Los ojos de Gonzalo Jaramillo se llenan de lágrimas y la voz se le quiebra cuando recuerda a su hijo Santiago. Por ratos le invaden la impotencia, la desazón, pero bajo ningún motivo, dice, abandonará la lucha legal que emprendió hace dos años y cinco meses en busca de justicia para su unigénito que murió a los 33 años al ser arrollado por una camioneta.

El hecho ocurrió a las 23:30 del 17 de agosto de 2020. Santiago, quien gustaba del ciclismo, iba pedaleando junto con su amigo Marco Caizapanta por la avenida Samborondón cuando a la altura del ingreso a la isla Mocolí el conductor del vehículo los embistió.

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Luego del suceso, el conductor se retiró del sitio en el carro. Santiago murió en el lugar del siniestro, mientras que su compañero quedó malherido, pero sobrevivió luego de permanecer hospitalizado.

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Luego del siniestro, amigos y familiares participaron de la colocación de una bicicleta pegada a un poste de alumbrado público en homenaje a Santiago Jaramillo. Archivo. Foto: El Universo

A más del dolor de haber perdido a su hijo, Gonzalo lleva la cruz de un dilatado proceso judicial. Y recientemente, el miércoles 11 de enero, fecha en la que se esperaba conocer el dictamen final de la audiencia de juzgamiento del inculpado, Christian A. G., recibió una noticia desalentadora en su afán de justicia.

El juzgado multicompetente de Samborondón, donde se lleva la causa, tiene un nuevo titular: Carlos López Vulgarín, quien al no haber llevado el proceso suspendió la audiencia para empaparse del asunto.

Y seis días después, según consta en el sistema judicial, el juez resolvió declarar la nulidad de lo actuado a partir de la convocatoria a la audiencia de juzgamiento. Esto implica, entre otras cosas, la comparecencia por segunda vez de testigos y peritos que ya se había cumplido al menos en seis sesiones.

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El fiscal que acusa en este caso deberá coordinar con todos quienes deben comparecer en la audiencia de juzgamiento.

“Ya cumplimos 29 meses desde que falleció mi hijo. El proceso se han pasado, luego de las investigaciones que hizo la Fiscalía, han pasado tres jueces. El 11 de enero llegó el último juez, el tercer juez, que va a tomar a cargo la investigación de Santiago. Prácticamente con la segunda jueza nosotros habíamos terminado todo el proceso de audiencia de los testigos y los peritos, pero ahora este tercer juez nos dice que él no ha escuchado nada y que tienen que volverse a hacer los testimonios (...). Estamos volviendo otra vez a cero en este caso”, refiere Gonzalo Jaramillo.

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Y agrega que al menos deben comparecer una decena de personas entre testigos y peritos. Las dilatorias del proceso lo golpean, sí, pero no merman su esperanza de encontrar justicia, ya que “cuando haya justicia habrá paz”.

“No pienso dejar esto (el caso) hasta que se haga justicia con mi hijo. No busco venganza, no. Yo lo que busco es justicia, cuando haya justicia va a haber paz”, recalca el hombre que aún mantiene las cosas de Santiago intactas en la casa donde vivían ambos, en una urbanización de la parroquia La Aurora, jurisdicción de Daule.

Santiago Jaramillo era un ciclista conocido en Samborondón y en Guayaquil por rescatar a los animales que encontraba en su camino. Su padre lo recuerda como un joven responsable y amante de la actividad deportiva; jugaba básquet, fútbol y le gustaba tocar guitarra.

“Una virtud que tenía: nunca le gustaba tomar (licor)”, menciona Gonzalo, su progenitor jubilado que semanalmente lo visita en el camposanto donde el ciclista fue sepultado.

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Al inicio del proceso legal, el fiscal del caso, Reinaldo Cevallos, decía que era probable que el conductor de la camioneta hubiese ingerido alcohol antes del accidente, pero aquello no se pudo comprobar porque no fue detenido en flagrancia (en las primeras 24 horas del delito) pues se fue del sitio.

Inicialmente, incluso se desconocía quién era el causante del suceso. No obstante, después por videos y fotos se dio con el implicado que ese día manejaba la camioneta de su mamá, a la cual ya le habían cambiado el capó que evidenciaba el accidente, según consta en el expediente judicial.

Christian A. G., el procesado de este caso, es un joven de 22 años que, según oficio de Migración citado en el sistema de la Judicatura, salió del país el 20 de agosto del 2020 y retornó el 21 de septiembre de ese mismo año.

El 26 de febrero del 2021, en la audiencia de formulación de cargos, la jueza Larissa Ibarra Lamilla, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, le dictó prisión preventiva.

Pero el 14 de mayo de ese año, en una audiencia de revisión del dictamen, el juez Humberto Barzola otorgó medidas sustitutivas, que el procesado comparezca de lunes a viernes ante la secretaría de la Fiscalía. También dispuso la colocación de grillete electrónico y prohibición de salida del país.

Ya en marzo del 2022 se aceptó el cambio de medidas cautelares para el procesado y se dispuso su presentación ante la Fiscalía los martes y viernes. Se mantuvo la prohibición de salida del país, pero se dejó sentado que en vista de que el Servicio Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) no disponía de grilletes, era imposible cumplir con esa medida de momento.

José Ampuero, abogado de Christian A. G., mencionó que a inicios de la instrucción fiscal plantearon una solicitud para acogerse al procedimiento abreviado, esto es, aceptar el hecho imputado a cambio de una rebaja en la pena, pero que aquello no fue aceptado por el fiscal. Por ello, el juicio se ha tramitado en procedimiento ordinario.

Cuando se realizó la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Judicial de Samborondón, familiares de la víctima estuvieron con pancartas afuera del inmueble. Archivo. Foto: Cortesía

El profesional del derecho considera como un “retraso terrible” los cambios de jueces de manera intempestiva como en este caso. Él ha actuado en el proceso de administración de justicia desde que la Judicatura dispuso trasladar la investigación previa hasta la audiencia de formulación de cargos, y retomó el caso en la etapa de juicio.

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“El malestar es para todos los sujetos procesales. El fiscal se quejó, el abogado de la acusación particular también se quejó por esta situación que dependen si no de la directora provincial del Guayas, del Consejo de la Judicatura, que dispone los traslados. Y por supuesto que a nosotros como defensa técnica de la parte procesada también nos angustia este cambio intempestivo de jueces, porque se produce un desgaste de esfuerzo, de tiempo importante”, refiere Ampuero.

Christian A. G., según su abogado, es un joven de 22 años que trabaja y estudia a la vez. “Él ha afrontado el proceso y su intención, la intención de todos, es ya poder terminar con este juicio y que la justicia resuelva lo que tenga que resolver, en derecho”, expuso el defensor. (I)