Con una acción de protección, un grupo de trabajadores de la Defensoría del Pueblo aspira a que la justicia constitucional deje sin efecto la designación de César Córdova como titular encargado de dicha institución.

La audiencia estaba prevista a instalarse a las 14:30 de este 30 de septiembre en la Unidad Judicial Penal de Pichincha, presidida por la jueza Viviana Campaña.

Harold Burbano, abogado patrocinador del recurso planteado por la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, explicó que el objetivo es que se declare la violación del derecho de participación ciudadana, de no discriminación y que se declare la nulidad de la designación de Córdova como defensor encargado de la Defensoría del Pueblo.

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Córdova fue designado para ese encargo, el pasado 18 de septiembre del 2021, por los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), después de que quien era el titular, Freddy Carrión, fue censurado y destituido por un juicio político sustanciado en la Asamblea Nacional.

Lo eligieron Sofía Almeida, Javier Dávalos, David Rosero e Ibeth Estupiñán. María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo se abstuvieron.

La Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo alega que el funcionario, que fue exsecretario del CPCCS por ocho meses, no cumple con los requisitos contemplados en la Constitución y en la ley que rige al organismo, pues no acredita “amplia trayectoria” en la defensa de derechos humanos y de la naturaleza como lo establece el artículo 216 de la Constitución.

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Antes de la instalación de la diligencia, representantes de la Asociación y defensores de derechos humanos cuestionaron al Consejo de Participación Ciudadana y lo responsabilizaron de buscar “enterrar a la Defensoría del Pueblo”.

“Esta decisión nos duele, porque a título de tener mayoría consideraron que la mejor forma era poner a una persona de su confianza como defensor del Pueblo encargado, irrespetando a las organizaciones de derechos humanos”, expresó Genny Véliz, directiva de la Asociación.

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Ella pidió al CPCCS que “deje de meter las manos en las instituciones del Estado y en esta institución”.

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María Gabriela Alvear, una de las accionistas y activista por la defensa de derechos humanos, le recriminó a Sofía Almeida, presidenta del Consejo, que se cometió un “acto inconstitucional al haber encargado la Defensoría a una persona que no cumple los requisitos, vulnerando el derecho a la participación ciudadana de defensores de derechos que sí tenían los requisitos”.

Increpó que el CPCCS “no puede convertirse en la sepulturera de la Defensoría, porque usted (Sofía Almeida) y los consejeros de mayoría lo que han buscado es enterrar a la institución, esta entidad no le pertenece al Consejo, nos pertenece a los ciudadanos, al país. Los actos bochornosos y antiéticos que cometió Carrión, por los que fue destituido por la Asamblea, ustedes hicieron caso omiso y se pasaron por encima del país”, añadió.

Hasta el momento no se conoce la decisión de la jueza respecto al pedido de acción de protección. (I)

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