuarias se ubicaron en 14,5 toneladas, mientras que en 2022 –hasta el 21 de noviembre– llegaron a 68,6 toneladas, un incremento del 373 %, una cifra récord de la Dirección Antidrogas.

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“El narcotráfico tiene mucho dinero y puede comprar la conciencia de muchas personas en muchas instituciones”, dice Fausto Íñiguez, exdirector de Antidrogas, al mencionar un informe de las Naciones Unidas que señala que del 2010 al 2020 creció en el 11 % el narcotráfico a nivel mundial. “Esto realmente es preocupante”.

Y no solo hay más decomisos en los puertos, también hay más detenidos. En 2017 se detuvo a 36 personas y este año –hasta el 21 de noviembre– ya van 54 detenidos en puertos. Las muertes de trabajadores portuarios también crecieron: de tres en 2017 pasaron a seis este año. Entre ellos, montacarguistas, jefes de seguridad, custodios, supervisores, guardias, analistas de garita.

Otro trabajador del puerto fue asesinado por sicarios en el sur de Guayaquil; ya van 14 víctimas en los últimos años

En total, desde 2017 hasta noviembre pasado, 25 empleados vinculados a los puertos han sido asesinados, según una revisión de este Diario. Ahí está, por ejemplo, Pedro Luis Quizhpi Bar, de 33 años, padre de dos niños. Lo mataron a la una de la tarde del 15 de septiembre de este año a la altura del puente de la vía Perimetral que conecta con el suburbio.

“Es un misterio, solo Dios y él saben lo que pasó. Él nunca tuvo confianza con nosotros. En la televisión dijeron que él iba al puerto, pero no, él estaba taxeando, la mujer lo esperaba en la casa para almorzar”, dijo una familiar a este Diario.

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Pedro Luis había sido operador portuario desde el 2010, para una empresa dedicada a “prestar servicios en el manejo de carga en cualquiera de los puertos del país”, firma que en 2014 fue disuelta por la Superintendencia de Compañías.

Javier Soria, jefe de seguridad de Contecon, fue asesinado en su auto en 2019.

Sin embargo, Pedro Luis continuó en esa actividad de manera independiente. En 2016 fue detenido en delito flagrante por tráfico de estupefacientes, pero quedó en libertad “en virtud de que el sospechoso solo fue contratado para estar presente en el momento de la revisión de antinarcóticos”. Además, porque Pedro Luis “ha prestado la debida colaboración para la investigación del delito y dar con los verdaderos autores del mismo”.

Ese mismo año, en el Operativo Avalancha, la Policía detectó 11,8 toneladas de cocaína camuflada en sacos de sal en grano que enviaba una compañía a Bélgica. Pedro Luis figuraba como delegado de la empresa que exportaba la carga a Bélgica a través de Contecon. La Fiscalía se abstuvo de acusarlo y, junto con otros tres sospechosos, fue absuelto. A cuatro directivos de la compañía se les llamó a juicio.

Dos años después, nuevamente fue detenido en una inspección portuaria en la que se decomisaron 1,2 toneladas de cocaína. “Tengo acceso al puerto haciendo inspección y en relación con lo encontrado en el contenedor no tengo culpa, desconozco que el contenedor haya estado contaminado, por cada inspección me pagan $ 100″, dijo Pedro Luis.

Hombre acribillado en la av. Ernesto Albán trabajaba en el puerto y habría sido contactado por narcos; van doce trabajadores portuarios asesinados

Tres meses después fue liberado porque el fiscal consideró que “no estuvo en los procesos de carga, procesamiento y congelación de la carga y solo participó en la inspección antinarcóticos, debidamente autorizado por una exportadora y desconocía que uno de los contenedores estaba contaminado con el alcaloide”.

Una semana antes de que lo mataran, Pedro Luis estaba raro, dijo un familiar. “Se pintó el cabello y había días que dormía aquí (con la mamá) y otros en casa de la mujer. Hay tres detenidos por su muerte, pero nadie puso denuncia, la familia no quiso porque puede que venga gente mala, fueron sicarios los que le hicieron eso”.

Entre las víctimas de atentados también hay dos mujeres que resultaron heridas, en agosto: R. Ortega y A. Jama. A las dos las atacaron en el Guasmo sur, en horas de la noche. Ninguna tenía antecedentes.

Ortega, de 34 años, trabaja en el puerto de Guayaquil como supervisora de seguridad de la empresa Liderman, mientras que Jama acompañaba a su esposo, J. Martínez, jefe de control en Contecon, donde se dedica a “colocar los sellos de salida de todos los containers”. “Estaba conversando con un amigo cuando de dos motocicletas con cuatro ocupantes, los copilotos se bajan y proceden a hacer disparos con arma de fuego”, contó Martínez.

La otra mujer herida, R. Ortega, en cambio, relató que se trasladaba en su moto a su domicilio cuando un vehículo con dos ocupantes la interceptó. “Uno de los ocupantes se baja para proceder a realizar tres disparos de arma de fuego”, explicó Ortega a los policías, quienes en su informe se quejaron de la “actitud poco colaboradora” de la víctima y de su “comportamiento hostil con el personal policial”. La madre de Ortega confesó que es la segunda vez que su hija sufre un atentado. “La primera vez fue hace dos meses”. (I)