El rostro de Nayeli Barrios Montaño, de 21 años, refleja tristeza al recordar el atentado con explosivos en la Décima entre la I y la H, sector del Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil. Durante ese ataque murió su madre, Roxana Montaño Medina, junto con otras cuatro personas y al menos una veintena de vecinos resultó con heridas.

Fue un hecho inédito, ocurrido la madrugada del 14 de agosto del 2022. Según la Policía, dos hombres en motocicleta lanzaron un saco cerca de un comedor poco antes de las 03:00 y minutos después de esa acción se produjo el estallido.

El Gobierno atribuyó el ataque al crimen organizado vinculado al narcotráfico. “Es una declaración de guerra al Estado. O nos unimos para enfrentarlo o el precio será aún más alto para la sociedad”, reaccionó el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo.

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Terror en Cristo del Consuelo: explosión de gran magnitud provoca fallecidos y casas afectadas

Poco después del hecho, el exfuncionario indicó que el ataque estaba dirigido a un morador identificado como alias Cucaracha, dueño de uno de los inmuebles que acogían fiestas clandestinas, pero la familia de este último rechazó esa afirmación y recalcó que el hombre no tiene antecedentes penales como había dicho Carrillo.

Conocida como calle 8, la zona donde se perpetró el atentado se caracterizaba por las fiestas clandestinas concurridas que acogían varias viviendas. Las celebraciones empezaban en la noche y se prolongaban hasta la mañana del siguiente día, sin mayor control.

El día del atentado Nayeli Barrios Montaño no estaba en casa, había salido y la llamaron para darle la trágica noticia de que su madre, quien tenía 37 años, había muerto.

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¿Cómo se enteró del suceso?

Me llamaron, pero me dijeron que era (atentado) por otro lado. Cuando vine ya la vi a mi mami tirada en la calle, ya estaba muerta.

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¿A partir de este hecho cómo cambió su vida?

(Los ojos se llenan de lágrimas) No tengo palabras para describir. Ahora yo mismo trabajo en las Cuatro Manzanas (mercado) vendiendo esas cosas de Navidad, pero ya mismo se acaba el trabajo (…). Hasta del colegio me salí, ya este año me graduaba.

Luego del ataque estuvieron aquí delegados de distintos ministerios. ¿Qué ayuda han recibido?

A los otros sí les dieron, pero a mí no me han dado nada. El MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) hizo levantamiento de información, pero eso quedó ahí.

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¿Cuál es su expectativa ahora en este nuevo escenario?

Ahora tengo que mantener a mi niña. Quisiera terminar el bachillerato, pero más quisiera un trabajo y poder estudiar en la noche aunque sea.

Once casas quedaron destruidas y con daños estructurales luego del ataque violento perpetrado en las calles Décima entre la I y la H, sector del Cristo del Consuelo. Foto: El Universo

Las huellas de la violencia criminal en el Cristo del Consuelo son imborrables para la joven cuya madre, quien trabajaba como empleada doméstica, era el único sustento.

También lo son para Erlinda Arroyo, que perdió el ojo derecho, en tanto que su esposo quedó ciego. Júnior Arroyo resultó con la pierna derecha mutilada el día del ataque.

Hubo, además, daños estructurales en once viviendas del sector y en dos automotores. Aunque en un principio el Municipio de Guayaquil anunció que procuraría la donación de kits de construcción para el arreglo de las casas, aquello no se cumplió, dicen vecinos.

No obstante, una familia, los Bohórquez Guerrero, sí recibió una casa en el plan habitacional municipal Valle Esperanza, en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste.

Durante varios días, el cabildo dispuso brigadas en el sitio para brindar asistencia médica, psicológica y de otra índole.

Por gestión de un candidato a la Alcaldía de Guayaquil los vecinos recibieron materiales donados y con ello pudieron reparar las casas, una labor que terminó recién a mediados de diciembre.

Si bien el inmueble en el que vive Nayeli Barrios con su hija de 3 años y su abuela es parte de las estructuras que se mejoraron, ella dice que la vida no volverá a ser la misma.

Abandonó sus estudios para trabajar en el mercado de Artículos Varios, más conocido como de las Cuatro Manzanas, como vendedora de productos navideños.

A su hija la deja en una guardería, puesto que su abuela, Mónica Medina, no está en condiciones de apoyarla con el cuidado de la menor. Paga $ 10 mensuales de 08:00 a 16:00, pero como ella trabaja hasta las 21:00 una familiar se encarga de recoger a la pequeña y tenerla hasta esa hora.

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ejecutó un plan de contingencia y apoyo a las familias afectadas en el Cristo del Consuelo, que se inició con el levantamiento de información y apoyo psicológico.

Los perjudicados recibieron un pago único de $ 265,33, equivalentes al 50 % de la canasta familiar vital vigente a la fecha, pero en el sector hay quienes dicen no haber sido beneficiados.

Poco menos después de tres meses del atentado en la conocida calle 8 se desataron nuevos ataques con bombas en Guayaquil y en otras localidades del país, situación que llevó al Ejecutivo a declarar estado de excepción en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, el 1 de noviembre, por un lapso de 45 días. Nunca antes la ciudad se había visto sumergida en un ataque en serie, que causó zozobra ese día.

Un coche bomba estalló en la zona de buses urbanos de la terminal terrestre satélite de Pascuales, en un atentado sin precedentes a un espacio con concurrencia de personas. Foto: El Universo

La situación surgió luego del anuncio del cambio de presos de la Penitenciaría del Litoral hacia otros reclusorios. Ocho policías fueron asesinados y una veintena resultó con heridas durante jornadas violentas que se iniciaron la madrugada del 1 de noviembre y se mantuvieron por varios días.

Hasta las 06:00 del primer día de noviembre en la urbe porteña se registró una decena de ataques. Entre ellos, el asesinato de los cabos Eduardo Contreras y Estalyn Chunata cuando estaban en un patrullero en las calles 17 y Cuenca, suroeste de Guayaquil.

Un coche bomba estalló en la zona de buses urbanos de la terminal terrestre satélite de Pascuales, en un atentado sin precedentes a un espacio con concurrencia de personas. Aunque no hubo ni heridos ni víctimas mortales, la operación de dicha estación se suspendió por algunas horas.

Gasolineras ubicadas en la vía Perimetral también fueron atacadas por los criminales, pero el principal blanco de los atentados con explosivos y balazos fueron las unidades de Policía Comunitaria (UPC).

A manera de estrategia, algunas de esas sedes se cerraron y los uniformados del circuito ocupaban otras en las que se instalaron barricadas y se implementaron otras medidas de protección.

En los distritos más conflictivos de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) como Nueva Prosperina, Pascuales, Los Esteros y Durán se entregaron 200 armas largas (carabinas y fusiles 2,23) a los policías para el control del eje preventivo.

En dichas jurisdicciones el número de uniformados por patrullero debió aumentarse. Antes salían dos agentes en cada unidad, pero tras los atentados cuatro policías van en cada patrullero acompañados de motos para evitar ser emboscados.

Después de Guayas, Esmeraldas fue la segunda provincia que sufrió las consecuencias de la violencia criminal. Hubo incidentes en la cárcel; trascendió que agentes penitenciarios habrían sido tomados como rehenes.

En diferentes sectores de la ciudad de Esmeraldas hubo explosión de carros bomba y de otros artefactos. Y ese escenario se repitió progresivamente durante varios días en distintas provincias del país.

El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló en su momento que los ataques se dieron como respuesta a una planificación que tenía el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) con la reubicación de presos en la cárcel de Guayaquil.

Panfletos atribuidos a bandas delictivas advertían de los ataques si se trasladaba a internos de la Penitenciaría. Los atentados estarían relacionados con los grupos delictivos Los Lobos y Los Tiguerones, según volantes que se regaron en el Puerto Principal.

Policías en el interior de la Penitenciaría del Litoral durante un operativo para cumplir con la reorganización de dicho centro carcelario. Foto: SNAI

A pesar de la violencia desatada, el Gobierno se mantuvo firme en el traslado de los privados de libertad dentro de un proceso de reorganización. Unos 2.500 internos de la Penitenciaría del Litoral fueron trasladados entre el Centro de Privación Zonal 8 (Regional) y la cárcel El Rodeo, en Portoviejo, Manabí.

“Lo que queremos es el control de cárceles, pero sobre todo limpiar cosas indebidas que estén ahí”, refirió el 9 de noviembre el ministro Juan Zapata en una entrevista con este Diario.

¿Qué resultados dejó el estado de excepción?

Al finalizar el régimen dispuesto, el ministro Zapata indicó que durante el estado de excepción en las tres provincias se detuvo a 158 personas relacionadas con las organizaciones delictivas que operan desde las cárceles, las que habrían ejecutado los atentados para evitar el traslado de sus líderes a La Roca, la cárcel de máxima seguridad donde ahora están incomunicados.

Las muertes violentas se redujeron 1 % en la Zona 8 durante el estado de excepción

Entre los aprehendidos constan integrantes de bandas como Los Tiguerones, Latin Kings, Águilas, Lobos, Chone Killer, Lagartos, Los Choneros. Del total de detenidos, hasta la quincena de diciembre hubo 113 personas con prisión preventiva, 40 con medidas alternativas y 5 quedaron en libertad.

Un efecto diferente trajo consigo el estado de excepción en las tres provincias en que se dispuso. En la Zona 8 de Guayas, por ejemplo, las muertes violentas se redujeron un 1 % (203 crímenes hubo desde el 1 de noviembre al 14 de diciembre frente a los 205 de antes de la medida).

En Esmeraldas se redujeron en un 27 % los homicidios intencionales (de 73 casos bajaron a 53), mientras que en Santo Domingo la reducción de asesinatos fue del 50 % (de 29 se pasó a 14).

¿Qué acciones se esperan para contrarrestar la delincuencia en el 2023?

Carlos Sevillano Páez, experto en seguridad nacional y ciencias políticas, considera que si bien el estado de excepción dejó resultados favorables en la contención de delitos, esto es solo algo temporal por lo que se requieren acciones orientadas a fortalecer el sistema de la administración, por ejemplo.

“La justicia del país debe tener jueces sin rostro que permitan juzgar, condenar y encarcelar a los delincuentes; en caso de los extranjeros expulsarlos del territorio ecuatoriano sin derecho al retorno. Se deben asignar mejores recursos tecnológicos y financieros que permitan la optimización de los recursos humanos y, sobre todo, el acompañamiento y apoyo integral del Gobierno central hacia los jueces durante y después de dictaminar sentencias a los delincuentes”, enfatiza.

Cree que las leyes deben realmente penalizar, encarcelar y castigar al delincuente para no desechar los recursos integrales y el trabajo investigativo y operativo de las fuerzas del orden. “El principio de la aplicación de la ley a los delincuentes debe ser ‘tus derechos terminan, cuando infringes los míos’”, recalca.

Por último, Sevillano menciona que para evitar que las organizaciones delictivas recluten a adolescentes y jóvenes para convertirlos en sicarios o microtraficantes, es necesario implementar a nivel nacional la educación técnico-profesional no mayor a nueve meses. Esto, añade, tendrá un impacto principalmente en los sectores desfavorecidos. (I)