Apenas un 6 % de las auditorías que se realizaron a las compras públicas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 no habría reportado irregularidades, según la Contraloría General del Estado.

Es decir, en el porcentaje restante, correspondiente al 94 % de las contrataciones se observaron “novedades”, informó el organismo de control del uso de los recursos públicos, en un comunicado de este 22 de septiembre.

Desde el 17 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria por efectos del COVID-19, se emitieron 275 órdenes de trabajo, para realizar exámenes especiales a las contrataciones que efectuaban las entidades públicas para enfrentar la crisis hospitalaria, en unos casos.

Contraloría emitió 34 informes con responsabilidad penal por anomalías en compras públicas en la emergencia sanitaria

Hasta agosto del 2021, se han aprobado 269 informes de auditoría, de los que 128 se remitieron a la Fiscalía del Estado con indicios de responsabilidad penal (IRP).

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Según la Contraloría, de los 269 informes de exámenes especiales se tomó una muestra de 103 expedientes, que arrojaron que apenas el 6 % no reportó novedades.

Estos exámenes se habían realizado a agencias de regulación y control, hospitales de la red pública de salud, instituciones adscritas al Ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, empresas públicas, banca pública e instituciones de educación superior.

Los resultados obtenidos demostraron que en las compras públicas hechas por el denominado régimen de emergencia hubo “falta de transparencia en el uso de los recursos públicos”.

Por ejemplo, no se publicó en el portal del Sistema Nacional de Compras Públicas (Sercop) la información relevante como la declaratoria de emergencias, contratos, informes parciales de la ejecución, facturas y órdenes de compra, lo que afectó al control social.

Entre otros hechos, se detectaron deficiencias en definir presupuestos referenciales, lo que había sido un “incumplimiento frecuente” por parte de las instituciones. Tampoco se “elaboraron estudios de mercado, ni buscaron procesos anteriores, de los mismos bienes o servicios a adquirir” para comparar precios con otros proveedores, por ejemplo.

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Del lado de las contratistas, reportaban inhabilidades para contratar con el Estado y “no contaban con los permisos para distribuir o fabricar insumos y dispositivos médicos de protección contra el virus”.

Las adjudicaciones se hicieron con empresas privadas, cuya actividad económica no tenía concordancia con los objetos contractuales, entre otros aspectos que, según la Contraloría, impidieron establecer si las adquisiciones sirvieron para superar la emergencia sanitaria.

“Estas irregularidades derivaron en que las instituciones públicas paguen precios más altos por bienes y servicios, en relación con los valores del mercado”, se señaló en un comunicado oficial.

Para transparentar esta gestión del uso de los recursos públicos, la Contraloría implementó la herramienta Reporte de Control Público para sistematizar las “falencias” en los procedimientos de contratación. (I)