Tribunal de la Corte de Pichincha analizará apelación a la nulidad definida en caso en el que son procesados Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo

A menos de dos semanas de que la jueza penal de Pichincha Verónica Medina declaró la nulidad de lo actuado en la etapa de instrucción fiscal dentro del caso por delincuencia organizada en el que eran investigados el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y cinco personas más, un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mañana jueves, analizará la apelación interpuesta contra esa sentencia de nulidad.

La apelación fue planteada por la fiscal que lleva el caso, Lidia Sarabia, pues no estaba de acuerdo con que existía una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa. Los jueces provinciales de la Sala Penal de la Corte de Pichincha Ricardo Vaca, Miguel Narváez y Anacélida Burbano serán los encargados de la diligencia.

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El 25 de junio pasado, la jueza Medina dijo que “claramente se especificó la vulneración de los derechos, no solo de uno sino del universo de los procesados, y con base en esta vulneración incluso se vulnera todo el procedimiento realizado posteriormente”. La declaratoria de nulidad hace que el proceso se retrotraiga a la etapa de investigación previa que es en donde se ubicó la violación.

La fiscal Sarabia de forma oral en esa audiencia anunció que apelarán el auto de nulidad, pues, afirmó, ella observó “el debido proceso y ha dado los derechos que asisten a las partes dentro de esta presente causa”.

En este caso son investigados, además de Bucaram Ortiz y Bucaram Pulley, el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro B., los ciudadanos Bryan P., Verónica A., Isabel M. y el israelí Sheinman Oren.

La Fiscalía investigaba inicialmente a nueve personas por supuestamente haber planificado y ejecutado actividades delictivas, entre marzo y octubre de 2020, dentro de la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria. Pero dos se sometieron al procedimiento abreviado y fueron sentenciadas.

El 15 de abril pasado, la jueza María Elena Lara, quien fue recusada por las defensas de los Bucaram y dejó la causa, resolvió los pedidos de procedimiento abreviado planteados por los también exagentes de la AMT procesados Cléver A. y Samuel S. Ambos fueron sentenciados a cinco años de cárcel, luego de que consintieron expresamente tanto la aplicación del procedimiento abreviado como la admisión del hecho que se les atribuye.

La resolución de nulidad emitida por la jueza Verónica Medina, según la fiscal general, Diana Salazar, no significa que se ha llegado a determinar la no responsabilidad de las personas investigadas. Salazar explicó que se declaró la nulidad por temas como la falta de notificación durante la investigación previa. “Eso significa que la Fiscalía tiene la obligación de golpear la puerta de la persona investigada o procesada y decirle sabe que voy a detenerle en 72 horas, porque ese es el argumento de la jueza. (...) Lo que pasa es que buscan estrategias jurídicas para evadir la acción de la justicia, pero no se atreven a decir que no existe responsabilidad”.

Para la fiscal Salazar la decisión de la jueza de primer nivel lo que ha causado es el retardo de la acción de la justicia, pero afirmó que los casos no quedarán en la impunidad. De ratificarse la nulidad, la Fiscalía deberá volver al momento procesal que se dice se vulneró el derecho y respetando los tiempos judiciales, el caso podría tomar seis meses para nuevamente estar en una etapa de evaluación y preparatoria de juicio.

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Que la decisión de la jueza Medina debería ser en estricto derecho ratificada por los jueces provinciales de Pichincha es la expectativa que mantiene Alfredo Arboleda, abogado del expresidente Bucaram. Pese a ello, él aclara que eso debería suceder si no existe ninguna presión o injerencias usando medios de comunicación para decir que se va a investigar a los funcionarios.

“Lo que se debería resolver es que los jueces en mérito de lo actuado dentro del expediente puedan actuar, sean libres de poder decidir en derecho lo que corresponda. Ojo en derecho. Si a una persona la fiscal general del Estado dice que le van a hacer una investigación, obviamente va a existir cierta influencia en lo resuelto. Lo que tienen que permitir es que el estado de derecho actúe, reine y prime”, apuntó Arboleda.

Según la jueza Medina, la nulidad irá a costa de la fiscal Sarabia, pues dijo, durante la lectura de su resolución, que la funcionaria de Fiscalía ha “actuado con absoluta deslealtad procesal” e incluso, apuntó, “ha presentado hechos que no han podido ser respaldados”.

Pese a que está la diligencia definida para las 16:30 de este jueves, existe una posibilidad de que no se instale, refirió Arboleda. La tarde del martes último, el expediente del caso habría sido remitido a la jueza de origen para que responda algunos pedidos de los sujetos procesales que estaban pendientes.

Una vez se resuelvan esos temas, mencionó el abogado del exmandatario, el expediente debería subir a conocimiento de los jueces provinciales, hasta el momento la diligencia no ha sido diferida oficialmente. (I)