Semanas atrás tres reos saltaron varios muros desde un pabellón y llegaron hasta la calle externa de la Penitenciaría para recoger un arsenal. Cuando retornaban con el armamento fueron detectados por uniformados que custodiaban el sector y se los llevaron a la Fiscalía para procesarlos.

En este episodio, ocurrido antes de la última masacre, fue visible que la seguridad que existe en la cárcel más poblada del país tiene falencias y dejó entrever que ciertos reos controlan espacios.

Familiares de varios reclusos y algunos abogados que hacen trámites regularmente ahí cuentan que esa prisión funciona como una suerte de cuartel general para las mafias. Donde las bandas mandan y delimitan sus fronteras. Tienen domino en pabellones.

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“Ellos (los líderes) prefieren estar presos porque tienen mayor seguridad y un anillo de protección. Además, solo extorsionando a los que llegan (nuevas personas privadas de libertad) sacan un dineral. Eso sin mencionar que desde sus pabellones ordenan la salida de droga y asesinatos por los que cobran”, expresó un abogado.

Antes de la masacre de noviembre, en la que murieron 65 reos y 44 resultaron heridos, era conocido que los doce pabellones estaban repartidos por bandas, algunas de las cuales mantienen nexos con carteles del narcotráfico internacional.

El abogado consultado indicó que este año con las actuales masacres mucha gente ha empezado a hacer el trámite para tratar de obtener la prelibertad o hacer gestiones por temor a que su familiar sea asesinado. En lo que va del año, 327 muertes violentas se han reportado en las cárceles, la cifra más alta de la última década.

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“Yo en abril empecé un trámite y todavía me dicen que no está la carpeta. Lo que pasa es que esa familia no tiene recursos y no tiene para sobornar. Pero hace dos semanas la familia de otro cliente pagó como 2.000 dólares y en menos de una semana la carpeta ya estaba yendo a Quito. Así funciona esto”, dijo un defensor.

Para ingresar un arma a la cárcel se pagan fuertes sumas y por meter un celular, al menos, se deben cancelar $ 500, cuentan familiares de reos.

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La esposa de un interno indicó que varias veces fue extorsionada. “El preso llega y de una le van pidiendo entre $ 500 y $ 1.000 para darles un lugar donde dormir. Si no tiene plata lo mandan por ahí a rodar, a aguantar palo, a lavar la ropa del caporal o a lavar los baños”, cuenta la mujer que el jueves ingresó una solicitud para cambiar a su esposo a otro espacio, pues tiene tuberculosis y asegura que en la Penitenciaría no ha sido atendido.

Las familias cuentan que hasta el agua que toman los reos se la deben a las bandas.

Los allegados a los reos refieren que hasta $ 2.000 se pagaban por escoger pabellón, para que no se ingrese a un reo a un sector donde esté una banda enemiga, donde lo podrían matar.

Ramiro García, subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, consideró que las cárceles son un negocio muy rentable. Dijo que los economatos son la cadena de supermercado más cara del país y que fácilmente cada producto cuesta el doble de su precio afuera.

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“Por una cubeta de huevos se paga hasta tres o cuatro veces su precio afuera”, comentó el jurista que explica que en las cárceles quienes regulan el precio de los productos suelen ser los reos.

“Queda a discreción del capo, ellos son los que deciden cuánto se van a llevar”, indicó García.

Unos 1.000 efectivos, entre policías y militares, fueron desplazados a la Penitenciaría. Cortesía

La activista Nelsa Curbelo, quien semanas atrás participó en una reunión en la Gobernación y abordó el tema desde su columna en este Diario, consideró importante la presencia militar en las cárceles para controlar esto e indicó que la Policía ya ha demostrado que no puede sola enfrentarse a las mafias de narcotráfico. Son más de 8.000 hombres mejor armados que la Policía.

Aunque el Gobierno dispuso que los militares puedan ayudar en el control, especialistas refieren que tomará tiempo cambiar lo que ocurre en la Penitenciaría, pues es un sistema que se mueve como una estructura de negocio. Un sistema en el que las bandas quieren tener el poder y no parecen ceder lo obtenido.

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El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, dijo que la crisis actual viene de la inacción de los gobiernos anteriores. Él señaló que en pocos meses la Penitenciaría va a tener un escáner de carga por primera vez que permitirá controlar el ingreso de objetos prohibidos.

Curbelo estimó que de manera inmediata se debe separar los presos violentos y los líderes de las bandas. Hacer un perfil técnico de cada preso y planificar su rehabilitación donde se incluyan trabajo y estudio.

Los especialistas refieren que para un verdadero plan de rehabilitación se necesitan recursos y programas para que los reos trabajen, por ejemplo, en el campo, reciban un salario que cubra sus gastos penitenciarios y se guarde un porcentaje automáticamente en ahorro, para liberarlo cuando salga y puedan disponer de un capital para reinsertarse. (I)