Uruguay, la impune guarida fiscal de Odebrecht

Uruguay fue la guarida fiscal ideal para apoyar un sistema de lavado de dinero que benefició a muchos de los políticos y empresarios involucrados en los sobornos de la constructora Odebrecht. Estudios jurídicos que prestaron sus servicios, bancos que escondieron los fondos y los prestanombres formaron parte del equipo uruguayo utilizado por la multinacional para un esquema que se extendió en toda Latinoamérica.

Noticias relacionadas

Odebrecht confesó coimas por $ 276 millones en 7 países, pero habría pagado mucho más

La Argentina, sin condenas por el Lava Jato, aunque Odebrecht admitió sobornos por al menos $ 35 millones

Los sobornos de Odebrecht alcanzaron el entorno del torturador de Venezuela

Sin embargo, nadie ha sido responsabilizado penalmente en Uruguay por su participación en el escándalo.

Uno de los principales responsables, más conocido por su apodo que por su verdadero nombre, es Andrés Norberto Sanguinetti Barros. Betingo trascendió las fronteras por su participación en la directiva del Club Atlético Peñarol y su trabajo como gestor de cuentas en la sede montevideana de la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde llegó a ocupar una de las vicepresidencias.

Este último empleo fue el que lo llevó a estar en 2018 en una cárcel de Andorra, donde fue procesado por el delito de lavado de activos. Estuvo casi dos meses detenido, y pudo volver a Uruguay gracias a un acuerdo que le permite cumplir su condena en libertad.

El cúmulo de pruebas mostraron cómo Sanguinetti –medio hermano del expresidente Julio María Sanguinetti- movió sus influencias personales con el exdirectivo de la empresa Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Soares, para conseguir que la constructora se convirtiera en cliente del banco y utilizara la sucursal uruguaya como vehículo para el lavado de cientos de millones de dólares entre 2006 y 2015.

“Andrés Sanguinetti es un uruguayo, amigo mío, conocido de mi familia. Él trabajó en el (banco suizo) PKB también en Uruguay y trabajó en el Espirito Santo Bank de Portugal. Fue para la Banca Privada de Andorra, me buscó, y comenzamos a tener una relación. Fui a Andorra y conocí a la cúpula del banco y empezamos a trabajar”, explicó Da Rocha Soares en una de sus declaraciones ante la justicia de Brasil.

“Indicábamos al BPA, en la persona de Andrés Sanguinetti, para la apertura de cuentas a nombre de testaferros. Entre tanto, los reales beneficiarios eran personas políticamente expuestas. Uno de ellos era el hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli”, relató en otra comparecencia. Este banco también fue usado para pagar las coimas al exministro ecuatoriano Alecksey Mosquera.

Fue justamente Rodrigo Tacla Durán quien, desde España, aportó más detalles sobre Betingo y otros uruguayos al servicio de Odebrecht. En concreto, este abogado mencionó a tres empresas holandesas y una panameña que, según dijo, transfirieron dinero a la firma Klienfeld Services Ltd. (una empresa creada por Odebrecht en Antigua y Barbuda) utilizando los servicios de BPA.

Detrás de las empresas aparecían los beneficiarios de las cuentas bancarias: los uruguayos Juan Carlos González Lerena y Gonzalo Fernández Ameglio, socios del estudio BGL Asesores Legales y Financieros, con sede en Montevideo.

Tacla Durán también vinculó a los exsocios de estos, Washington Fernando Belhot Fierro y Claudio Marcelo Chakiyian Vázquez, quienes abrieron su propio negocio, el estudio South Capital Partners, que prestó servicios en Holanda y Panamá. Según Tacla Durán fue Marcelo Odebrecht, quien contrató directamente los servicios de Belhot Fierro y González Lerena, a través de la sucursal uruguaya de Mossack & Fonseca.

Ninguno de ellos, a pesar de los testimonios y pruebas que los mencionan directamente, fueron llamados por la justicia uruguaya para responder por su participación en la estructura de lavado de Odebrecht.

El primer nivel de lavado

Desde el principio de la investigación en Brasil, Uruguay apareció de manera reiterada en los testimonios y documentos que alimentaron la causa ‘Lava Jato’. Esa acumulación de evidencias llevó a los investigadores del ministerio público a situar a Uruguay, y en especial a dos sociedades anónimas creadas en Montevideo, en el primer nivel del lavado de dinero.

En esa primera etapa fueron utilizadas cuentas bancarias creadas en PKB Privatbank AG, de Suiza, a nombre de varias offshore cuya beneficiaria en casi todos los casos era alguna de las empresas de Odebrecht. Y en ese destacado lugar aparecían dos empresas uruguayas: Sherkson International S. A. y Havinsur S. A. Estas enviaban los fondos a cuentas suizas controladas por los tres ejecutivos principales de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato de Souza Duque, hoy condenados por corrupción y con acuerdos de colaboración judicial.

Las primeras transacciones se realizaron en mayo de 2007 cuando Sherkson recibió de Odebrecht tres giros por un monto total de 22,5 millones de dólares, que luego depositó en una cuenta suiza a nombre de Klienfeld Services Ltd. En total se realizaron transferencias por al menos 96 millones de dólares por orden de la constructora Odebrecht.

Los documentos obtenidos para esta investigación revelan que Sherkson International S. A. tenía su dirección en el corazón de la Ciudad Vieja, en pleno distrito financiero de Montevideo. Fue creada el 2 de agosto de 2006 con un capital de algo menos de 48.200 dólares, según consta en los registros públicos. El 24 de abril de 2007 se designó como presidente de la sociedad al uruguayo Miguel Ángel Ayestarán Rodríguez, quien también aparece en el directorio de otras diez empresas panameñas desde 2007.

El 16 de julio de 2010 la presidencia de Sherkson pasó a manos del uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeiras, quien compartía con Ayestarán el directorio de tres empresas panameñas. Mutio Cerdeiras fue mencionado por el delator Vinicius Veiga Borin, quien trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, encargado de gestionar el pago de coimas.

Según ese testimonio, Mutio Cerdeiras era el prestanombre designado por Odebrecht para firmar los documentos a nombre de Sherkson. Después de varios años de funcionar como fachada, esta enigmática firma cerró. La persona que se hizo cargo al final fue Daniel Gonzalo García Belhot, quien también figura en el mismo directorio que Ayestarán en tres sociedades panameñas.

Sherkson registró el fin de sus actividades el 5 de agosto de 2015, poco más de un año después de realizar el último pago por 5,9 millones de dólares a Klienfeld S.A. Su misión había sido cumplida. Una vez más, la impunidad. Ni Mutio Cerdeiras, ni Ayestarán ni García Belhot enfrentaron a la justicia uruguaya.

La contadora fantasma

La otra empresa uruguaya que aparece en ese primer nivel del lavado de Odebrecht es Havinsur S. A. Desde esa firma se realizó una transferencia por 565.000 dólares el 23 de marzo de 2010 a favor de la offshore panameña Millzart, cuyo beneficiario final era el directivo de Petrobras, Renato de Souza Duque. Havinsur utilizó una cuenta del banco PKB Privatbank AG, en Suiza, mientras mantenía la dirección en un departamento en Montevideo.

En esa oficina funciona una verdadera fábrica de sociedades de papel, nombrada hasta el cansancio en innumerables investigaciones internacionales sobre blanqueo de capitales. Daniel Pérez Blanco es quien figura como el responsable del estudio, pero quien aparece como presidente de Havinsur, desde 2 de agosto de 2007 es el uruguayo Gastón María Giovannone Martin.

Havinsur también tenía “como beneficiaria económica a la constructora Norberto Odebrecht”, según la investigación del Ministerio Público de Brasil, pero la firma autorizada para realizar los movimientos de dinero era de la contadora uruguaya Maya Cikurel Spiller. Esta mujer nacida en 1973 tiene antecedentes vinculados a empresas de pantalla, denuncias de lavado y asesoramiento a compañías que aparecen en la trama del Lava Jato.

Cikurel Spiller funge además como la encargada de manejar la cuenta de Arcadex Corp., una offshore con sede en Belice que aparece en los dos primeros niveles del esquema de lavado de la constructora brasileña con transferencias por decenas de millones de dólares.

La contadora estuvo a punto de ser la única persona de nacionalidad uruguaya en enfrentar a la justicia, ya que Panamá pidió su extradición en 2018 por su documentada participación en el pago de sobornos a la familia presidencial Martinelli. Sin embargo, los tribunales uruguayos rechazaran el pedido.

A pesar de ello su proceso en la justicia panameña continúa. Según el texto de la acusación, al que accedió Sudestada, Cikurel aparece vinculada “a través de la sociedad Arcadex Corp., la cual la utilizó como intermediaria en el esquema de ocultamiento de dinero ilícito que posteriormente se deposita en cuenta como Baxley Assets Lnc, Select Engineering Consulting and Services y Constructora Internacional Del Sur, la cual fue utilizada como plataforma para transferir dinero procedente de la caja no contabilizada de Odebrecht”.

Ese dinero, que tenía una “procedencia ilícita”, pertenecía a “los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares (hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli), Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa y Renato De Souza Duque, imputado desde el año 2017 en esta causa”.

En el expediente panameño también se consigna que tanto Cikurel como Juan Mutio Cerdeiras, otro uruguayo, fueron “beneficiarios finales de sociedades que alimentaron con dinero ilícito cuentas en las cuales se beneficiaron funcionarios públicos panameños, en razón de coimas por proyectos estatales”. Sin embargo, después de varias instancias judiciales la justicia uruguaya terminó negando la extradición y bloqueó la posibilidad de indagar a la contadora.

El emporio de Posadas

Renato de Souza Duque fue director de Servicios de Petrobras. Luego de permanecer un tiempo en prisión, hoy goza de penas alternativas a la privación de libertad. Entre las empresas privadas que, según la justicia, sobornaron a Duque se encuentran la brasileña Odebrecht, la argentina Techint y la italiana Saipem. Y quien fue contactado en 2009 para ayudarlo a montar la estructura de lavado fue el empresario brasileño João Antônio Bernardi, quien colaboró con la justicia de Brasil para aportar detalles a la historia de corrupción.

Con base en el testimonio de Bernardi y otros colaboradores, la investigación judicial obtuvo pruebas de que Uruguay jugó otra vez un rol fundamental en el blanqueo de capitales. En este caso fue el estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV) -vinculado al exministro de Economía uruguayo Ignacio de Posadas- el que aparece como asesor y administrador de bienes obtenidos gracias a la corrupción.

Bernardi confesó que, a fin de administrar las coimas destinadas a De Souza Duque, contactó al abogado brasileño José Reginaldo Filpi. Así fue que abrió la sociedad anónima uruguaya Hayley en el Banque de Commerce et Placement, en Ginebra, ciudad en la que PPV tiene una sucursal. Hayley S. A. fue usada como vehículo para pagar las coimas que la italiana Saipem ofreció a De Souza Duque, para que este facilitara la firma de un contrato con Petrobras para la construcción de un gasoducto submarino.

¿Pero Filpi logró abrir una sociedad anónima en Uruguay desde su escritorio de Río de Janeiro? La respuesta es negativa y aquí es donde opera el famoso estudio Posadas, Posadas & Vecino, acusado desde los años noventa de asistir en muchas maniobras de lavado de activos.

Filpi y sus colaboradores tercerizaban servicios tanto en Brasil como en el exterior, dice el informe, que pone el ejemplo de dos países a los que recurría de manera asidua: Uruguay y Panamá. En el primero, la Policía identifica como asistente de Filpi a Posadas, Posadas & Vecino. En varios de los correos electrónicos registrados entre miembros del estudio de Filpi y sus pares del uruguayo PPV, queda claro que las tareas que realizaba este último tenían que ver con la “administración” de las empresas de papel y de los fondos que estas manejaban.

La Policía brasileña concluyó que Hayley S. A. era usada para el lavado de dinero y apuntó sus esfuerzos a probar ese delito. Cuando estos intentos se hicieron notables, Bernardi adoptó la estrategia de abrir nuevas empresas y transferir el dinero para ocultar quiénes eran los beneficiarios finales. Así nacieron Worly International S. A. en Panamá y Deepwater Río Ltda. en las Islas Vírgenes Británicas (IVB).

Posteriormente aparece una tercera firma Howard Consolidated Limited, en IVB, que suscribió junto a Hayley un acuerdo de inversión con DeepWater por un total de 750 mil dólares, el monto de la coima que cobraría De Souza Duque, el ejecutivo de Petrobras.

En el documento aparece, por un lado, Hayley con el domicilio fijado en Montevideo en el estudio PPV y, por otro, la empresa de Islas Vírgenes Británicas, que también fija un domicilio en Montevideo, pero esta vez en la sede del estudio BGL Asesores. Ese estudio, por aquellos días, estaba integrado por Washington Fernando Belhot Fierro y Juan Carlos González Lerena. Belhot y González son los mismos que el abogado Rodrigo Tacla Durán había mencionado en su confesión al revelar la intervención de la Banca Privada d’Andorra en la trama. Los participantes de la red se reciclan y vuelven a aparecer, una y otra vez.

El acuerdo está firmado por Christina Jorge, en nombre de Hayley, y por DeepWater Río lo hizo Marcelo Antonio Castro Muller, un exdirectivo de la empresa AEM Sistemas, investigado en la causa Lava Jato por pagar coimas a la constructora Andrade Gutiérrez.

Hayley S. A. también sirvió para pagar otras coimas, como confesó Bernardi en Brasil. Esta vez la empresa involucrada fue Confab, una subsidiaria de Tenaris (del Grupo Techint), que pagó un soborno de 10,4 millones de dólares a través de su gerente brasileño, Benjamin Sodré Netto, informó La Nación, de Argentina.

Según reveló Bernardi, Hayley fue usada para trasegar esos fondos con fines ilícitos mediante la firma de contratos ficticios, utilizando una cuenta que la empresa controlaba en el Millenium Banque Privé de Ginebra, donde el estudio uruguayo PPV tiene una prolífica oficina.

Hayley S. A. y el estudio PPV fueron señalados también por el Ministerio Público Federal de Brasil, cuando planteó su acusación contra el exdiputado Eduardo Cunha, condenado por los delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

Según un escrito del fiscal Deltan Dallagnol del 7 de marzo de 2017, Cunha cobró una coima de 1,5 millones de dólares -entre otros delitos- gracias a su participación en las negociaciones que permitieron a Petrobras acceder a un yacimiento en la República de Benin a principios de 2011. Poco después la empresa se retiró del negocio al constatar que en ese sitio no había petróleo.

No había petróleo, pero sí dinero sucio, que fue a parar a cuentas bancarias en Suiza que estaban a nombre de empresas offshore. Algunas de esas transacciones se hicieron a través de una cuenta bancaria en Ginebra, en la sucursal del banco Merril Lynch (que luego cambió su denominación a Julius Baer), a nombre de la empresa Netherton Investments PTE Ltda., con sede en Singapur. Quien abrió la cuenta en Ginebra a nombre de la offshore de Singapur fue el abogado Luis María Piñeyrúa Pittaluga, del estudio PPV.

Según los datos aportados por el Ministerio Público brasileño, Piñeyrúa, junto al argentino Jorge Haiek Reggiardo, firmaron los formularios de apertura de la cuenta en Montevideo el 3 de agosto de 2008, aunque fijaron el domicilio en la sucursal del estudio PPV en Ginebra. Los dos quedaron ante el banco como representantes de Cunha, el verdadero titular de la cuenta.

En abril de 2016, cuando estalló el escándalo y la vinculación del estudio PPV era todavía un trascendido, la prensa uruguaya le preguntó al exministro de Economía Ignacio de Posadas sobre su vinculación y la de su estudio con este caso. El exministro durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-95) fue parco, pero contundente: “es un invento. Ya salió, ya está la justicia suiza y la justicia brasileña en eso. Nosotros no tenemos nada que ver, y yo menos, estoy retirado. El estudio sigue con mi nombre porque lleva el nombre de mi padre, pero eso ya está todo aclarado y no tuve ningún vínculo”.

Pero no era cierto. Es que no solo su estudio está claramente involucrado según las pruebas aportadas por el Ministerio Público, sino que además existe un dato que resulta esclarecedor: en 2008, Ignacio de Posadas en persona era director de Merril Lynch, Pierce Fenner & Smith Uruguay S. A., la sucursal uruguaya del banco que le abrió la cuenta a Cunha en Suiza.

Bellfield Investments PTE Ltd. es el nombre de otra offshore que el estudio PPV puso al servicio del esquema, pero esta vez fue usada por el exministro brasileño de Turismo Henrique Eduardo Lyra Alves, un hombre fuerte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del expresidente Michel Temer.

La empresa creada a mediados de 2008 tiene su domicilio en Singapur, pero los apoderados son el uruguayo Luis María Piñeyrúa Pittaluga y el argentino Jorge Haiek Reggiardo, funcionarios del estudio PPV y directores de decenas de empresas gestionadas desde la oficina de la calle Mones Roses, en el exclusivo barrio montevideano de Carrasco.

A pesar de todas estas pruebas, no hubo nadie en la justicia uruguaya que investigara la participación de los integrantes de ese estudio en la corrupción que financió Odebrecht. Donde sí se promovió una investigación sobre este y otros bufetes fue en la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La indagatoria, sin embargo, se demoró tanto que cambió el gobierno y el expediente cayó en manos del nuevo director Jorge Chediak, quien no dudó en archivar el caso sin mayores consecuencias, según informó La diaria.

El paraíso de los doleiros

En Uruguay hay una lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, que incluye a bancos, abogados, contadores, estudios jurídicos que crean sociedades, entre otros. Pero la mayor parte de las investigaciones por lavado de activos que se realizan en Uruguay son consecuencia de denuncias posteriores de terceros.

Esta falta de reportes de operaciones sospechosas fue la que benefició a dos cambistas (doleiros en portugués) brasileños que se instalaron en Uruguay para prestar sus servicios al esquema de lavado de Odebrecht. Nadie los reportó nunca. Solo cuando sus nombres aparecieron en O Globo y Sudestada, el cerco sobre ellos comenzó a cerrarse. Se trata de Vinicius Claret Vieira Barreto (alias Juca Bala) y Claudio Fernando Barbosa de Souza (alias Toni). Esta vez las operaciones no se realizaban en el distrito financiero de Montevideo sino a 150 kilómetros, en Punta del Este.

Allí, un hombre de unos 50 años, calvo y en buena forma física, atendía un local de venta de tablas de stand up paddle. Este comercio era la fachada perfecta para el negocio realmente lucrativo de Juca Bala, quien resultó ser uno de los cambistas más nombrados por los exfuncionarios de Petrobras y Odebrecht. Cumplía un rol fundamental: recibía el dinero en sus cuentas y los derivaba a las de los receptores de las coimas en diferentes paraísos fiscales.

Para ello, según confesó Olivio Rodrigues, otro cambista preso en Brasil conocido como Gigolino, Juca Bala utilizaba las cuentas bancarias de varias empresas. Gigolino Rodrigues también aparece en la mayor parte de las transferencias de sobornos de Odebrecht para empresas de funcionarios y empresarios ecuatorianos.

Juca y Toni enfrentan una condena judicial por su participación en la trama, luego de haber sido extraditados desde Uruguay a Brasil, en diciembre de 2017.

Los cambistas también se relacionaron con abogados para volverse más eficientes. Uno de estos casos es el del estudio Algorta & Asociados, cuyo principal Óscar Enrique Algorta Rachetti, es uno de los nombres que más aparece en esta trama de blanqueo de capitales.

Su nombre también surge en los documentos que incriminan a Betingo Sanguinetti con el lavado a través de BPA, pero en este caso el vínculo era más profundo. Algorta, además, aparecía como beneficiario de una cuenta con 23 millones de dólares en esa institución, según las pruebas que analizó la justicia de Andorra.

Algorta Rechetti logró eludir a la justicia, tanto en Uruguay como en Brasil, a pesar de los intentos de este país de llamarlo a declarar. Aparece relacionado con los cambistas Juca y Toni, quienes habían recurrido a sus servicios para blanquear el dinero del exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral.

Los hermanos Renato y Marcelo Hasson Chebar, los doleiros encargados de lavar los fondos de Cabral, se vieron desbordados por el volumen de dinero ilícito. Así fue que se contactaron con Juca, con quien acordaron un sistema de lavado más profesional, que permitió blanquear a través de la plaza financiera uruguaya más de 100 millones de dólares.

El papel de Algorta en este asunto era poner a disposición una cuenta en el Banco Pictet de Suiza, que era controlada por su secretaria, María Esther Campa Solares. Por si estos vínculos “comerciales” resultaran escasos, Algorta y Juca compartieron, además, el directorio en dos empresas panameñas.

Este abogado, nacido en 1953, tiene otra offshore que intervino en el trasiego de coimas de Odebrecht. Se trata de Strategic Engineering, en las que aparecía como beneficiario final y compartía su gestión con otros dos operadores: el italiano Guido Verme y el inglés Peter Glazier. Así lo reveló Luiz Augusto França, otro doleiro que fue funcionario del Meinl Bank desde Sao Paulo.

França ubicó a Algorta como beneficiario de la cuenta de Strategic Engineering, a pesar de que en realidad pertenecía a Odebrecht. “Esa cuenta fue cerrada en 2015 en razón de la operación Lava Jato”, explicó França. Había sido abierta por Gigolino, quien fue el responsable de crear un total de 19 cuentas para Odebrecht. Pese a la insistencia de Brasil, la investigación sobre Algorta no avanzó. Y en Uruguay tampoco hubo un proceso en su contra.

La presencia uruguaya también aparece relacionada con los sobornos pagados en otros países. En Perú, por ejemplo, se cobraron coimas a través de la sociedad Wircel, otra empresa fantasma creada en Montevideo, en 2013, presidida por el uruguayo Néstor Gustavo Cardozo García, quien comparte directorio en varias offshore con miembros del estudio PPV. Wircel fue utilizada por el exgobernador de Cusco Jorge Acurio Tito para justificar un “Acuerdo de asesoramiento de inversiones inmobiliarias” a fin de cobrar 3 millones dólares de Odebrecht.

Wircel nació a los efectos legales en la enigmática oficina 410 de la calle Rincón 610, aunque en realidad ese departamento no existe. Sin embargo, en el número 402 del mismo edificio tiene su sede NGC Consultores, cuyo nombre coincide con las iniciales del uruguayo Cardozo García, quien preside la sociedad, según los registros públicos.

Esa misma oficina “fantasma” de la calle Rincón figura como el domicilio de la empresa Pribont Corporation S. A., una sociedad de papel que fue usada para pagar coimas en Argentina. Pribont recibió dinero destinado al argentino Manuel Vázquez, asesor del exministro de Transportes argentino Ricardo Raúl Jaime, según las autoridades brasileñas, que sería una coima por el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, concedida a Odebrecht. Allí también intervino una vez más el uruguayo Betingo Sanguinetti moviendo sus hilos en BPA, a fin de agilizar el pago de coimas.

Además, Odebrecht usó al menos cinco empresas offshore que depositaron 11,2 millones de dólares en dos bancos, que luego giraron el dinero a la sociedad anónima uruguaya Sabrimol Trading, una empresa fantasma que funcionaba en Zonamérica. Estos movimientos se relacionaron con el contrato para un sistema de potabilización en Paraná con la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA).

Sabrimol estaba presidida por Carlos Dentone, un abogado uruguayo, jubilado desde 2014, quien admitió al diario argentino La Nación haber integrado su directorio, pero sostuvo que en realidad el dueño era el argentino Jorge Corcho Rodríguez.

Sabrimol recibió 4,8 millones de dólares de Klienfeld; 2,1 millones de dólares de Select Engineering Consulting and Services; 1,5 millones de dólares de Innovation Research Engineering and Development Ltd., y 315 mil dólares de Trident Inter Trading Ltd. Cuatro empresas cuyos nombres se repiten en los pagos de sobornos a lo largo de Latinoamérica y manejaron millonarias cantidades de dinero.

No hubo condenas judiciales en Uruguay por la febril actividad de blanqueo de la fantasmagórica Sabrimol Trading.

Uruguay no fue un botín para la corrupción de Odebrecht. No realizó obras que le permitieran sobornar a funcionarios públicos, empresarios o dirigentes políticos, pero sí fue una pieza fundamental en el andamiaje que montó para ocultar el origen y el destino de su dinero ilícito. Al final de cuentas, además de una guarida idónea para ocultar el origen ilícito del dinero, Uruguay resultó también una garantía de impunidad para operadores, intermediarios y testaferros. (I)

*Este artículo forma parte de la serie ‘Viaje al centro de Lava Jato’, realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), EL UNIVERSO (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).