‘La falta de oportunidades favorece las condiciones para el crimen organizado’, dice Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de HRW

La sobrepoblación y la falta de control estatal en las cárceles han permitido a las pandillas reclutar nuevos miembros y asesinar a más de 400 personas detenidas desde 2021, sostuvo el informe 2023 que fue presentado por Human Rights Watch (HRW) sobre la situación penitenciaria en Ecuador.

El documento que hace referencia a la situación de los derechos humanos fue presentado a nivel mundial y se refieren a pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad y degradación ambiental.

Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de HRW, en una entrevista con este Diario, dio detalles acerca del estado de las cárceles en el país, las sugerencias que han dado para cambiar esa realidad y qué falencias aún existen.

Pappier ha realizado investigaciones y hecho informes sobre abusos relacionados con conflictos armados, represión contra manifestantes y ataque contra el Estado de derecho, entre otros temas.

Ustedes han presentado un informe mundial 2023, ¿cómo fue la recolección de la información?

Este es un informe global que hacemos sobre más de 100 países en todo el mundo, incluyendo 15 países de América Latina, que es resultado de nuestro monitoreo constante de la situación de derechos humanos en estos países, que es resultado de entrevistas con víctimas de violaciones de derechos humanos, de testigos de violaciones de derechos humanos, pero también de reuniones con el Gobierno, de reuniones con especialistas, reuniones con otras organizaciones de derechos humanos, es decir, entrevistamos a un amplio conjunto de personas, solicitamos información a las autoridades también para poder tener la película más detallada posible sobre lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, en este caso en el Ecuador.

En el caso de Ecuador ustedes se refieren a la crisis carcelaria, ¿a qué conclusiones llegaron?

La crisis carcelaria es uno de los temas que más nos preocupa en derechos humanos en Ecuador, porque ya lleva más de 400 muertos en las masacres que han ocurrido en 2022 y 2021.

Y esa crisis es resultado, esas masacres son reflejo de problemas graves que hay en las cárceles ecuatorianas que tienen que ver con hacinamiento, con falta de control estatal sobre lo que ocurre en las cárceles, y con falta de provisión de servicios y de derechos básicos para los detenidos, por ejemplo, algunos detenidos no tienen acceso a colchones o no tienen acceso a medicamentos, tienen que solicitarle esos bienes a los grupos criminales y eso lleva a que los grupos criminales luego los puedan reclutar y que formen parte de sus filas personas que quizá están detenidas por delitos menores.

Nosotros hemos tenido varias reuniones con el Gobierno para impulsar reformas en materia carcelaria para bajar el hacinamiento, para recuperar el control de la población.

Creo que se han tomado algunas medidas, por ejemplo, se ha bajado el hacinamiento, pero hay que hacer mucho más para mejorar las condiciones de las cárceles hoy en día.

La falta de control estatal en las cárceles ha permitido a las bandas reclutar nuevos miembros, advierte informe de Human Rights Watch

Según el informe, ustedes también se refieren a que una de las causas del hacinamiento sería el uso excesivo de la prisión preventiva, las duras políticas contra las drogas y retrasos en la concesión de beneficios penitenciarios. ¿De qué manera hacer esos cambios podría ayudar a mejorar la situación de las cárceles en Ecuador?

Lo que ocurre hoy en las cárceles en Ecuador es que están hacinadas, y hay personas que están presas que no deberían estar presas.

No deberían estar presas, por ejemplo, porque son personas que no han sido enjuiciadas, que están en prisión preventiva, pero que no se cumple con las exigencias de los estándares internacionales sobre prisión preventiva o con los lineamientos que han aceptado los tribunales ecuatorianos en la materia, es decir, la prisión preventiva tiene que ser una medida de último recurso cuando parece que un imputado va a intentar destruir las pruebas de su caso o se va a fugar de la justicia.

Lo mismo ocurre con personas que podrían recibir los beneficios que establece la ley ecuatoriana, por ejemplo, porque ha tenido buen comportamiento y ha cumplido parte de su pena, pero debido a demoras en el proceso para otorgar esos beneficios, estas personas no son liberadas.

Y también vemos un problema grave en materia de política de drogas, una parte importante de los detenidos en Ecuador están presos por delitos vinculados con la tenencia de drogas, lo cual es una mala política en materia de derechos humanos.

Es una política que ha mostrado, en todo el mundo, ser fracasada para evitar el problema de salud, que es esencialmente el consumo de drogas y por eso proponemos reformas en ese tema.

¿Qué reformas?

Reformas para evitar que se penalice la tenencia de drogas de forma directa o a través de figuras, digamos de microtráfico que, a veces, se utilizan de forma abusiva para penalizar la tenencia.

Las políticas de lucha contra las drogas tienen, digamos, hay que buscar nuevas políticas que no ataquen a la cadena más débil que son los consumidores o que son quizá personas vulnerables que terminan forzadamente involucradas en el negocio de las drogas, sino tener políticas más serias de buscar a los cabecillas de esos grupos criminales que fomentan el narcotráfico y hacerlo desde una perspectiva también para las personas adictas de salud pública para proteger sus derechos.

‘La lucha de nosotros sigue en pie’: integrantes de movimientos, líderes barriales, maestros y familiares de reos asesinados en cárceles se unieron a encuentro por los derechos humanos

¿Pero quizá el problema de fondo también está en atacar los problemas sociales?

Por supuesto. Otro problema crucial que favorece las condiciones para el crimen organizado en el Ecuador es la falta de oportunidades, hay pobreza, que hace mucho más fácil para estos grupos de narcotráfico, grupos de crimen organizado, poder reclutar a estas personas vulnerables, a estos jóvenes que no tienen oportunidades.

Uno de los pasos que ha dado en estos últimos meses el Gobierno es hacer un censo penitenciario y también incorporar a agentes para el control en las cárceles. ¿Cómo miran esto?

Son pasos positivos. Nosotros creemos que el censo penitenciario es necesario porque la situación en la que estaba Ecuador era una situación grave, porque no había información detallada, concreta, creíble sobre quienes eran las personas que estaban presas en las cárceles, y también es bueno que se hayan incorporado guardias penitenciarios.

El problema es que hacen falta muchos más guardias penitenciarios, según nuestras estimaciones, hacen falta cerca de 6.000 guardias penitenciarios más en Ecuador para lograr tener la cantidad suficiente para controlar la población carcelaria.

¿De qué manera ustedes podrían apoyar, si lo hacen quizá con asesoría legal, técnica o con fondos para continuar en el proceso de cambio, porque es algo que no va a suceder de la noche a la mañana?

Nuestro objetivo es dar las recomendaciones al Gobierno y lo hacemos en Ecuador y en los demás países del mundo en los que trabajamos para que, sobre la base de nuestro diagnóstico y de sus obligaciones, puedan ir progresivamente solucionando estos problemas.

Hemos tenido reuniones con el Gobierno para proponerles distintas opciones y darles nuestras recomendaciones sobre cómo creemos que se pueden ir haciendo reformas legales, reformas de política pública que vayan enfrentando este problema.

Censo penitenciario culmina con 31.319 reos registrados en 36 centros

¿No hay un apoyo económico, algún programa?

No. Nuestro mandato no es, por ejemplo, a diferencia de Naciones Unidas, que sí da esos apoyos económicos o técnicos.

Nuestro mandato es de monitoreo y de dar recomendaciones concretas para que se puedan llevar adelante las reformas, pero nosotros no trabajamos en temas de apoyo económico para los gobiernos.

Con entrenamiento en ‘jiu-jitsu’, defensa personal y karate, los nuevos guías penitenciarios se gradúan y van a 36 centros carcelarios

¿Alguna recomendación en cuanto a la infraestructura de los centros carcelarios?

Creo que es un tema importante. Hay algo que es escandaloso en Ecuador y es que se han perdido los mapas de varias de las cárceles del país.

Hay un esfuerzo importante que hay que hacer en ese sentido para recuperar los mapas y para revisar cuál es la infraestructura que es necesaria para albergar a la población, para que tengan sus derechos básicos garantizados y también para que se pueda garantizar el control efectivo de los detenidos.

¿Este documento que ha sido presentado fue ya enviado a las autoridades ecuatorianas o lo harán próximamente?

Estamos en comunicación constante con las autoridades ecuatorianas, por supuesto, en los próximos días les vamos a enviar el documento para que lo tengan y también hemos tenido varias reuniones para discutir varios de los temas que están en el informe como el tema carcelario, el tema de las protestas que ocurrieron a mediados de año, tenemos una buena relación con el Gobierno ecuatoriano. (I)