Un exjuez constitucional y una exjueza electoral participan para ser comisionados en la elección de los vocales del CNE

El concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha motivado a varios actores políticos a buscar ser parte de la comisión ciudadana que elegirá a estas autoridades. Entre ellos se encuentran dos exjueces.

El artículo 218 de la Constitución establece que el CNE se conformará por cinco vocales principales y suplentes, y se renovará cada tres años: dos vocales en una primera ocasión y tres en la segunda.

Bajo ese marco legal, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) organiza el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para designar a dos vocales electorales principales y suplentes, que concluirá entre mayo y junio.

Previamente, debe conformar la comisión ciudadana que realizará el proceso y elegirá a las autoridades, para lo que el pasado 21 de diciembre admitió a 60 postulantes que cumplieron requisitos y que no estarían incursos en inhabilidades, de acuerdo con el informe de un equipo técnico. El reglamento para la integración de la comisión ciudadana establece como prohibición, en su artículo 13, numeral 8, el haber sido “directivo de partidos o movimientos políticos y/o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en los dos últimos años”.

55 postulantes a comisión que designará vocales electorales no cumplieron requisitos

Para ser parte de la comisión ciudadana se postularon 115 ciudadanos, de los que se 60 fueron admitidos y 55 no sobrepasaron esta etapa.

Entre los admitidos está Roberto Bhrunis Lemarie, quien fue juez de la Corte Constitucional para el periodo de Transición.

El exmagistrado fue también postulado por el expresidente Rafael Correa para ser candidato a la conformación de la primera Corte Constitucional, que designó una Comisión Calificadora que la presidió Pamela Martínez, exasesora de Correa y sentenciada en el caso Sobornos.

Bhrunis se postuló para ser comisionado ciudadano y se autodefinió como montuvio.

Fue admitido al no estar incurso en prohibiciones, según el informe técnico que elaboró un equipo de ocho personas designadas por los consejeros del CPCCS de mayoría: David Rosero, Sofía Almeida, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán.

Después de dejar la Corte, Bhrunis se candidatizó a asambleísta en los comicios del 2017 por el movimiento Fuerza Compromiso Social (ahora Revolución Ciudadana).

En los recientes comicios presidenciales del 2021, fue nuevamente candidato a asambleísta por la provincia de Los Ríos, auspiciado por la alianza Honestidad, que la integraron el movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano.

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Entre otros participantes está Íngrid Rassa Parra, quien fue candidata a ser jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el 2012; y en lo político, fue candidata a ser parlamentaria andina por la alianza Izquierda Democrática (ID), Pachakutik (PK) y Unidad Popular en los comicios del 2017.

María de los Ángeles Bones, exjueza encargada del Tribunal Contencioso Electoral, también se postuló para ser comisionada ciudadana.

Ella fue designada como jueza electoral por el extinto Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que presidió Julio César Trujillo.

También busca participar Cristiam Pabón Vásquez, exdelegado provincial del CNE en Carchi.

Otros 55 postulantes a la comisión que no fueron admitidos incurrían esencialmente en la prohibición establecida en el artículo 12, numeral 4 del reglamento: “No acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos”.

El 27 de diciembre pasado, el CPCCS aprobó el informe de admisibilidad de los diez delegados de las funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial y de Transparencia y Control Social, que concluía que todos cumplieron requisitos.

En el caso de la función Electoral, Roberto Bravo se ha desempeñado en el área de Comunicación del CNE y María Soledad Saltos es técnica del TCE.

La función Judicial delegó a Luis Toala Bazurto y María Dolores Grijalva Ojeda. La Presidencia de la República postuló a Andrea Romo Pérez, funcionaria de la Vicepresidencia de la República, y Franklin Rojas Torres, que ocupó cargos como intendente en el Azuay.

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La función de Transparencia delegó a Marco Pacheco, funcionario de la Defensoría del Pueblo, y María Ocampo Miño, de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.

La Asamblea escogió a David Lucero Villarreal, técnico legislativo, y María Corredores Racines, asesora legislativa.

Concluida la etapa de admisibilidad, el equipo técnico del Consejo procederá a calificar —sobre 50 puntos— los méritos de los 60 postulantes de la ciudadanía admitidos.

Luego, se realizará el sorteo público de los 30 mejor calificados, quienes pasarán a la etapa de impugnación ciudadana, a la que se unirán los diez delegados de las funciones del Estado, para finalmente conformar la comisión ciudadana. (I)