Estado de excepción en Ecuador: 50.935 operativos en los que se detuvo a 1.131 personas

Un total de 1.131 personas han sido detenidas en Ecuador desde el pasado 30 de abril, cuando entró en vigor el estado de excepción decretado para las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí por los altos índices de violencia, informó este sábado la Presidencia.

En un video, informó sobre los resultados de las acciones desplegadas entre el 30 de abril y el 13 de mayo, en el marco del llamado “Plan rescate”.

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Se realizaron 50.935 operativos en los que se detuvo a 1.131 personas, señaló sin especificar las razones de las detenciones.

Asimismo, apuntó que entre los resultados de los operativos se contabilizaron 160 vehículos y motocicletas recuperados, así como el decomiso de 143 armas de fuego.

El pasado 29 de abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en las mencionadas tres provincias de la costa del país para combatir la delincuencia organizada, lo que incluye el toque de queda nocturno en tres poblaciones.

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El Gobierno de Ecuador informó, además, que destinó una partida de 11,5 millones de dólares para reforzar la seguridad en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).

Estas decisiones se enmarcaron en la creciente violencia que se vive en el litoral ecuatoriano protagonizada por bandas criminales organizadas enfocadas principalmente en el narcotráfico y algunas con vínculos con carteles de la droga de México y Colombia, según apuntan las autoridades ecuatorianas.

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Escenas como la aparición de personas decapitadas o los asesinatos de sicarios se han vuelto cada vez más frecuentes en las provincias costeras, principalmente alrededor de Guayaquil, capital de Guayas, cuyo puerto es utilizado de trampolín para la cocaína producida en Colombia, Perú y, en menor medida, también en Ecuador.

Este fenómeno también tiene un sanguinario capítulo en la crisis carcelaria de Ecuador, donde casi 400 presos han muerto en los dos últimos años en distintos enfrentamientos entre este tipo de bandas rivales que se disputan el control interno de las prisiones. (I)