En menos de un año, el presidente de la República, Guillermo Lasso, enfrentaría una nueva asonada promovida por sectores populares, cuya consigna es que renuncie al cargo por las investigaciones legislativas y judiciales en los casos El Gran Padrino y Encuentro, respectivamente.

Hace ocho meses, el Gobierno afrontó un paro nacional de 18 días que se disolvió por la intervención de la Iglesia ecuatoriana y, en la actual coyuntura, se vislumbra una nueva alerta por una próxima movilización que preparan los movimientos indígenas, campesinos, sindicalistas, de estudiantes que están inconformes con la gestión de Guillermo Lasso y las denuncias alrededor de hechos de corrupción que se investigan en la Asamblea Nacional y la Fiscalía General.

Frente Parlamentario Anticorrupción concluye que el presidente de la República, Guillermo Lasso, conocía de la investigación sobre la presencia de la mafia albanesa

Las últimas resoluciones que tomó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) pusieron sobre aviso al régimen. Entre estas, se exige al primer mandatario que renuncie a su cargo y es más, le advierten que si decide disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas, habrá un levantamiento indígena y con ello, un paro nacional.

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El último viernes 24 de febrero, en la Casa de la Cultura de Quito, la Conaie instaló un consejo ampliado con sus tres filiales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) y la Ecuarunari, quienes concluyeron que el Gobierno incumplió la ejecución de los 218 acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo.

QUITO (24-02-2023).- Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto con dirigentes de organizaciones indígenas, durante el consejo zmpliado de la Conaie, para analizar la situación del país y tomar decisiones colectivas, en la Casa de la Cultura de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

Consecuencia de ello, decidieron “romper” el diálogo y retirarse de las mesas de seguimiento; y, al contrario, retomaron su reclamo para que se cumpla su agenda de diez demandas que originaron el paro del año anterior.

También, se declararon en movilización permanente y convocaron a una protesta nacional para el miércoles, 8 de marzo, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

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No obstante, las manifestaciones arrancarán un día antes, es decir, el 7 de marzo y están convocadas por los gremios sindicalistas agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE) y sus filiales.

Ese acontecimiento tendrá una consigna para Guillermo Lasso: o cambia el modelo de gestión o renuncia a la dignidad de presidente de la República.

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El vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), filial del FUT, Edwin Bedoya, anunció que el 7 de marzo comenzarán las movilizaciones con ese objetivo: “Presionar al Gobierno para que cambie el modelo o se va de la Presidencia”.

“Una salida constitucional sería que el presidente renuncie y dé paso a elecciones anticipadas y tener un cambio de modelo, porque quienes estamos chupando esta crisis es el pueblo. Corrige el modelo o se hace a un lado”, insistió Bedoya en declaraciones de prensa.

Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, anunció que se unirán a las jornadas para pedir la “salida inmediata” de Lasso.

“Guillermo Lasso debe renunciar por incapaz, por inmoral, por sus nexos directos con el narcotráfico, por la corrupción que hoy campea. Hacemos un llamado unitario a las diferentes organizaciones para juntos derrocar esta política vinculada al narcotráfico desde las altas esferas del Gobierno. ¡Fuera, Lasso, fuera! es la consigna del pueblo para poder salvar al país de las manos del narcotráfico, de la pobreza y la miseria”, expresó Erazo.

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A estos hechos se sumó el gremio del magisterio, a través de la Unión Nacional de Educadores, que en un comunicado público cuestionó al régimen por su política educativa y a la par por su vinculación con “las mafias del narcotráfico”.

“La Unión Nacional de Educadores ratifica su exigencia a Guillermo Lasso de que renuncie, de no hacerlo, la Asamblea Nacional debe activar los mecanismos constitucionales para establecer el juicio político”, señala la misiva en la que se llamó a los sectores sociales a manifestarse de “manera inmediata y con una sola consigna: ¡Fuera, Lasso!”.

La Conaie empató sus resoluciones con este pedido, pues exige que renuncie por “dignidad, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas de los ecuatorianos”.

Los colectivos refieren como causal que el gobernante perdió legitimidad por la fiscalización legislativa en el caso El Gran Padrino o Encuentro, como lo nombró la Fiscalía, en las que se indaga sobre una presunta “estructura de corrupción en las empresas públicas en la que está involucrado su cuñado Danilo Carrera y además de sus vínculos con el narcotráfico en el caso Encuentro”, señaló la Conaie, en la voz de su presidente, Leonidas Iza.

El movimiento exhortó a la Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, a los asambleístas, a la Corte Constitucional y en especial a la bancada de Pachakutik (PK) a “aplicar con rigurosidad los mecanismos jurídicos, constitucionales y que se dé paso al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso”.

Advirtieron con estar alerta “sobre cualquier acto o decisión dictatorial” que tome Lasso, como por ejemplo, aplicar el artículo 148 de la Constitución para disolver la Asamblea Nacional, cuando a su juicio esta “se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o, si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o, por grave crisis política y conmoción interna”.

Esta facultad la tiene por una sola vez en los tres primeros años de su mandato e implicaría la convocatoria a elecciones legislativas y presidenciales para consumar el resto del periodo y, mientras tanto, el Ejecutivo podrá gobernar -previo dictamen de la Corte Constitucional- mediante decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser derogados por el Parlamento.

La Conaie advirtió que no permitirá que pretenda recurrir a esta figura. “Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales, el pueblo ecuatoriano no permitirán una dictadura. De suceder alguna iniciativa de cualquier índole, de manera inmediata nos declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador”, amenazó Leonidas Iza, el viernes último.

Al pedido de la Conaie se une el de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), que en su asamblea del 17 de febrero pasado rompió el diálogo con el régimen por la falta de resultados y exige la “salida inmediata” del mandatario, además quiere que se convoque a elecciones anticipadas, ya que “ha perdido la confianza del pueblo ecuatoriano”.

El presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, junto con los dirigentes Luis Mullo y Margarita Arotingo reclamaron al Gobierno nacional la falta de cumplimiento de los 218 acuerdos. Foto: Sugey Hajjar Foto: Sugey Hajjar

“Exigimos a la Asamblea Nacional que dé paso al juicio político del presidente Guillermo Lasso por estar inmerso en presuntos actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico en el caso El Gran Padrino”, cita un documento suscrito por el presidente, Gary Espinoza, quien en las últimas horas se debate con una facción de las bases que lo destituyó de esa función y nombró en su lugar a Hatari Sarango.

Las organizaciones coinciden en que la Asamblea Nacional se acoja al artículo 129 de la Constitución relativa al enjuiciamiento político en el caso de configurarse tres hechos: por delitos contra la seguridad del Estado; por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidios por razones políticas o de conciencia.

Para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal. Y, para censurarlo y destituirlo, se requerirá el voto favorable de dos terceras partes de los legisladores.

En ese ámbito, la comisión ocasional prepara un informe de fiscalización que prevé exponerse el próximo martes, para que sea sometido al debate del pleno de la legislatura.

En respuesta, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, a nombre del Ejecutivo, rechazó las declaraciones de “ciertos dirigentes que, en lugar de propender a un debate de ideas, como es un diálogo deliberativo, propio de la democracia, han optado por, abruptamente, retirarse de las mesas de diálogo”, dijo en un mensaje grabado y que fue divulgado en las redes sociales. (I)