Siete organismos de control suman más de 6.000 días con autoridades subrogantes, prorrogadas o encargadas

Instituciones de control y de generación de políticas públicas llevan 6.626 días presididas por autoridades subrogantes, prorrogadas y encargadas, mientras que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no avanza en los concursos públicos para designar a sus titulares.

Luego de la instalación del Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS-T) en el 2018, que presidió Julio César Trujillo, siete organismos del Estado no cuentan con autoridades titulares.

Una de estas es la Contraloría General del Estado, que tuvo en 1.781 días a tres contralores subrogantes, en medio de una crisis interna tiznada por investigaciones de hechos de corrupción.

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En junio del 2017, quien era el contralor titular, Carlos Pólit Faggioni, renunció a su cargo apenas tres meses después de haber sido designado, cuando se reveló su participación en el caso Odebrecht y por el que fue sentenciado a prisión por concusión. Él vive en Miami y también se enfrenta a la justicia norteamericana por esos hechos.

Lo relevó Pablo Celi, quien se mantuvo en el cargo desde junio del 2017 hasta que en abril del 2021 se vio inmerso en una investigación penal por el denominado caso Las Torres. Lo remplazó Valentina Zárate, quien renunció; y en su lugar, el mismo Celi nombró a Carlos Riofrío, al verse impedido de ejercer el cargo por cumplir una orden de prisión preventiva.

El Transitorio no hizo el concurso para designar a un nuevo contralor, y en el 2019 ratificó a Celi como subrogante, argumentando que iba a restructurarse la Contraloría en un Tribunal de Cuentas. Esa idea nunca ocurrió, pues la propuesta de ley no avanzó en la Asamblea Nacional porque para ello se requería una reforma constitucional.

El CPCCS actual, bajo las administraciones de Carlos Tuárez, Christian Cruz y Sofía Almeida, no avanzaron en organizar el concurso público para designar a un titular, alegando la vigencia de un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional (CC) que blindó las decisiones del Transitorio.

Con Hernán Ulloa bajo la presidencia, el proceso tampoco muestra avances pese a que el periodo de Pólit concluyó el 15 de marzo pasado.

Bajo el paraguas de un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado se resolvió prorrogar a Riofrío como contralor subrogante, hasta que se designe al titular, lo que podría tardar unos cinco o seis meses más.

La Defensoría Pública es otra institución que tiene 1.331 días con un defensor encargado: Ángel Torres Machuca.

Ese encargo está vigente desde el 31 de agosto del 2018. El CPCCS de Transición declaró desierto el concurso que realizaba porque los participantes fueron impugnados y Torres se quedó como titular.

Ello, pese a que la autoridad fue descalificada del concurso porque se “aumentó catorce años de experiencia laboral” en el ejercicio de la abogacía.

Torres “incluyó datos falsos en su propia hoja de vida, lo cual se considera como inadmisible”, señala la resolución en la que se acepta una impugnación ciudadana en su contra, por lo que fue descalificado del concurso por falta de probidad e idoneidad. Sin embargo, se lo ratificó como encargado hasta que el actual Consejo designe a la nueva autoridad.

En la víspera, el concurso se encuentra en una fase de revisión de los expedientes de los candidatos de la ciudadanía a integrar la comisión ciudadana de selección.

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Otro caso es el de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), que la integran nueve miembros y que desde el 2018 están prorrogados en sus funciones. Llevan 1.510 días bajo prórroga.

Estos representantes de la sociedad civil son elegidos para un periodo de cuatro años. El 5 de marzo del 2014, luego de un concurso de méritos, se designó a sus titulares y suplentes. Su periodo culminó en marzo del 2018 y el Transitorio convocó al concurso, pero lo declaró desierto por falta de aspirantes.

El actual CPCCS convocó a la integración de la veeduría ciudadana, en la que están acreditados seis veedores. Desde octubre del 2021 no se ha avanzado a la etapa de conformación de la comisión ciudadana.

Otra renovación pendiente es la de dos de los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), como son Arturo Cabrera y Patricia Guaicha, quienes se principalizaron cuando Patricio Baca y Patricia Zambrano renunciaron y cuyo periodo en funciones culminaba en el 2018.

Durante el proceso de evaluación que realizó el Transitorio, Cabrera justificó el cumplimiento de funciones y no fue cesado; a Guaicha no se la evaluó.

En una resolución del 11 de octubre de 2018 se encargó la representación del TCE a Cabrera hasta que se designe a los jueces faltantes.

El CPCCS actual inició el concurso de renovación parcial con la aprobación del reglamento y la convocatoria a la veeduría ciudadana, pues en mayo próximo debería posesionarse a dos nuevas autoridades.

En este proceso no se haría un sorteo para escoger a los salientes, sino que directamente se renovaría a Cabrera y Guaicha. Incluso, los jueces en funciones Ángel Torres, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz alertaron al Consejo de que el reglamento aprobado no consideró que los dos magistrados cumplieron su mandato constitucional, pues fueron posesionados como suplentes en el 2016 y se principalizaron en lugar de Baca y Zambrano, cuyo periodo feneció en junio del 2018.

Los tres jueces sugirieron que se codifique el articulado para que se tome en cuenta que la renovación parcial corresponde para remplazar a Cabrera y Guaicha, y no a la totalidad del pleno.

En todo caso, los dos jueces llevan en sus cargos alrededor de 1.290 días luego de la resolución del Transitorio.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) también debió contar con dos nuevos vocales, principales y suplentes, en noviembre del 2021, pero el concurso para escogerlos no se realizó a tiempo.

Los cinco consejeros que fueron designados en el 2019 llevan prorrogados 155 días, y estarán en funciones hasta que el Consejo designe a los remplazos, según concluyó la Procuraduría en un pronunciamiento jurídico.

No obstante, su periodo, así como el de los jueces electorales, podría prorrogarse hasta que concluya la organización de las seccionales y de los siete consejeros del CPCCS, que se realizará el 5 de febrero de 2023.

Ello, porque el Código de la Democracia en su artículo 16 establece que, en periodo electoral, “ninguna autoridad extraña a la organización de las elecciones podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos ni en el funcionamiento de los órganos electorales”.

También está pendiente la renovación de los representantes de la sociedad civil a los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad: de Género, Intergeneracional, de Pueblos y Nacionalidades, de Discapacidades y de Movilidad Humana. Son 25 nuevos funcionarios los que deben elegirse.

El 16 de mayo de 2017 se designó a los consejeros, y su periodo concluyó en mayo del 2021. Con ello, el CPCCS lleva 343 días de retraso en efectuar la nueva selección.

La Defensoría del Pueblo tiene autoridad encargada bajo la figura de César Córdova, exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y cercano a la expresidenta Sofía Almeida.

Tras la censura y destitución que resolvió la Asamblea Nacional de Freddy Carrión (quien asumió esa función por un concurso del CPCCS-T), Almeida, y con el apoyo de los consejeros David Rosero, Javier Dávalos e Ibeth Estupiñán designó a Córdova, quien suma 216 días como defensor del Pueblo encargado.

El concurso para designar al titular cuenta con el reglamento y se convocó a la ciudadanía a ser parte de la veeduría. El plazo para postularse feneció el 18 de abril pasado.

Las estimaciones dentro del Consejo es que elegir a los titulares de la Contraloría, el CNE y la Defensoría Pública tome entre cinco y seis meses. De los otros cuatro, los plazos aún se desconocen, pues apenas están en la conformación de las veedurías ciudadanas.

Elección de superintendentes, en proceso

Por el momento se ejecutan dos procedimientos de elección de autoridades por ternas propuestas por la Función Ejecutiva para designar a los superintendentes de Compañías y Bancos.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, propuso para la Superintendencia de Compañías a Marco López y Tatiana García, quienes pasaron a la etapa de presentación de plan de trabajo, que es la última dentro de la selección.

Los nominados no fueron impugnados por la ciudadanía o la sociedad civil para continuar en este proceso, por lo que este lunes, 25 de abril, a las 09:30, fueron convocados a una audiencia pública para que expongan una propuesta de trabajo que aplicarían a la Superintendencia de Compañías, en el caso de ser los escogidos.

El pleno deberá evaluar las exposiciones orales con argumentos técnicos y luego de eso se designará a la autoridad con el voto de mayoría o por unanimidad de los siete consejeros.

La renovación de la Superintendencia de Bancos está en trámite. Al momento, un equipo técnico, conformado por ocho funcionarios del Consejo, revisa el cumplimiento de requisitos legales y de no estar incursos en inhabilidades de la terna propuesta por el Gobierno y que está compuesta por Rosa Guerrero, Raúl González y Doris Padilla.

Una vez que el pleno conozca el informe, en el que se detalle si alguno de los participantes está inhabilitado o, al contrario, todos cumplen con los requisitos legales, se convocará a la etapa de impugnación ciudadana.

La selección de estas dos autoridades se adelantó debido a la sustanciación en la Asamblea Nacional de juicios políticos que terminaron con la censura y destitución de Víctor Anchundia como superintendente de Compañías y Ruth Arregui como superintendenta de Bancos. (I)