Transparencia de los concursos de elección de autoridades, en manos de los comisionados ciudadanos

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) encamina ocho concursos públicos para elegir a autoridades, en los que los representantes de las funciones del Estado y de la ciudadanía, que integrarán las comisiones ciudadanas de selección, medirán fuerzas para designarlos en medio de reparos por una supuesta falta de transparencia.

Se trata de los concursos de méritos, oposición e impugnación ciudadana para elegir a los titulares de la Contraloría General del Estado y de la Defensoría Pública que están en etapa de conformación de comisiones ciudadanas; de la renovación parcial de cuatro vocales (dos principales y dos suplentes) del Consejo Nacional Electoral (CNE) que aún no se convoca a integrar la comisión.

Para la renovación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), del defensor del Pueblo, de los miembros de los Consejos Nacionales de Igualdad, de los que se está elaborando los reglamentos e instructivos; y de la Conferencia de Soberanía Alimentaria (Copisa) y delegados al Consejo de Desarrollo Fronterizo, que avanzan lento, pues solo se han integrado las veedurías ciudadanas.

En el artículo 209 de la Constitución se instituyó la existencia de estas comisiones, cuya facultad es la de llevar a cabo la elección de las autoridades de control.

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El CPCCS, con el apoyo de un equipo técnico, escogerá a cinco personas por sorteo público, de un grupo de 30 que obtengan los más altos puntajes, que representarán a la ciudadanía. Los otros cinco serán de las cinco funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial y de Transparencia y Control Social.

A estos últimos no se les califica méritos, pero sí el cumplimiento de requisitos y no estar incursos en prohibiciones. Aunque todos enfrentarán la fase de impugnación ciudadana.

Los comisionados tienen diez atribuciones. Entre las principales, organizar y dirigir los concursos, que implica verificar que los candidatos cumplan los requisitos legales para ocupar un cargo público; les calificarán méritos, prepararán el examen de conocimientos y resolverán las impugnaciones.

Remitirán al pleno del CPCCS el informe final de quienes superaron estas etapas y que será vinculante.

El presidente de la comisión será quien provenga de la ciudadanía y el vicepresidente de una de las funciones. El presidente tendrá el voto dirimente, lo que sopesará la toma de decisiones.

Pese a este cobijo legal, hay desconfianza por la intervención de fuerzas políticas que intentarían cooptar las instituciones de control.

Desde el mismo Consejo, los consejeros Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa han alertado que los reglamentos aprobados por los consejeros de mayoría se elaboraron como un ‘traje a la medida’ para favorecer a ciertos participantes. Rivadeneira suele tildarlas de normas “oscuras”.

Quienes hacen la mayoría, David Rosero, Sofía Almeida, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán, aseguran que hay transparencia, que están cumpliendo con su atribución de designar autoridades, y que no responden a ningún partido o movimiento político.

El vicepresidente David Rosero ha insistido en que son los comisionados de las funciones estatales los que garantizarán la transparencia, pues son ellos quienes evaluarán a los candidatos.

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Bajo ese contexto, ¿qué margen de acción tendrán los delegados estatales para evitar irregularidades? Ninguna, cree Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

“El problema son los concursos en sí, las normas que dan sustento y quien designa a la autoridad termina siendo el pleno. Las funciones del Estado por mucho que intenten preocuparse o enderezar las cosas tienen muy poco margen de maniobra”, opina.

Con la instalación del primer CPCCS en el 2010, quienes integraban las comisiones tenían una afinidad a una línea política del entonces gobierno de Rafael Correa.

Ahora, con el presidente Guillermo Lasso “ya no es una sola línea política”, y será en estos concursos en donde se verá “quién es quién”, advierte Alarcón.

A su criterio, el que haya cambiado la forma de elección de los miembros del CPCCS (mediante el voto popular) “el poder (de grupos políticos) se mantiene, por lo que podríamos sospechar que los juicios políticos que se impulsan en contra de autoridades de la Función de Transparencia, auspiciados por ciertas organizaciones políticas (PK, PSC y UNES) tienen por objetivo bajárselas para que el CPCCS designe encargados”.

Una visión similar tiene Ruth Hidalgo, directora de la Corporación de Participación, que recuerda que las comisiones fueron utilizadas para ser juez y parte durante el correísmo, pues las integraban militantes de un movimiento político, “restando independencia al ejercicio patriótico”.

“Ahora que tenemos una nueva oportunidad de hacer bien, vemos que en el Consejo se responde a diferentes fuerzas políticas, lo que ratifica nuestra preocupación de que está politizado, no es ciudadano. Es difícil dar un salto de confianza y de fe porque la historia ha demostrado que los concursos están viciados por comisionados que vienen organizados para favorecer o representar intereses políticos”, lamenta Hidalgo.

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Alarcón e Hidalgo coinciden en que se debería debatir que el CPCCS “deje de funcionar” o un mecanismo de cómo deben elegirse las autoridades de control.

En la víspera, un equipo técnico del CPCCS está revisando las hojas de vida de los delegados de las cinco funciones del Estado para integrar la comisión que hará el concurso para elegir al titular de la Defensoría Pública; y de los primeros resultados, es que la información de los candidatos está incompleta. (I)