La tarde del martes 11 de junio de 2019, en la cárcel regional de Guayaquil, un hecho marcó un antes y un después en la actual crisis penitenciaria que vive el país. Ese día, William Poveda Salazar, líder de la banda de ‘Los Cubanos’ fue apuñalado, disparado, decapitado e incinerado.

Desde entonces, la violencia carcelaria no ha cesado, afirma Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y veedor de la situación de las personas privadas de libertad (PPL).

Los amotinamientos se incrementaron, y con mayor atrocidad, tras el crimen en diciembre de 2020 del líder de la banda ‘Los Choneros, José Luis Zambrano, pero principalmente –cree Navarrete- por “el sistemático abandono estatal” y ante “la mirada contemplativa de los gobiernos”.

Publicidad

El último episodio sangriento se registró el martes pasado y cobró la vida -hasta hoy- de 118 internos de la penitenciaría del Litoral y unos ochenta heridos, en la más reciente jornada de horror desde el 2019, que incluye reos baleados, decapitados, desmembrados, incinerados, cuerpos sin identificación.., todo esto en medio de la angustia, las lágrimas y la desesperación de sus familiares.

¿Cuál es su evaluación de lo ocurrido esta semana en las cárceles?

Tenemos relatos cruzados, los que más coinciden es que varios pabellones estaban siendo controlados por grupos de internos que se enfrentaban a otros en la Penitenciaria del Litoral, simultáneamente, es decir, que hubo ese día (martes) hasta la noche una ausencia de control al interior de la cárcel.

Publicidad

¿Qué reportes han recibido?

Desde el propio día martes estuvimos recibiendo una gran cantidad de información, llamadas, videos, todos atados por un sentimiento de angustia por parte de la población carcelaria, que es víctima, y de familiares, que siguen en zozobra, y esto es lo más preocupante, es indispensable atender los requerimientos de información a que tienen derecho las familias. Estas llamadas están cargadas de llanto y expresiones de angustia, es bastante grave.

Publicidad

¿La violencia se dio en los pabellones 8 y 9? ¿Se enfrentaban los lobos con los tiguerones?

Estos son los que más se reconocen como autores, también el pabellón 12.

Familiares de reos piden información sobre los heridos y fallecidos en la matanza ocurrida el martes pasado en la Penitenciaría. Foto: El Universo

¿Coincide con la teoría de la guerra de bandas?

No, lastimosamente creo que ese es el relato oficial errado y reduccionista. Esta situación es más profunda que el enfrentamiento de bandas. Las organizaciones que hemos venido valorando este tema, desde que comenzó la crisis en 2019, creemos que lo fundamental es una crisis estructural de las prisiones, un abandono sistemático que ha facilitado la gobernanza de estas organizaciones en cárceles completas.

Publicidad

¿Este abandono sistemático ha sido en presupuesto, recursos humanos, falta de voluntad política?

Recordemos que el sistema carcelario que se montó en el gobierno de Rafael Correa contaba con una enorme inversión económicas inédita en Ecuador, nosotros como organismo de derechos humanos también fuimos a la par impedidos de ingresar a la cárcel, desde ese entonces no podemos ingresar hasta ahora. Los enfrentamientos no es lo fundamental, es lo más llamativo, pero el escenario que produce esto es el abandono estructural que ha provocado la violencia el hacinamiento.

El hacinamiento mayor al 30% agrava la situación. En el año 2001 había 6.978 internos y actualmente 38.685, según las cifras del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), responsable de los centros de rehabilitación Social del país.

Lo que ha ocurrido ahora ya evidencia las condiciones de violencia y hacinamiento, parecería que el modelo que inauguró (Rafael) Correa en el 2010 nunca pasó, ahí lo que hubo fue la construcción de nuevos pabellones, pero la mecánica de corrupción y el tratamiento mafioso de la rehabilitación nunca fue modificado, nunca fue modernizado.

Intervención policial en la antigua Penitenciaría del Litoral, la madrugada del jueves pasado. Foto: Cortesía Gobernación

¿Cómo mejorar las condiciones de la Penitenciaría del Litoral?

El gobierno ha estado, reiteradamente, colocando parches, es evidente su incapacidad. No cabe la demolición (de la infraestructura), hay que intervenir sobre lo que existe, esa intervención debe contar con la voz de esa población carcelaria que es víctima. En el mejor de los casos, habría un 20% de población carcelaria que está influyendo sobre la seguridad y la integridad física del resto, 20% que se enfrenta entre sí, el otro porcentaje, el 80%, es víctima que está acorralada amedrentada, hay un secuestro de esa población por parte de un grupo minoritario y que tiene influencia y protección incluso de la fuerza pública, lastimosamente, no se entiende el ingreso de armas si es que en su momento no hubo una tolerancia de los encargados de la seguridad.

¿Militarizar las cárceles es una opción?

Para nada, se agudizará el nivel de violencia y de inseguridad, porque entrar como se lo ha hecho en Carandirú en Brasil, o en Lurigancho en Lima, cárceles que han vivido situaciones como la penitenciaria, el legado ha sido desastroso. Ha habido verdaderas ejecuciones extrajudiciales masivas.

Equipos policiales y militares mantienen operativos para el decomiso de armas y retomar el control total del complejo penitenciario. Foto: El Universo

Usted proponía crear una mesa interinstitucional, ¿quienes integrarían?

Ministerios de trabajo, MIES, de Salud, de gobierno. Estamos exigiendo se constituya, especialmente para lo ocurrido en Guayaquil, una mesa interinstitucional, que ya lo recomienda la Corte Constitucional, que debe tener la participación de la organización civil. Todos los encargados del sistema carcelario han sido policías o militares y este es el saldo, porque se necesita criterios técnicos, ese equipo no se lo tiene. Este consejo, que daba apoyo a la Senain nunca se reunió, una indiferencia criminal del gobierno que encargó todo este enorme problema a una oficinita con muy pocas atribuciones y eso es negligencia, eso es intencionalidad de no atender, indiferencia.

Se refiere al SNAI, que tras su creación pasó de ser parte de un ministerio a ser una entidad adscrita a la Presidencia de la República.

No tiene poder ministerial, son pocos los planes que se pudieron hacer para invertir en equipos de seguridad, todas esas cámaras no valen, los corta señales de telefonía celular no sirven, se pueden elevar drones con facilidad y desde adentro poder extorsionar, que es lo más grave.

¿Se puede decir que las prisiones aglutinan la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos?

Absolutamente, no garantizan ningún derecho. Las personas que están en prisión solamente deberían estar impedidas del libre tránsito, pero el resto de la gama de derechos no existe en la penitenciaría, como la salud, la educación, un gran porcentaje son analfabetos, el 50% solo tienen primaria, un mínimo porcentaje tiene estudios universitarios.., El trabajo como fuente de rehabilitación no existe en la penitenciaría, esa es una población olvidada y dedicada al ocio y al consumo de drogas.

¿Qué acciones están cumpliendo el Comité que dirige en la actual crisis carcelaria?

Somos testigos del hermetismo con que las autoridades del gobierno están manejando el asunto, estamos haciendo un monitoreo de lo que el gobierno ha ofrecido, entregar información a los familiares, tememos que la información que se esté dando no sea exacta y que incluso además de las personas fallecidas y heridas, haya además personas desaparecidas, eso agrava el manejo que el gobierno está dando a esta situación, exigimos que haya información inmediata, exhaustiva de lo ocurrido y también de la identidad de los cuerpos y de las condiciones en que fallecieron. (I)