Un juicio político y el proceso electoral 2023 en ciernes pondrían en aprietos al Consejo de Participación Ciudadana, que debe elegir autoridades de diez organismos de control

Con las aspiraciones políticas de cinco —de los siete— vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de reelegirse en sus cargos en las elecciones seccionales de febrero del 2023 y un juicio político que se acerca en la Asamblea Nacional, un escenario incierto enfrentaría el desarrollo de diez concursos de elección de autoridades de control del Estado que están represados.

Antes del 2019, estos siete consejeros se elegían por concursos de méritos, oposición e impugnación ciudadana. Pero luego de los resultados de la consulta popular del 2018, la población decidió que se elijan con el voto popular en los comicios que se realizan cada cuatro años para elegir a los alcaldes, concejales, prefectos y miembros de juntas parroquiales.

De esta forma, será la primera vez que sus vocales se enfrentarán a la disyuntiva de equilibrar su participación en un proceso electoral y cumplir con su tarea de dirigir los concursos de méritos para elegir autoridades.

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María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Javier Dávalos, David Rosero y Francisco Bravo son los consejeros en funciones que inscribieron sus precandidaturas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la búsqueda de la reelección. Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, y Sofía Almeida no lo hicieron.

En la víspera se evacúa la etapa de impugnación a una resolución del CNE en la que se decidieron calificar 22 postulaciones, entre las que están las de cuatro vocales, y se negó la inscripción de 168 aspirantes, entre ellos Francisco Bravo, por estar incursos en inhabilidades o incumplimiento de requisitos de ley.

Una vez que se resuelvan estos recursos, que los pueden presentar los precandidatos o la ciudadanía, incluso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el Consejo Electoral prevé tener lista la nómina de candidatos que estarán en la papeleta definitiva, las primeras semanas de octubre.

Entonces se activará el ejercicio político para dar a conocer sus propuestas de trabajo y por qué quieren llegar a ese cargo; al tiempo, el CNE debe elaborar la publicidad electoral para promocionarlos, pues ellos están impedidos de recibir aportes económicos o el respaldo de movimientos o partidos políticos.

Bajo ese contexto, el Consejo de Participación Ciudadana tiene represados concursos de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir a 49 autoridades de diez organismos.

Desde el 2021, en los periodos presidenciales de Sofía Almeida y Hernán Ulloa no se ha logrado conformar ninguna comisión ciudadana de selección, cuyo encargo es el de ejecutar los concursos y que está integrada por cinco representantes de la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social).

Para enumerar, en septiembre del 2021 se convocó a la conformación de la comisión ciudadana para elegir al titular de la Defensoría Pública, que tiene prorrogado en funciones desde el 2019 a Ángel Torres Machuca.

En octubre del 2021 se llamó a inscribirse para la comisión que elegirá a la autoridad de la Contraloría General del Estado, en la que Carlos Riofrío está prorrogado desde mayo del 2022.

El noviembre del 2021, para ser parte de la comisión que renovará parcialmente a dos vocales principales y dos suplentes del Consejo Electoral, que están prorrogados desde ese mes.

Este 19 de agosto se abrió la convocatoria para la comisión que elegirá a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, que tiene como encargado a César Córdova desde septiembre del 2021.

Para la renovación de cuatro jueces, dos principales y dos suplentes, del Tribunal Contencioso Electoral se prevé convocar el 5 de septiembre.

Otros seguirán a la espera para septiembre y octubre, como el de los 25 representantes de la sociedad civil ante los Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI), los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional y Pluricultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), los dos delegados ante el Comité Intersectorial de Desarrollo de Fronteras.

Mediante ternas del Ejecutivo, se debe elegir a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de la Superintendencia de Datos.

A esto se suma que, en la Asamblea Nacional, las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), del Partido Social Cristiano (PSC) y otros asambleístas independientes impulsan un juicio político a cuatro vocales: Rivadeneira, Estupiñán, Ulloa y Bravo.

Con esa perspectiva, lo que se avecinaría es que los consejeros que sean electos en el 2023 sean quienes lleguen a dirigir los concursos públicos. Así lo cree el consejero Javier Dávalos.

“No creo que el tema pase por la reelección de algunos de nosotros. Lo que pasa es que no se están eligiendo autoridades porque al Gobierno no le interesa que avancen los concursos. Por ejemplo, la designación del contralor no ha avanzado en los últimos seis meses (en que Hernán Ulloa está en la presidencia) porque están felices con Carlos Riofrío como contralor. Yo podría asegurar que este Consejo no va a nombrar a un nuevo contralor, y no porque estemos sin tiempo o porque estemos de candidatos, sino porque al Gobierno no le interesa que se elijan. Nada es casualidad; las cosas pasan por algo”, advirtió.

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Él está postulando por la reelección y, mientras su candidatura no esté en firme, ofrece seguir trabajando. Pero, cuando empiece la campaña electoral, prevista para entre el 3 de enero y el 2 de febrero del 2023, se acogería a lo que establece la ley para estos casos.

Se refiere a que en el segundo inciso del artículo 93 del Código de la Democracia se estipula que aquellos “dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral”.

Dávalos aclaró que la ley los obliga a pedir licencia, pues “no tiene sentido que durante la campaña estemos ejerciendo como consejeros”. Aunque, si no puede acogerse a esta norma, no descarta pedir vacaciones.

Una postura distinta tiene su oponente en el pleno. La vicepresidenta del CPCCS, María Fernanda Rivadeneira, es optimista y cree que, al terminar el periodo para el cual fue electa, lograrán elegir a los titulares de la Contraloría, la Defensoría Pública y renovar las consejerías del CNE.

También, a las nuevas autoridades de la Procuraduría General del Estado y de la Superintendencia de Datos, que se realizan por ternas enviadas por la Presidencia de la República y que conllevan menor tiempo, porque se revisan los requisitos de los candidatos, se convoca a la impugnación ciudadana y presentan un plan de trabajo.

La consejera se comprometió a seguir trabajando “hasta el último minuto”. “(Y) demostrar al país todo lo que he hecho desde mi posesión en este cargo. No he pactado con nadie; he respondido a mis actuaciones de forma legal y constitucional”, reflexionó.

Pero a la par de aspirar a la reelección, está siendo observada por el Legislativo en el trámite del juicio político, en el que asegura que demostrará por qué hay fuerzas que quieren tomarse el Consejo y, aún más, “cuando alguien es independiente e incómoda al poder”.

“Porque no he respondido a ningún partido político, sino a lo que dice la Constitución y la ley; eso les incomoda. Me han criticado (…), pero ha valido la pena. Esto ha sido un aprendizaje”, añadió.

Entre tanto, si alguno de los consejeros opta por pedir licencia o vacaciones, o si son censurados y destituidos por el Parlamento, hay solo dos vocales suplentes que podrían principalizarse, pues fueron posesionadas en el 2019: Mariuxi Mosquera (candidata a la reelección en el CPCCS) y Karina Ponce.

Restan tres días para impugnar la decisión del Consejo Electoral de calificar 22 precandidaturas y descalificar otras 168 al Consejo de Participación Ciudadana

Solo quedan esas dos suplentes debido a que Estupiñán, Dávalos, Rosero, Ulloa y Bravo se principalizaron luego de que se censuró y destituyó por juicios políticos a Carlos Tuárez, Walter Gómez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Christian Cruz.

En todo caso, este cuerpo colegiado se aproxima a terminar el periodo 2019-2025 en el que se ha elegido a apenas tres autoridades por ternas del Ejecutivo: Pablo Iglesias, como superintendente de Ordenamiento Territorial; Marco López, superintendente de Compañías; y Xavier Muñoz, como vocal del Consejo de la Judicatura. (I)