Parte de las extorsiones desde celulares saldrían de las cárceles de Latacunga y Santo Domingo

Ariel recibió una videollamada a su celular de un número desconocido. Cuando contestó se veía una pared blanca, pero ninguna persona. La comunicación se cortó a los cinco segundos aproximadamente. Después de una hora recibió un mensaje con la foto de él y un texto que decía: “Cuidado con este pedófilo: intenta violar niños. Difundan”.

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En ese momento, Ariel escribió que de qué tipo de broma se trataba, que no conocía ese número y que se identificara. Luego le escribió una mujer, quien le dijo que ofrecía servicio de citas privadas y que, si no contrataba sus servicios, le enviaría a toda la familia y publicaría en redes sociales su foto editada con aquel mensaje.

Ante la desesperación, Ariel le dijo que por favor llegaran a un acuerdo; entonces, le solicitaron el primer depósito, de $ 25. Semanas después le volvieron a solicitar un pago, esta vez de $ 40, al que también accedió.

Finalmente, en una tercera ocasión, le pidieron $ 100. Entonces decidió acudir a Fiscalía para ingresar la respectiva denuncia.

Con esto, le pidieron que bloqueara todos los números de los que le escribieron, y le explicaron que la mayoría de estos casos se hace con chips (líneas telefónicas) que botan diariamente, y que por lo general son privados de la libertad quienes emiten estas amenazas.

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Así lo confirmó Jairo Barrera, jefe de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), quien señaló que desde el 1 de enero hasta el 26 de septiembre de 2022 tienen 724 denuncias que han sido realizadas por extorsión con líneas telefónicas.

Según Barrera, los extorsionadores se identifican por pertenecer a una de las organizaciones delictivas conocidas, como Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos, Chone Killer, entre otras.

Las llamadas extorsivas y otras amenazantes tienen la finalidad de que la víctima entregue cierta cantidad de dinero por darle seguridad y, a cambio, no atentar contra su vida o la de sus familiares.

Del total de denuncias ingresadas, Barrera puntualizó que únicamente en diez casos se ha confirmado que sí entregaron dinero; las demás fueron informadas a tiempo, se bloquearon los números y no se siguió con la extorsión.

Además, señaló que ninguna de estas amenazas se ha consumado, es decir, no se perdió la vida de ninguna víctima.

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Otra de las características señaladas es que los delincuentes llaman de números de teléfono de Colombia y Perú, en su mayoría. También suelen enviar sus textos o audios por la aplicación WhatsApp.

Uno de los datos más relevantes que han identificado, según Barrera, es que la mayoría de las líneas telefónicas que realizan estos actos se ubicarían en las cárceles de Latacunga y de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En este lugar emitirían las llamadas para después trabajar con gente de fuera de las cárceles para amedrentar a las víctimas, o mediante el préstamo de cuentas de banco para que se realicen los depósitos y envíen fotos de constancia. Sin embargo, se desconoce cómo ingresan tantos chips de telefonía celular, así como armas y droga. (I)