La veeduría ciudadana que observa el concurso público para la designación del titular de la Contraloría General del Estado decidió que “no avalará” la fase de admisibilidad y calificación de méritos de los postulantes a ser parte de la comisión ciudadana que designará a dicha autoridad.

El coordinador de esta instancia, que agrupa a 430 veedores, Guido Egas Tello, comunicó, el 17 de mayo último, al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que no avalará la etapa de admisión de 102 postulantes a ser comisionado, así como la calificación de méritos, que está a cargo de una comisión técnica, compuesta por ocho servidores del organismo.

La discordia surgió porque los veedores reclaman que esta comisión técnica no les remitió el informe de reconsideración de admisibilidad de ocho ciudadanos, que explicaría la base legal para admitir a cuatro.

Además, cuestionan que el pasado 4 de mayo, mediante una moción de la consejera Ibeth Estupiñán se inadmitió a dos postulantes: Lida García y María García.

Estupiñán alegó que en el caso de Lida García se presentaron copias simples y se incumplía el reglamento; pero la veeduría estimó que de no aclararse la situación de la aspirante, podría “acudir a un reclamo por no permitirle el derecho de participación al observarse aparentes desigualdades”.

Egas reclamó que no tienen acceso total a los procesos por las limitaciones tecnológicas, además que los “mutean” cuando participan en la plataforma Zoom y que no tienen libertad de expresión y de participación.

Piden transparencia de los actos porque, si no van a poder observar con claridad la calificación de méritos, son “inútiles” las transmisiones en vivo por las plataformas de redes sociales.

Plantean que se modifique el sistema tecnológico para la calificación de los méritos, pues creen que puede ocasionar graves diferencias en los puntajes y ejemplifican que los “validadores” permiten ingresar fechas en un rango “incluso anterior a la fecha de nacimiento de los postulantes, pudiendo aceptar fechas en las que ni siquiera nacían”.

Este equipo técnico concluyó este miércoles 18 de mayo con la calificación de méritos de los 102 aspirantes a la comisión ciudadana y será remitida al pleno del CPCCS para su revisión y resolución.

Este trabajo se dio bajo la observación de los veedores que exigían a los servidores del Consejo información sobre los candidatos admitidos y reclamaban que no recibían respuesta.

En ese sentido, Egas evocó una quinta alerta sobre actos u omisiones que puedan afectar la transparencia en la selección de los comisionados ciudadanos y decidieron no avalar las fases de admisibilidad y calificación de méritos realizada por la comisión técnica desde el 27 de abril; y piden ser recibidos en el pleno para exponer sus preocupaciones.

Adicionalmente, Egas remitió estas observaciones a la Comisión de Participación y Transparencia de la Asamblea Nacional, que está presidida por el legislador correísta de UNES Ferdinand Álvarez, en la que se impulsa el juicio político a los cuatro vocales del Consejo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

Esta figura de “no avalar” etapas de los concursos no está contemplada en el reglamento de veedurías para la selección de autoridades y conformación de comisiones ciudadanas, pero les da la atribución de informar al pleno del CPCCS sobre actos u omisiones que afecten la transparencia.

La norma les da cinco atribuciones, como vigilar el cumplimiento de las normas legales y procedimientos; vigilar la transparencia en los actos del pleno; informar oportunamente a la ciudadanía sobre el cumplimiento de normas y procedimientos; solicitar la información necesaria a la comisión ciudadana y al pleno del Consejo.

El nuevo defensor público se designará por una comisión ciudadana que estará conformada por abogados

Entre sus deberes, los veedores deben cumplir sus funciones de forma objetiva, transparente e imparcial; dar a conocer al pleno sobre actos u omisiones que afecten la transparencia del concurso; guardar reserva de la información.

No pueden interferir en las actividades del pleno del Consejo o de las comisiones ciudadanas; entre otras, vincular la veeduría a intereses personales, de grupo o de partidos y movimientos políticos o con fines electorales.

Por otra parte, en el concurso público para la conformación de la comisión ciudadana para la designación de la autoridad de la Defensoría Pública, concluyó el plazo para presentar impugnaciones a 20 candidatos.

Extraoficialmente, según datos preliminares, se conoció que se presentaron diez impugnaciones ciudadanas en contra de concursantes inscritos en representación de la ciudadanía y de las funciones del Estado.

El Consejo debe calificar estas objeciones a los candidatos, que pueden versar sobre incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad e idoneidad para ser comisionado.

En el caso de ser calificadas por el pleno del CPCCS, se realizarán audiencias públicas para que el impugnado e impugnante presente sus pruebas de cargo y descargo. (I)

Consejo no conoció en su pleno el retiro de la terna para la selección del vocal del Consejo de la Judicatura

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa suspendió la plenaria convocada para este miércoles 18 de mayo, en la que se preveía incluir en el debate el oficio remitido por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, en la que se deja sin efecto la terna remitida para designar al vocal faltante del Consejo de la Judicatura.

El 7 de mayo, Ulloa ofreció incluir en el orden del día el debate de un informe jurídico que plantee una salida a la selección de este vocal, luego de que María del Carmen Maldonado renunció al cargo.

Iván Saquicela, presidente de la Corte, remitió al CPCCS el pasado 22 de febrero una terna para designar al vocal principal en remplazo de Maldonado, pero después de 83 días en los que el Consejo de Participación Ciudadana no ha resuelto sobre ello, decidió retirarla.

Cuestionó que la “conducta de Hernán Ulloa implica una clara vulneración al Estado constitucional, a la independencia judicial y un incumplimiento de funciones que podría ser fiscalizada por la Asamblea Nacional”.

En declaraciones de prensa el martes último, Ulloa argumentó que cuando la CNJ presentó la terna “no existía normativa para la revisión de requisitos e inhabilidades, ni tampoco el pedido oficial” del Consejo; y reprochó que el organismo se vio afectado “con una imposición, con una presión indebida”.

La pugna por la presidencia del Consejo de la Judicatura llega a la Corte Constitucional

No obstante, el Consejo aprobó a inicios del 2021 un reglamento para designar al remplazo de Aurelio Moreno, quien renunció a su cargo en el 2020.

El reglamento vigente establece en su artículo 3 que, ante la ausencia definitiva de un vocal titular o suplente de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura notificará al CPCCS en el término de tres días de producirse este hecho para que “resuelva el inicio del proceso de selección del miembro que remplazará a dicho integrante, así como a su suplente”.

Para ello, el Consejo requerirá, en este caso, a la Corte Nacional de Justicia, que remita en el término de cuatro días, de notificado con dicho requerimiento, la terna correspondiente para proceder con el proceso público de selección con veeduría e impugnación ciudadana.

En la instalación de la sesión de este miércoles, Ulloa y otros consejeros se presentaron de forma virtual y decidió declararla permanente para luego suspenderla.

David Rosero acudió de forma presencial al concilio y criticó que se mantuvo “escondida” la terna durante estos tres meses.

Advirtió que se ha generado una “grave crisis institucional” y advirtió que en una próxima sesión se podría apelar la presidencia de Ulloa para discutir la decisión de la Corte Nacional de Justicia. (I)