Solo una de las ocho empresas de comunicación incautadas a los Isaías en el 2008 está activa

De las ocho compañías de medios de comunicación incautadas hace 14 años a los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, exdueños del Filanbanco, solo una está societariamente activa: Cadena Ecuatoriana de Televisión C. A., conocida como TC Televisión. Las otras siete están en proceso de liquidación, según el secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla.

Todas estas empresas, que a su vez aglutinan a trece medios, entre canales de televisión, estaciones radiales y revistas, son parte del paquete de bienes que pasaron al control del Estado en julio del 2008. Con base en una decisión de la ya extinta Junta Bancaria, la también desaparecida Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) efectuó varias incautaciones que tenían como objetivo cubrir las pérdidas patrimoniales en el banco generadas en la administración de los Isaías, deuda que ellos han negado siempre.

Ahora, los exbanqueros buscan un resarcimiento por estas resoluciones a través de una demanda contra cuatro instituciones públicas: Banco Central del Ecuador (BCE), Superintendencia de Bancos y Seguros, Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) y Procuraduría General. Piden $ 2.000 millones.

Actualmente, la accionista mayoritaria de estas compañías de medios es la Empresa Pública de Comunicación Comunica EP.

En TC Televisión, que fue considerado en su momento como uno de los bienes más rentables, la administración a cargo de Rafael Cuesta Caputti se halla en un proceso para “poner orden” en los temas financieros y administrativos, el cual concluiría a fines de año; luego se hará una valoración y se convocará a una licitación pública, dice Bonilla.

El año pasado, terminó con buenos números, dice el funcionario sin dar detalles. Y cuenta que en noviembre pasado, en el evento Ecuador Open por Business en el que se promocionaron sectores y proyectos para invertir en el país, varios grupos mediáticos internacionales manifestaron su interés en comprar el canal. No precisa cuáles, pero refiere la procedencia de dos de ellos: Argentina y Centroamérica.

Según datos que constan en el informe de rendición de cuentas del medio colgado en su sitio web, TC Televisión registró un patrimonio de $ 29,1 millones al 31 de diciembre de 2020. Sus activos sumaban $ 58,6 millones y sus pasivos $ 29,5 millones.

En un documento resumen de los estados financieros reportados a la Superintendencia de Compañías se indica que sus ventas en el 2020 llegaron a $ 26,1 millones. Pero en el 2019 fueron de $ 37,9 millones. La mayor parte de ese ingreso llegó por la pauta publicitaria.

La Compañía de Televisión del Pacífico Teledós S. A., cuyo nombre comercial es Gamavisión, está en el grupo de las empresas que se encuentran en proceso de liquidación, aunque sigue al aire.

El 22 de febrero de 2018, la Superintendencia de Compañías declaró disuelta de oficio a la empresa por encontrarse incursa en las causales de disolución previstas en los numerales 6 y 12 del artículo 361 de la Ley de Compañías. En el primer caso, porque sus pasivos superaron los activos; y en el segundo porque supuestamente dificultó la labor de control del organismo.

“El hecho de que esté en liquidación no quiere decir que no exista operación. Societariamente una compañía muere cuando se cancela. Gama sigue viva. La compañía en liquidación tiene dos opciones: o con sus bienes (venta o usufructo) logra cancelar lo correspondiente al menos a los empleados y luego se cierra, o por la buena gestión logra revertir las causales por las que entró en liquidación y sale de ese estatus en la Superintendencia de Compañías”, comenta Galo Roldós, gerente de Comunica EP.

Según la rendición de cuentas institucional del canal, al 31 de diciembre de 2020 sus activos sumaban $ 20,5 millones y sus pasivos $ 29,6 millones. Es decir, tenía un patrimonio negativo de $ 9,1 millones. Además reportó una pérdida de $ 2,5 millones.

El resto de compañías, dice Bonilla, está en proceso de liquidación con su respectivo liquidador y no están operando. En este grupo están Cablevisión, América Visión, Compañía Editorial Uminasa del Ecuador S. A., Radio Difusora del Pacífico S. A. Rapasa, Radio Bolívar S. A. y Organización Radial C. A.

“El problema que existe con algunos de los activos de estos medios incautados es que tienen medidas cautelares planteadas por los exaccionistas; la idea es encontrar algún tipo de proceso o mediación que permita levantar esa prohibición de enajenar activos, venderlos, terminar de liquidar y pagar a los exempleados”, indica.

Los Isaías pusieron estas acciones legales en el 2018 con base en un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que concluyó que se violaron sus derechos al incautarse sus bienes y que el Estado debía compensarlos.

Respecto a la situación de los exempleados de los medios incautados a los que no se les han pagado sus liquidaciones, Bonilla señala que están buscando soluciones. “Sé que viven una situación durísima, estamos en contacto con ellos todo el tiempo”. “Necesitan sus liquidaciones, pero a su vez los activos de estos medios, lo que se puede vender, no alcanza para pagárselas. Ellos han tenido acercamientos con nosotros, hay reuniones pendientes para encontrar soluciones, alternativas para viabilizar sus pagos”.

Margarita Constante, vocera de los extrabajadores, dice que en total les deben parte de sueldos y liquidaciones a 63. Son 25 de radio SuperK-800, 18 de Cablevisión, 12 de Uminasa y 8 de radio Carrusel.

Señala que han pedido insistentemente cita con el presidente Guillermo Lasso para exponerle sus problemas, pero no ha habido respuesta hasta el momento.

Para ella, el asunto podría resolverse con una decisión simple: que el Gobierno cancele los $ 1,8 millones que se les debe a las radios por la transmisión de los enlaces sabatinos del expresidente Rafael Correa. Tal como lo hicieron con GamaTV, al que se le debían unos $ 7 millones.

Bonilla dice que la reunión con Lasso aún no se concreta porque los ministros y secretarios de Estado vinculados a este tema primero quieren hallar soluciones viables y presentárselas, para que él tome las decisiones que correspondan.

“Tenemos que hacer las cosas bien porque no podemos hacer un pago con dinero del Estado en algo que legalmente no está claro, pues puede representar un daño para ellos y para el Gobierno”, comenta.

Ricardo Noboa, abogado de los Isaías, indicó en una entrevista con este Diario que en el caso de ganar la demanda sus clientes están abiertos a una mediación con el Estado, y que se les pague con los bienes incautados que no se hayan vendido a terceros de buena fe. Incluido TC Televisión. “La frecuencia (del canal) no porque esa le pertenece al Estado. Los inmuebles son parte de activos fijos y podrían ser parte de un proceso de conversaciones”.

Al consultarle a Bonilla si la prisa por vender el canal surge por esta posibilidad, señala que no. “La prisa no la da eso. Es una decisión del presidente desde el primer día de gobierno. Fue una promesa de campaña de hace varios años”. “Enfrentaremos esta demanda (de los hermanos Isaías) con contundencia para precautelar los intereses de los ecuatorianos”. (I)