Tribunal de Apelación delibera decisión en caso Singue; Fiscalía pide se desechen los argumentos de los siete sentenciados por peculado

Sin una decisión de los jueces penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Luis Rivera, Daniella Camacho y Felipe Córdova, es como se suspendió, la noche del viernes último, la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia que siete procesados recibieron por el delito de peculado dentro del caso Singue. No existe aún fecha para la reinstalación en la que se conocerá la decisión oral que se tome.

Los magistrados decidieron suspender la diligencia luego de casi ocho horas en las que se escucharon los alegatos de apelación planteados por el exvicepresidente Jorge Glas; el exministro y exviceministro de Hidrocarburos Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente; César Guerra, gerente del consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue; los exfuncionarios públicos Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos; el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y Natalia Cevallos, de la Procuraduría General del Estado, acusadora particular de la causa.

Al final de la diligencia, el Tribunal permitió que intervengan los sentenciados. Solo lo hicieron Donoso, Burgos y Cazar; mientras que Pástor, que estuvo en la sala, no quiso hablar. Pareja Yannuzzelli y Guerra para la segunda parte de la audiencia no se conectaron por vía telemática y el exvicepresidente Glas no se conectó en ningún momento a la diligencia, pues estaba en aislamiento en la Cárcel 4, luego de haber dado positivo por COVID-19.

Que no existe delito y tampoco afectación económica al Estado en el caso Singue, aseguran las defensas de Jorge Glas, Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor

En primera instancia se resolvió que existía la responsabilidad de los procesados en un peculado que se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo Singue, entregado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC).

El fiscal Toainga señaló en su intervención que en la audiencia de juzgamiento de enero de 2021 se demostró el delito de peculado cometido al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo Singue al consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil. Además, apuntó que se dispuso arbitrariamente del campo petrolero, lo que causó un perjuicio al Estado ecuatoriano.

A diferencia de los abogados de los sentenciados, quienes aseguraron que en este caso debía declararse la nulidad absoluta del proceso por la violación de trámite, que no existía el delito de peculado que se acusaba y que no se ha demostrado que hubo un perjuicio para el Estado, tanto la Fiscalía como la Procuraduría insistieron en que en este caso el delito ha sido demostrado y que se evidenció en la audiencia de juzgamiento que la afectación generada por este ilícito alcanza los $ 5 millones.

Toainga y Cevallos pidieron a los jueces que desechen todos los argumentos de apelación y ratifiquen la sentencia de primera instancia que ubica como coautores del delito de peculado a Glas, Pastor, Pareja Yannuzzelli y Guerra, quienes recibieron una pena de ocho años de cárcel; mientras que a Cazar, Burgos y Donoso, en calidad de cómplices, se les impuso una pena de cuatro años de prisión.

El 26 de enero de 2021, un voto de mayoría resolvió que existía responsabilidad de estos siete procesados en un peculado que se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue, entregado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC).

Por su parte, las defensas de los procesados solicitaron al Tribunal que declare la nulidad del proceso, que emita el sobreseimiento respectivo que ratifique el estado de inocencia de todos al no existir el delito y peor un perjuicio.

A un año y medio de que se sentenció en el caso Singue, Jorge Glas, Carlos Pareja Yannuzzelli y otros en audiencia apelarán el fallo

Además de la pena de cárcel, de ofrecer disculpas públicas y publicar la sentencia en tres diarios de circulación nacional, el fallo de mayoría de los jueces José Layedra y Xavier de la Cadena señala que los siete condenados, de forma proporcional según su nivel de participación, deberán pagar $ 5 millones como reparación al Estado, pues sería el total del perjuicio causado.

La representante de la Procuraduría dentro de sus argumentos de apelación señaló que en sentencia se debe definir la forma proporcional en la que se debe realizar el pago de la reparación económica de este caso.

Rivera, como presidente del Tribunal, explicó a los sujetos procesales que los jueces necesitan un tiempo para evaluar todo lo escuchado en audiencia y que lo más pronto posible notificarán a todos con el día y hora en que se reinstalará la audiencia para dar a conocer la decisión que tomen.

Independientemente de la decisión que tomen los jueces Rivera, Camacho y Córdova, las partes procesales tendrán aún la posibilidad de interponer el recurso de casación, recurso que será conocido por otro Tribunal de la Corte Nacional. (I)

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