120.000 carros ha comercializado en diez años la Asociación de Empresas de Compra Programada, pero reconoce vacíos en regulación de esta actividad

La Fiscalía ha receptado denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido engañados al no haber recibido un vehículo, en un plazo definido, por el que entregaron una suma de dinero a supuestas empresas, como parte de esquemas de compra programada. Ese malestar también se ha trasladado a redes sociales, como Facebook, donde hay grupos en que se comparte información de posibles estafas.

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Ante esos problemas que generan una imagen negativa a la actividad, que han sido abordados en dos artículos recientes de EL UNIVERSO, la Asociación de Empresas de Compras Programadas lamenta que la operación de ciertas compañías o consorcios afecte a sus socios que, según su vocero, Mauricio Peña, laboran apegados a un código de ética para garantizar que el cliente reciba la información correcta antes de la firma de un contrato.

¿Por qué se creó esta asociación?

Aecop fue constituida hace diez años con el objetivo de agrupar a las empresas de compra programada de bienes, fundamentalmente vehículos y viviendas; empresas que basan su actividad en principios éticos, transparencia, para garantizar a los clientes, a través de solvencia técnica y financiera, el cumplimiento adecuado de los contratos. A lo largo de estos años, esta organización se ha ido constituyendo y en este momento la conforman cinco empresas: Consorcio Pichincha, Casa Plan/Motor Plan, Global Plan, Chevy Plan y Compra Sigma. Puedo decir que las empresas que conforman la asociación han colocado aproximadamente 120.000 carros a lo largo de estos años y 3.000 viviendas.

Aecop (Asociación de Empresas de Compra Programada) tiene la preocupación y la motivación de agrupar empresas que garanticen solvencia técnica y transparencia hacia sus clientes, porque en el mercado lamentablemente se encuentran empresas con prácticas que no son las más adecuadas para este proceso, que se basan de alguna manera en prácticas poco transparentes, en la generación de expectativas exageradas y que finalmente no cumplen. Esto ha generado una afectación a la imagen de la actividad en su conjunto.

Por esa razón, Aecop tiene un código de ética, que respetan y que practican sus empresas, que se basa, primero, en que las empresas tienen una fuerza de venta con empleados en relación de dependencia, es decir, son empleados propios, directos de las empresas y que son empleados que son entrenados y capacitados permanentemente alrededor de este código de ética, que se basa en el principio de decir siempre la verdad a la hora de vender. De tal manera que los clientes no tengan falsas expectativas o no se generen falsas expectativas y tengan total información respecto a las condiciones en que se basan estos contratos.

¿Cuáles son esas prácticas inadecuadas que ustedes han identificado de estas organizaciones o empresas que han sido denunciadas o señaladas en redes sociales?

A Aecop le preocupa que algunas empresas en el mercado generan con su fuerza de venta expectativas superiores a la realidad hacia los clientes, es decir, con el objetivo de vender el paquete, muchas empresas o muchos vendedores de estas empresas engañan en realidad a los clientes y generan una falsa expectativa en el plazo de las entregas de los vehículos y esto genera malestar en muchas personas, pues al momento de concretar la entrega de vehículos o viviendas, básicamente de vehículos, no encuentran lo que fue ofrecido en el momento de adquirir el paquete, el producto que se le ofreció.

Por otro lado, tenemos preocupación de que existen empresas que no tienen la suficiente solvencia financiera y nos preocupa que en algún momento puedan incumplir con los compromisos adquiridos para con sus clientes.

En los artículos que hemos publicado también hay quejas ciudadanas sobre el lavado de manos que se hacen ciertos consorcios al indicar que como los vendedores no tienen una relación de dependencia no habría una corresponsabilidad de esos negocios ante algún problema.

También nos preocupa que la fuerza de venta de muchas empresas se basa en la figura de freelance o vendedores sin relación de dependencia, es decir, que ganan en función de la venta. Y esto genera una presión hacia estos vendedores para vender a como dé lugar, puesto que sus ingresos están basados fundamentalmente en la comisión de las ventas, cuando creemos nosotros que en este negocio la transparencia en la venta es lo fundamental y por eso las empresas que conforman la Aecop se preocupan mucho de garantizar que los vendedores sean funcionarios que no dependen de la venta, sino que en gran medida dependen de la remuneración que reciben. Entonces no existe una presión hacia los vendedores para falsear la verdad o sobre generar falsas expectativas en la venta.

¿Qué lectura tiene el gremio sobre los controles de las instituciones del Estado para supervisar esta actividad? ¿Hace falta una actualización de la legislación?

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM) es una entidad que regula las prácticas que utilizan las empresas en cuanto a la promoción y venta de los productos. Está la Dirección de Regulación de Prácticas Engañosas, que debería estar permanentemente vigilando el comportamiento y las prácticas de las empresas. La Superintendencia de Compañías regula en términos generales el desenvolvimiento de las empresas.

Sí sentimos que existe un marco (legal) excesivamente flexible y abierto en este negocio. Sentimos que es necesario que exista regulación, que no existe en nuestro país, que en otros países sí existe. Que se determine, por ejemplo, pólizas de cumplimiento de los contratos, de tal manera que los clientes que ingresen en este proceso con empresas legalmente constituidas tengan la certeza de que si por A o B motivo una empresa no cumple con sus contratos, tiene la garantía de una póliza de seguridad de cumplimiento del contrato. Yo creo que una regulación de esa naturaleza debería implementarse en el país.

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¿En esa revisión de la legislación podrían contemplarse sanciones para aquellos vendedores que engañan al cliente? En una entrevista pasada, un funcionario de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado reconoció que hay un vacío legal para sancionar a ese tipo de vendedores.

Compartimos plenamente el criterio del intendente en el sentido de que ciertamente las empresas que están en este negocio y que tienen esta figura de (empleados) comisionistas generan un escenario proclive al engaño. Por esa razón, la relación de dependencia tiene el objetivo de garantizar que estos funcionarios (empleados) respondan adecuadamente a los clientes y de esa manera no exista esta problemática de que algunas empresas aducen que el engaño a los clientes proviene de comisionistas.

Las empresas deberían tener responsabilidad sobre lo que ofrecen los vendedores.

Por otro lado, el ciudadano también debe estar alerta. ¿Qué deben tomar en cuenta los ciudadanos que están buscando un carro o vivienda y quisieran acceder a la modalidad de compra programada?

La recomendación fundamental que hacemos es que los clientes se cercioren de que están tratando con empresas formalmente establecidas. Segundo, que vean las condiciones en que se compromete la empresa con los ciudadanos, que sean absolutamente claras.

Fijarse de las letras pequeñas...

Debería haber formatos de contratos legalmente autorizados para garantizar que las empresas suscriban contratos con condiciones transparentes y que no exista la letra chiquita.

Los clientes tienen que leer adecuadamente los contratos. Y estos contratos deberían tener las condiciones muy claras. Eso es algo en que trabajan las empresas que conforman la asociación, para que los términos de los contratos sean sencillos y transparentes, de manera que los ciudadanos puedan entender perfectamente lo que están suscribiendo.

Segundo, nosotros creemos que es indispensable que los plazos de entrega del bien estén absolutamente claros. Hay mucha opacidad, diría yo, en algunas empresas, que envuelven al cliente y no le dicen con claridad cuáles son los plazos a los que se comprometen.

Hay empresas que integran la asociación que también han sido nombradas en quejas de redes sociales. En la generalidad, ¿qué ha sucedido?

Creemos nosotros que el ciudadano debe tener claridad y, como reitero, que se percate adecuadamente de las condiciones que se están planteando para la suscripción del contrato. Hay ocasiones también en que ciudadanos por A o B motivo se les ha dificultado el cumplimiento de sus compromisos y aducen incumplimiento por parte de los empresas. Ha habido casos en que una vez sentados con el cliente se encuentra que existe una dificultad (económica). También está la necesidad del cliente para lograr recuperar los recursos que ha estado aportando. En eso los contratos son absolutamente claros y existe la posibilidad de la devolución, pero sí hay una penalidad. El ciudadano debe ser consciente de que las empresas cobran cuando un ciudadano rescinde un contrato, por costos administrativos.

En términos generales, hemos podido identificar que muchos ciudadanos no son conscientes adecuadamente de las condiciones del contrato.

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En ese sentido, ¿en qué tiempo se les devuelve el dinero? Pregunto esto porque hay quejas ciudadanas de otras empresas sobre la devolución tardía de los recursos, hasta que se termine de entregar el total de bienes, es decir, hasta después de varios años.

En los contratos de las empresas que conforman la asociación se estipula una penalidad y un plazo de devolución. El plazo no corresponde al tiempo de espera hasta que todo el grupo termine el proceso de recepción del bien, porque eso sería inadecuado. Las empresas que conforman la Aecop tienen establecidas unas penalidades y unos plazos razonables. Muchas veces cuando el ciudadano explica su situación siempre las empresas buscan solucionar la devolución, con el objetivo de tampoco afectar los intereses de los ciudadanos. (I)