El jurista Álex Guamán presentó al Consejo de la Judicatura (CJ) un “desistimiento del desistimiento” a la denuncia que puso en contra del presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, por supuestamente no gestionar a tiempo el pedido de extradición desde Bélgica del expresidente Rafael Correa, sentenciado por cohecho en el caso Sobornos.

Guamán envió un escrito en el que dice que, “en virtud de un presionado desistimiento de la denuncia” que puso contra Saquicela, “se dignen dejar sin efecto tal desistimiento”. Y expone tres argumentos legales y constitucionales:

Primero, que “la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 75.3, reconoce como una de las garantías básicas del derecho al debido proceso el principio de legalidad, a través de un procedimiento aplicable al caso concreto claramente prestablecido. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 82 ibídem”.

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Segundo, que “la Corte Constitucional, en sentencia N.º 3-19-CN /2O de 29 de julio de 2020, se pronunció en el sentido de que la aplicación del artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial es constitucional condicionado a que previo al eventual inicio del sumario administrativo en el Consejo de la Judicatura contra un juez, fiscal o defensor público, se realice siempre una declaración jurisdiccional debidamente motivada de la existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable; y que tal declaración deberá ser efectuada por un juez o tribunal del nivel superior inmediato que conoce un recurso”.

Tercero, que “el artículo 113 del Código Orgánico de la Función Judicial corresponde el ejercicio de la acción disciplinaria al Consejo de la Judicatura, por tanto, ese órgano es el competente para receptar, tramitar y resolver las quejas o denuncias respecto de infracciones disciplinarias, misma que recayó en una suspensión de 90 días la sanción disciplinaria y en base a los irrefutables medios de prueba presentados que determinaron la comisión de la infracción disciplinaria por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, donde no existe después de la sanción disciplinaria la procedencia de un desistimiento en esta normativa legal”.

Junto con este pedido, Guamán presentó una copia de la denuncia penal que, a su vez, presentó contra Saquicela por ejercer presiones para el desistimiento de la denuncia.

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Guamán aseguró que recibió llamadas amenazantes por parte del magistrado y que se reunió con sus colaboradores, que lo llevaron a una notaría para que elaborara el escrito y después lo ingresara en el CJ.

Según él, fue “obligado a suscribir un desistimiento de la denuncia interpuesta ante sus autoridades”. Por ello, insiste en “que se inobserve tal desistimiento, que a más de ilegal e improcedente fue dolosamente obligado a firmarlo”.

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Agregó que no ha acudido a reconocer la firma y rúbrica del desistimiento.

La denuncia de Guamán fue uno de los sustentos del inicio de sumarios administrativos contra Saquicela, quien fue suspendido por 90 días.

El magistrado, no obstante, presentó una acción de protección para dejarla sin efecto. Al mediodía de este 30 de mayo se conocerá la decisión del juez de la causa. (I)