La asambleísta de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), Viviana Veloz, está convencida de que en el juicio político en contra de los tres vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y a su expresidente María del Carme Maldonado, logró probar que se incumplieron funciones en el proceso de evaluación de jueces, y advierte que el legislador que vote en contra del proceso simplemente habrá vendido su voto y su conciencia. No está segura de que haya los 92 votos para consequir la censura y la destitución de los acusados, pero sí habla de que las pruebas presentadas son contundentes y abrumadoras.

¿Qué motiva el juicio político a los vocales de la Judicatura y a su expresidenta?

El proceso está sustentado en siete motivaciones y todas ellas llevan a una sola causal, que es incumplimiento de funciones y que durante toda la práctica de pruebas documentales y testimoniales pude probar ese incumplimiento y una de las principales ilegalidades y arbitrariedades fue un proceso de evaluación de jueces y conjueces por fuera de los periodos que se estipulan en la Constitución y la ley.

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Los acusados señalan que la sentencia de la Corte Constitucional no observa el proceso de evaluación sino la temporalidad y que ellos cumplieron un mandato del Consejo de Participación Transitorio...

Eso es una falacia, hay que leer todo el contexto de la sentencia, pues en las 80 páginas hay párrafos que indican con meridiana y clara precisión todas las arbitrariedades de los vocales de la Judicatura, y en la parte resolutiva dice que vulneraron el principio de legalidad lo cual quiere decir que todo lo actuado es ilegal en el fondo. Si bien ellos dicen que cumplieron un mandato establecido por el Transitorio y hay que escuchar la voz del pueblo, tampoco está por encima de lo que dice la ley.

¿Dónde queda la decisión del CPCCS Transitorio que tenía plenos poderes?

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Ese Consejo de Participación Transitorio, en su exhorto, les dice que deben hacer un proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia, pero basados en el artículo 87 del Código Orgánico de la Función Judicial vigente en el 2019; pero ellos hicieron la evaluación con el Código vigente al 2020, con lo cual vulneraron la seguridad jurídica y el debido proceso de los evaluados, y el trasfondo fue tomarse la Corte Nacional de Justicia y poner conjueces a dedo con una figura jurídica que no existe.

Pero ustedes, dentro de este proceso, ¿no persiguen también esa posibilidad de cambiar jueces y tomar el control de la justicia?

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Eso es totalmente falso, es una falacia y un “framing” que quieren colocar los vocales del Consejo y la Función Ejecutiva, porque al momento de ser cesados los vocales del Consejo de la Judicatura entran en funciones sus suplentes, que fueron también nombrados por el CPCCS Transitorio; no fueron nombrados por el correísmo ni por los socialcristianos.

¿Entonces no hay que temer?

No hay que temer, incluso hay un cuadro de quienes entrarían tras la cesación y cuando terminen sus funciones se elige al nuevo Consejo de la Judicatura de ternas enviadas por la Función Ejecutiva, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública y de la Función Legislativa.

Los vocales de la Judicatura advierten que hay una intención de tomarse la justicia y aplicar recursos de revisión a las sentencias de los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, ¿es así?

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Esa es otra falacia más, cuando nosotros en el último día de sustanciación de la prueba le preguntamos a Fausto Murillo (presidente del Consejo de la Judicatura) si el cesarles y destituirles causa el efecto de anular sentencias, él dijo que no.

¿Pero ustedes pueden plantear la revisión de las sentencias?

Toda persona que tiene un proceso con sentencia ejecutoriada y ha pasado un recurso de casación y que obtuviere una prueba nueva puede plantear un recurso de revisión.

¿El derecho a presentar el recurso de revisión lo pueden hacer en cualquier momento?

Cualquier persona puede ejercer el recurso de revisión siempre y cuando se encontrara bajo la figura de un elemento nuevo en el proceso; y como nosotros no creemos en la justicia en este país, la revolución ciudadana ha interpuesto las acciones necesarias en ámbitos internacionales.

¿Ustedes van a presentar ese recurso?

Le aclaro, para que no haya confusión, cualquier ciudadano puede presentar un recurso de revisión, pero nunca he dicho que nosotros vamos a presentar un recurso de revisión y tampoco lo hemos contemplado. Nosotros no creemos en la Función Judicial, en este momento, no creemos en la justicia, no creemos en la Corte Nacional porque ha vulnerado los derechos a la mayoría de los ecuatorianos.

Si ustedes no creen en la justicia, ¿este cambio que podría generarse si se censura y destituye a los vocales del Consejo de la Judicatura permitiría un recambio de toda la justicia?

Este primer paso es para empezar a recuperar la institucionalidad, pero este no es un recambio en toda la justicia, es solamente un cambio dentro de quienes están al frente del Consejo de la Judicatura, y serán los nuevos vocales quienes tengan la responsabilidad de empezar con los procesos de evaluación respetando lo que dice la ley y no haciendo evaluaciones a la carta.

¿Este juicio es la puerta que permitirá recambios en la justicia?

Es la puerta que permitirá a los nuevos vocales, si actúan de manera responsable, porque resulta que el 83 % de los ecuatorianos no cree en el sistema judicial y el 70 % de los ecuatorianos no cree en la Fiscalía General del Estado.

¿Llegue quien llegue le toca cambiar a los jueces?

Llegue quien llegue le toca solucionar la emergencia en que se encuentra el sistema judicial, que no lo dice la bancada de la revolución ciudadana, sino los mismos usuarios del sistema judicial; tienen que cumplir con los procesos de evaluación pendientes, el proceso de evaluación de los fiscales provinciales definitivos, con los procesos de carrera judicial y la evaluación de los jueces de primera y segunda instancia. Son responsabilidad de quienes estarán al frente, ya no del legislativo ni de otra persona más, sino de quienes reemplacen a los cesados.

¿Cómo lograrán la censura y destitución, tienen ya esos votos?

A pesar de existir todos los elementos de cargo y de no existir duda razonable, aún existiendo audios que son gravísimos, por el Consejo de la Judicatura no solo debe ser objeto de esta censura política, sino que tiene que ser sujeto de sanciones penales por los delitos de corrupción en que se encuentran involucrados.

¿Por qué no incluyeron esos audios de los que usted habla en el proceso?

Lamentablemente el audio del señor Morillo se reveló después de que nosotros interpusimos la solicitud de juicio político, y ya no había cómo incorporar; pero aún no siendo parte, son elementos y méritos suficientes para que los legisladores no sigan permitiendo el secuestro de la justicia, el último habla de la aparente transacción política que habría entre los vocales y la bancada de Pachakutik para evitar la censura.

¿Eso significa que no tendrían los 92 votos?

No todos los legisladores son asambleístas y movimientos de alquiler, existen legisladores que actúan con conciencia, con congruencia y coherencia, y tengo la certeza de que existirá esa responsabilidad no con el Parlamento ni con determinado vocal, sino con el pueblo. Legislador que vote en contra, a pesar de todas las pruebas que existen y que son abrumadoras, simplemente habrá vendido su voto y su conciencia.

Si volvemos al origen del juicio político, ¿por qué Fausto Jarrín se fue de la Asamblea como acusador en este proceso y pasó a ser testigo?

La decisión de Fausto Jarrín de renunciar al Parlamento responde a que él se está haciendo cargo de todos los procesos de juicio que en este momento tiene Rafael Correa y nuestros perseguidos políticos, no solamente en instancias nacionales, sino también en esferas nacionales. Es allí en el momento de renunciar cuando asumí la interpelación de manera global y con una sola misión, visión y objetivo, que es recuperar la institucionalidad de la Función Judicial.

¿Pero cómo es eso de convertirse en testigo de un proceso que él mismo inició?

Fue un pedido de prueba nueva por parte de la legisladora Gabriela Molina, para que viniera a dar un aporte y sustento de cuáles fueron las motivaciones del juicio.

¿Pero si Fausto Jarrín, como abogado, no logró el fallo favor del exmandatario Rafael Correa, quería hacerlo por la vía de un juicio político?

Censurar y destituir a los vocales no causan efectos de nulidad de sentencia de ningún fallo que ya se encuentra ejecutoriado.

¿Pero sí un recurso de revisión?

Siempre y cuando se encuentre una prueba nueva, pero nosotros no hemos contemplado ni vamos a presentar ningún recurso de revisión sobre sentencias que se encuentran ejecutoriadas, no porque no podamos, queramos o no tengamos el derecho, sino que simplemente porque esto se tiene que probar en esferas internacionales y revelar cómo ha sido el abuso y la metida de la mano en la justicia.

¿No tienen una nueva prueba?

Mire, todo el mundo sabe que el cuaderno con el que fue sentenciado Rafael Correa es una prueba forjada. (I)