Esta semana no se presentará la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, como lo anticiparon los bloques legislativos que representan al correísmo y al socialcristianismo en la Asamblea Nacional. Ellos necesitan una semana más para ponerse de acuerdo en las causales y en las firmas que respaldarán el pedido.

Hasta el momento no está definido quién o quiénes serán los interpelantes, y tampoco los dos aliados legislativos (UNES-PSC) coinciden en las causales. El Partido Social Cristiano a través de su coordinador de bancada, Esteban Torres, este 8 de marzo, ratificó que los 16 asambleístas que integran el bloque no apoyarán y menos con sus firmas si UNES insiste en incluir como causal del juicio el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución, que se refiere a delitos contra la seguridad del Estado, únicamente se centrará en la causal.

En tanto que la legisladora de UNES Gissela Garzón aseguró que la decisión del bloque correísta es que el planteamiento del juicio al primer mandatario es mantenerlo dentro de las causales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución. La segunda causal se refiere a delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

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Después de apoyarlo, PK y la ID se desmarcan del informe El Gran Padrino; mientras, el correísmo solicitaría juicio político a Guillermo Lasso el viernes

Lo que también contribuye al ambiente de incertidumbre por la presentación del pedido de juicio al presidente de la República es la actividad virtual que ha mantenido la Asamblea durante toda esta semana, que ha complicado las reuniones presenciales de los integrantes de las bancadas. La legislatura este jueves 9 de marzo se reunirá en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, por los 488 años de fundación.

Posiciones

La bancada socialcristiana no respaldará con sus firmas un texto de solicitud de juicio político al primer mandatario en el que no participe en su construcción; por ello, la tesis del PSC no ha cambiado respecto a que no se debe incluir en el proceso la causal 1 del artículo 129 de la Constitución, advirtió el coordinador de la bancada, Esteban Torres.

Torres habló de que se necesita una semana más para presentar la solicitud de juicio, porque aún se continúa dialogando respecto a la configuración del texto que necesita de preparación para que pase por el filtro de la Corte Constitucional.

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Añadió que muchas personas, incluidos asambleístas, pensaron que esto del juicio iba a ser automático luego de la aprobación del informe en el nivel legislativo; “hay que ser serios en el texto y eso es algo que se dará en unos días más; creo que el juicio político se podría presentar la próxima semana entre el jueves y viernes”, anotó.

El representante de Tungurahua por el PSC aclaró que aún no existe ponente en el juicio al primer mandatario, que nada está cerrado, que este proceso avanza y en algún momento habrá reuniones con los demás integrantes del Parlamento.

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Torres ratificó que el PSC considera que no hay méritos de un juicio político al presidente Guillermo Lasso por la causal 1 del artículo 129 de la Constitución; “nosotros vemos una posible causal fuerte por el numeral 2 del 129″.

Dentro de la bancada UNES se habla de que la asambleísta Viviana Veloz sea la interpelante en el juicio al primer mandatario por “liderar la comisión ocasional de manera exitosa”, resaltó la legisladora Gissela Garzón, aunque esto no deja de lado que cualquier otro asambleísta pueda asumir el reto.

A Garzón no le sorprenden las declaraciones de las otras bancadas que inicialmente apoyaron el informe sobre la investigación relacionada en el caso El Gran Padrino, y que ahora anuncien que no apoyarán el juicio contra el presidente Guillermo Lasso. Seguramente “cotizan su voto, presionan al Gobierno y entonces buscan algo más seguramente de cara al juicio político”, sostuvo.

En esta etapa previa a la formulación del juicio hay cálculos políticos, afirmó Garzón, si no fuera así “cómo aprueban un informe que dicen que está mal hecho”; es decir, “o no leyeron el informe o efectivamente lo que hicieron es usar el voto para presionar al Gobierno y cotizarlo al alza”.

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La representante de Pichincha manifestó que no es responsabilidad de UNES quedarse solos en la presentación del pedido de juicio, pues afirmó que su bancada sigue en la perspectiva de sacar de la crisis al país utilizando los mecanismos constitucionales, pero quienes deben responder son las bancadas que “ahora quieren lavarse las manos o bajarse de este momento”.

Al momento, añadió Garzón, se trabaja en el documento para presentar la solicitud de juicio tomando en cuenta que el informe como tal no es igual que el juicio político; y que el planteamiento de UNES es que no sea únicamente la bancada correísta quien presente el pedido de interpelación, sino que se sume otra bancada y para eso están en conversaciones con el sector socialcristiano.

La representante del Azuay en la bancada Pachakutik, Sofía Sánchez, rechazó la afirmación de su colega Gissela Garzón de que la posición de su bancada responda a un cálculo político, pues quienes calculan son aquellos que “ocultaron información en el informe por ciertos intereses políticos y partidistas”.

Sánchez aclaró que sin el referente del informe se puede iniciar un juicio político al primer mandatario; por lo tanto, si algún bloque cuenta con las firmas y las pruebas puede iniciar el proceso, pero el hecho es que se requieren de pruebas contundentes que vinculen directamente al presidente de la República si ha cometido cohecho o peculado; pero en el informe aprobado no existen esas pruebas, afirma.

Su coideario Salvador Quishpe anunció que el bloque Pachakutik no firmará el pedido de juicio que anuncian los correístas contra el primer mandatario, que en los próximos días habrá un consejo político nacional del movimiento para evaluar y analizar su posición frente al juicio. En ese escenario se tomará una decisión, porque es un tema bastante delicado.

La legisladora Yeseña Guamaní, quien fue separada de la bancada Izquierda Democrática, indicó aún no toma una decisión. Ella asegura que son diez los legisladores de la ID que están en esa posición y que coincide con el PSC de que apoyarán un eventual juicio político al primer mandatario si en el expediente se incluye únicamente la causal 2 del artículo 129 de la Constitución, “por omisión del presidente, en no tener acciones claras respecto a los lamentables actos de corrupción que terminan quitando recursos a los ecuatorianos”.

Si en el expediente del juicio se incluye la causal 1 del artículo 129 de la Constitución, seguramente la bancada de la Izquierda Democrática no estaría apoyando, porque esa causal no se sostiene, apuntó. (I)