‘El gran problema que tenemos en este momento en Ecuador es que la frontera penitenciaria se extendió a los barrios populares’, sostiene Jorge Núñez, antropólogo y cofundador del centro Kaleidos

El antropólogo Jorge Núñez se ha dedicado las dos últimas décadas a trabajar e investigar el sistema penitenciario de Ecuador. Empezó en el antiguo penal García Moreno, en 2004, donde realizó una etnografía que le permitió explorar los hábitos, costumbres y códigos de convivencia de los internos. Es autor de libros. Colaboró en la elaboración de la película El Comité, que retrató un motín carcelario de 2004.

Fue el director del rescate del archivo histórico del antiguo penal García Moreno, un proceso que consistió en digitalizar todos los documentos de los 139 años de historia de la cárcel. Ha trabajo en la Penitenciaría del Litoral, en la cárcel de Esmeraldas.

Fue profesor de la Escuela de Estado Mayor de la Policía. Ha entrevistado a agentes vinculados con inteligencia policial, criminalística, y a altos mandos que trabajaban con generales.

Es cofundador del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Kaleidos de la Universidad de Cuenca, que en octubre de 2021 publicó el Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador. Actualmente es académico invitado en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey (EE. UU.).

Con toda la experiencia adquirida en casi veinte años, Jorge Núñez concluye que la crisis carcelaria del país es un problema que se arrastra por tres gobiernos: los de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. La dirección con la que se ha manejado al sistema penitenciario es la incorrecta, apunta.

¿Cuál es la génesis que ha derivado en la situación actual del sistema penitenciario?

La génesis del problema es que el Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador se convierte en el gobierno de Lenín Moreno en un servicio más de la Policía Nacional. Se le encarga a la Policía el control de las cárceles. Cuando se eligió a un general (para dirigir el SNAI), la mayor parte de directivos (de las cárceles) eran expolicías. De hecho, el Sistema de Rehabilitación Social, antes de que la Policía se encargue, era básicamente el lugar donde todos los expolicías tenían trabajo. Pero eso salió de los expolicías y pasó a los policías del servicio activo, en 2019. Hubo mucha resistencia, sobre todo a nivel de coroneles, en un inicio. Pero eso fue cambiando, porque la Policía también se ha dado cuenta de que las cárceles son una fuente de poder político y también de financiamiento. Hay mucho dinero que se transfiere a las cárceles, sobre todo con los decretos de emergencia. El problema que ahora tenemos, la génesis es haber entregado a la Policía el control penitenciario.

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¿Esto se puede atribuir exclusivamente al gobierno de Lenín Moreno? En el diagnóstico que hizo Kaleidos se menciona como un punto de inflexión a la reforma del sistema penitenciario en 2014.

La reforma tiene varios problemas, pero que no están relacionados con la extrema violencia. La reforma tiene problemas de que desmovilizó a los comités de internos, desmanteló los mercados de economía precaria que había en el interior (de las cárceles). Aisló completamente a los internos, sacó las cárceles de las ciudades y, básicamente, creó unas condiciones específicas. Pero la responsabilidad del incremento (de la violencia), porque incluso cuando uno ve las cifras (de incautación de drogas) empiezan a subir, es precisamente después de que el Ministerio de Justicia se cierra. Y eso tiene que ver con que en 2015 la Policía Nacional crea la Unidad de Inteligencia Penitenciaria. Esa unidad se llamó al principio Unidad del Ultramundo, fue creada por un coronel, que fue mi alumno, y en un principio esa unidad lo que hacía era tratar de conseguir información sobre qué estaba pasando en las cárceles, pero también conseguir información sobre lo que ellos llamaban el ‘ultramundo’, que hacía referencia a los mercados de cocaína.

Se crea un sistema de reclutamiento de fuentes dentro de las cárceles. Eso pasa en 2015, un año después de la reforma, porque, además, había una presión muy grande en ese tiempo sobre las métricas (de incautación de droga). La Policía empezó a tener mejores métricas de incautación de cocaína porque tenía información. Esto con el tiempo va creciendo y crea una paradoja. La paradoja es que se tienen bandas prisioneras que deben destruir el mercado de cocaína del que viven, y en el que mantienen su negocio, para poder ganar poder dentro de cárceles; la Policía, para poder combatir el narco y mejorar sus métricas, debe tolerar el clima. Ese modelo de inteligencia es uno de los factores importantes, no el único, de la violencia que vivimos.

Otro factor es el fragmento en las redes de corrupción. El poder que adquirían en cárceles grandes, mientras más grande es la cárcel, más plata tiene. Lo que debemos de entender es que las cárceles producen mucho dinero a partir de la explotación de los propios internos.

La Unidad (del Ultramundo) empezó básicamente con seis personas. En 2017 es cuando ya es una unidad grande con 60 personas, casas de confianza y también empieza a ser la que decide cuáles van a ser los traslados (de internos). Este mecanismo del traslado servía para controlar la violencia en las cárceles, antes de la reforma. Después de la reforma, y esto tiene que ver con la administración y gestión penitenciaria, para 2017 se convirtió en la forma en que se producía inteligencia policial, porque las fuentes humanas en el Ecuador son los jefes líderes de bandas, son los caporales de las bandas.

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¿Se podría decir que la Unidad del Ultramundo fue descontrolándose?

Esto empieza como un proyecto piloto, en el cual se necesitaba tener inteligencia penitenciaria, porque se sabía que en las cárceles grandes se estaba organizando gente. Estamos hablando de la época de alias Cubano (William Poveda), también de la época en la que el Ecuador empezó a meter presos a personas que tienen cierta relevancia en la economía de las drogas, a ciertos capos.

Parte de ese proyecto pequeño también fue empezar a producir inteligencia sobre la criminalidad. Lo que no se tomó en cuenta es que la inteligencia policial se iba a convertir en un actor determinante de las dinámicas de la oferta y la demanda de los mercados de cocaína. Esto empieza a crecer, pero empiezan también a crecer las demandas de los distintos servicios. Se empieza a recurrir a la cárcel como el lugar donde usted encuentra toda la información; por ejemplo, hubo un asesinato, vamos a preguntar a las fuentes de las cárceles.

No tomaron en cuenta que estaban rompiendo el código prisionero que existe, que es no colaborar con la ley. Más que no haber previsto, la Policía nunca, me parece, imaginó que iba a haber tantos daños y que iba a ser un factor de generación de violencia. En este momento, el problema que tienen es que no encuentran otra forma de solucionar el problema, que no sea a través de traslados o a través de tratar de establecer determinados tipos de procesos de paz. Es una de las cosas muy graves que pasó con la Comisión de Pacificación, por ejemplo.

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¿Qué implica sacar a la Policía de las cárceles?

Lo que estoy hablando es literalmente sacar a la Policía de la gestión y administración de las cárceles e impedir que se haga cualquier trabajo de inteligencia policial, que no está encaminado a la inteligencia penitencial; es decir, no está encaminado a evitar peleas dentro, riñas dentro. La Policía no puede producir ningún otro tipo de información. Lo primero que hay que cortar es la voz que tienen las bandas penitenciarias en este momento. El gran problema que tenemos con la rehabilitación es que quien controla el relato, quien controla la narrativa de lo que está pasando dentro de las cárceles no es ni siquiera la Policía, son las bandas prisioneras, porque la Policía básicamente repite las teorías de las bandas prisioneras. Es simplemente información de fuente no corroborada, necesariamente. A cambio de esa información los grupos y estas bandas prisioneras piden cosas, privilegios.

¿Quizás por ahí estaría la respuesta a la pregunta muy recurrente de por qué seguimos viendo armas, fusiles, dentro de las cárceles?

El gran problema que tenemos en este momento en Ecuador es que la frontera penitenciaria se extendió a los barrios populares primero, pero cada vez está más hacia la ciudad. Cada vez lo que vemos es que ciudades enteras empiezan a administrar como si fuesen penitenciarías y se empiezan a tratar así. No quiero decir que no hay que hacer inteligencia policial, es algo que se requiere institucionalmente para hacer determinadas intervenciones en economías criminales, pero necesitamos transparentar, fiscalizar y regular. Lo que no puede pasar es que en este momento toda narrativa gubernamental proviene de lo que se llama inteligencia policial.

¿Cómo debería ser la administración y gestión de las prisiones, quién debería estar a cargo?

Creo que debemos volver a un modelo parecido al inicial Ministerio de Justicia. Estoy hablando de cuando se discutió la reforma en 2008-2009. En este modelo una de las cosas que escribió el equipo del ministerio es que no se deben construir más cárceles, eso está en informes. Lo primero que les dijimos fue que no pueden construir más cárceles grandes, son demasiado caras, no van a poder sostenerlas. Y, además, van a romper todas las dinámicas que controlan la violencia, es un riesgo. Se lo dijimos a ciertos funcionarios, ellos lo pasaron, pero la decisión a nivel político alto fue ‘construyamos más cárceles’. Aquí es donde ya tenemos que hablar de corrupción; una cosa es la corrupción pequeña dentro de la cárcel que usted tiene que pagar 50 centavos para ir al policlínico, y otra cosa es la construcción de una megacárcel en Cotopaxi, los montos son diferentes.

En materia de cárceles, el régimen del presidente (Rafael) Correa lo hizo mal, la reforma tuvo problemas. El régimen de (Lenín) Moreno lo hizo muchísimo peor, tal vez sea el peor de los tres. Pero yo creo que este gobierno (de Guillermo Lasso), al crear el Ministerio del Interior, hizo lo más grave y es decirle a la Policía ‘ustedes encárguense de todo el tema de seguridad’.

Pero es que piense, tiene un exgeneral de ministro del Interior, tiene un comandante a cargo de 53.000 personas trabajando como policías. Se tiene a un general de la Policía manejando todo el SNAI, a un exgeneral en el servicio de ciencia y medicina forense. Es decir, nada del conocimiento sobre violencia que tenemos en el país tiene ningún control civil, no hay, todas son personas de uniforme.

¿Qué opina de las medidas anunciadas por el actual Gobierno sobre realizar un censo penitenciario, incrementar la fuerza pública e invertir en tecnología y equipamiento?

El censo penitenciario se lo dijimos al actual director (del SNAI), es un despropósito, es movilizar recursos y desperdiciarlos innecesariamente. Un censo es una fotografía de ese momento, las cárceles cambian día a día, el flujo de entrada y de salida es diferente. No se gana nada tomando una foto, se necesita reconstituir el Sistema de Gestión Penitenciaria de datos.

Cuando a nosotros (Kaleidos) nos entregó el SNAI la base de datos de toda la gente que estaba en las cárceles, había mucha gente repetida, gente que había muerto. Por ejemplo, estaba el señor alias Rasquiña (Jorge Luis Zambrano, líder de Los Choneros) como si estuviese preso todavía, cuando ya había sido asesinado y afuera. Lo que tienen es una serie de Excel de cada cárcel que cada vez que hay un problema se les pide. El sistema biométrico de las cárceles no funciona casi en ninguna. Cuando pasó la masacre de Turi, Criminalística no pudo usar la base de datos biométrica de la Policía, tuvo que irse a una vieja base de datos y luego usar las fotografías y los videos producidos por los internos; después de eso, además, les tocó pedir a los familiares que ayuden a identificar a los asesinados.

No estamos invirtiendo la plata donde necesitamos, como reconstituir el sistema (de datos). Comprar más cámaras no va a solucionar el problema. El problema no es tecnológico. Comprar un escáner, repotenciar un escáner, tampoco es una solución.

Lo que debemos saber es cuáles son los problemas que tiene la gente que está viviendo tras las rejas. Y es que los mantiene su familia, y es que es muy caro estar ahí (en prisión). Cosas tan sencillas como destinar un sistema de transporte desde el Malecón hasta la Penitenciaría de Litoral, para aliviar el gasto que tienen en las familias en visitar a las personas, no se hace, se hace lo opuesto.

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¿Qué se debe hacer? En el informe de Kaleidos se sugiere bajar la población carcelaria y flexibilizar el sistema de visitas.

Debemos abrir las cárceles, y no solo a las visitas, sino a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, pero también a organizaciones de artistas. La cárcel era muy abierta antes. Yo le digo esto porque yo trabajo con gente que está presa ahora en Perú, en México, en Centroamérica y la cárcel ecuatoriana era bastante pacífica precisamente porque era bastante abierta. Era una cárcel muy pobre, tal vez la más pobre, pero no había violencia.

El problema de cárceles cerradas es que no sabemos lo que está pasando, más allá de los videos que comparten los propios internos pidiendo auxilio para que no los asesinen.

Creo que estamos en la dirección incorrecta. No solo es un problema de que las medidas que están tomando están mal, sino el concepto desde donde se están tomando esas medidas es el equivocado. Lo que debemos es redireccionar la política y entender que el actor de prevención de la violencia más importante dentro de cárceles son sus familias, pero usted ve que esas son a las que menos escucha.

Es un problema que se arrastra por tres gobiernos. Eso es lo que debemos de entender. Y la dirección es la incorrecta por tres gobiernos. (I)