A un año y cinco meses de que se registró el ataque y posterior incendio del edificio principal en Quito de la Contraloría General del Estado (CGE), en medio de las protestas sociales contra las medidas económicas que había adoptado el Gobierno del presidente Lenín Moreno, la jueza penal de Pichincha Ana Guerrón llamó a juicio a las 27 personas procesadas por participar en los hechos.

La decisión de la jueza llegó luego de tres días de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que el fiscal general subrogante Wilson Toainga, el abogado de la CGE —institución que es acusadora particular en la causa— y los abogados de los 27 acusados participaron. En la primera parte de la diligencia, la jueza Guerrón no encontró vicios de nulidad y declaró la validez de lo actuado.

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La Fiscalía acusó a los 27 procesados de delitos como sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros. Toainga enumeró durante la audiencia una serie de elementos de convicción, que en juicio se transformarán en pruebas, que demostrarían la participación de cada uno de los acusados en los hechos analizados.

La investigación de lo ocurrido en la CGE hace parte de uno de los 819 casos que, a octubre de 2020, la Fiscalía abrió a nivel nacional, ya sea por una denuncia o de oficio, por algún tipo de delito penal que ocurrió entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, durante las protestas sociales contra el decreto 883, con el que se pretendía eliminar los subsidios al diésel y a las gasolinas extra y ecopaís.

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Con el auto de llamamiento a juicio emitido contra todos los procesados, para la CGE, que se pronunció mediante un comunicado, la jueza declaró la validez de las actuaciones fiscales y los elementos de convicción presentados para que se investigue el cometimiento de los delitos de paralización de servicio público, destrucción de registros y sabotaje, tipificados en los artículos 346, 347 y 345 del Código Orgánico Integral Penal.

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Según la Contraloría, los implicados fueron detenidos por la policía en el interior del edificio matriz de la CGE, principalmente en la terraza del inmueble. En el comunicado se recordó que en marzo de 2020 Guerrón aceptó el pedido de nulidad expuesto por varias defensas de los procesados, que argumentaba la falta de una pericia de interculturalidad, hecho que retrasó el proceso más de un año.

Los 27 procesados detenidos el 12 de octubre de 2019 serían 26 hombres y una mujer, la mayoría de edades no mayores a los 22 años, y al menos 25 de ellos tienen origen indígena.

Para Mariana Yumbay, defensora de varios de los acusados, no se ha demostrado que los 27 “compañeros” hayan destruido la Contraloría. Ella insiste en que debe existir una investigación de lo que sucedió en el interior del edificio de la CGE y que se encuentre a los culpables, pero asegura que ese trabajo no lo ha hecho la Fiscalía.

“Nosotros estaremos hasta las últimas consecuencias defendiendo que la protesta no se puede criminalizar”, indicó Yumbay.

Ernesto Pazmiño, abogado de Lenín Y., Segundo P. y Danny F., está convencido de que el llamamiento a juicio se trata de un asunto político: “La jueza actuó por presión política y mediática (...). No existe en la instrucción fiscal evidencia de que se cometió el delito de destrucción de archivos y no hay certeza de ninguna participación delictiva de los acusados”.

Según un comunicado de la Contraloría, durante la etapa de juzgamiento no se permitirá acceso a personas que no pertenezcan a las partes procesales y no será público. En la diligencia, que se dará en el auditorio del Complejo Judicial Norte (Quito), participarían aproximadamente 60 personas, entre abogados y procesados. (I)