Con la finalidad de lograr mayor equidad entre los mismos niveles de gobierno local, desde el 2008 en Ecuador se cambió el modelo de descentralización para la transferencia y regulación de competencias. Sebastián Arias, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Competencias, cuenta a este Diario que antes existía cierto desorden territorial que con los años ha ido disminuyendo, aunque reconoce que aún hay muchas que están pendientes de regularse, y destaca las opciones de agrupación de territorios como el mancomunamiento y los consorcios, que facilitan la gestión de funciones en cantones o provincias más pequeñas.

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La Constitución del 2008 estableció un modelo de Estado descentralizado que derivó en la creación del Sistema Nacional de Competencias y a su vez el Consejo. ¿Considera que este organismo ha cumplido con el objetivo de mejorar el proceso de descentralización en el país hasta ahora?

Primero me gustaría explicar el modelo que existía antes. Antes del 2008 existía un modelo de descentralización que era denominado “a la carta”, aquellos gobiernos locales que estaban preparados para recibir nuevas competencias solicitaban la transferencia de estas al Gobierno central y a través de asociaciones o cercanías políticas se hacía la transferencia, esto causó que haya cierto desorden territorial desde un punto de vista académico y técnico, porque había muchas diferencias entre gobiernos de los mismos niveles, aunque las seguimos viendo en algunos. Para cambiar este modelo se instaura en Ecuador en el 2008 un modelo general, obligatorio y progresivo con el que se intenta que haya mayor equidad y luego se expide en el 2010 el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), y en 2011 se instala el Consejo Nacional de Competencias y desde su existencia se ha intentado dar mayor orden de acuerdo a lo que dice la Constitución y a este modelo que busca equidad.

¿Cuáles son las funciones que tiene el Consejo Nacional de Competencias?

Estas están establecidas en el artículo 269 de la Constitución y también en el 119 del Cootad, lo que se encarga de hacer es monitorear cómo están ejerciendo las competencias los diferentes niveles de gobierno y en caso de haber una superposición de funciones entre niveles, lo que intentamos es prevenirlas y resolverlas. También nos dedicamos mucho a las capacitaciones a través de mesas técnicas, dependiendo de la voluntad política de la autoridad local, hacemos muchas actividades de fortalecimiento institucional para que los gobiernos puedan ejercer mejor las competencias que les fueron transferidas o que han venido ejerciendo. Promovemos también que se cumplan los mecanismos de participación ciudadana y cada año enviamos a la Asamblea Nacional un informe sobre cómo se encuentra el proceso de descentralización.

Si un gobierno autónomo descentralizado, sea provincial, municipal o parroquial, quiere solicitar la descentralización de una competencia, ¿cuál es el proceso a seguir?

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Hay que diferenciar el hecho de transferir una competencia y el de gestionarla. Existe un mandato constitucional sobre cuáles se transfieren de manera exclusiva y esto está desde el 261 al 267 de la Constitución. Alguna que esté fuera de las establecidas, los gobiernos locales tienen la opción de gestionarla a través de convenios de delegación, por ejemplo, pedir el manejo de su aeropuerto y nosotros como Consejo ahí no intervenimos, es un acuerdo técnico y político. Otro caso que se puede dar es que prefectura delegue alguna competencia exclusiva a un municipio, pero no implica que pierda la titularidad. Las salidas que hay son este tipo de convenios.

La competencia de la realización de actividades turísticas se reguló en el 2016 y fue entregada a prefecturas, municipios y parroquias rurales.

De cara a las elecciones seccionales, muchos candidatos hablan de pedir competencias, entre esas la seguridad, ¿entonces esto no sería viable?

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Sobre temas como la seguridad, la Constitución es bastante clara y el orden público y defensa nacional es competencia exclusiva del Gobierno central, pero esto no impide que pueda haber acciones complementarias o de coordinación o de colaboración con los municipios, que tienen como tarea esta creación de los Consejos de Seguridad, integrados también por la Policía Nacional y otras entidades de seguridad, estos consejos son los encargados de hacer políticas públicas, programas, planes.

¿Qué resultados arrojó el último informe de evaluación que presentó el Consejo al Legislativo?

Nosotros manejamos métricas y como las prefecturas, los municipios y las parroquias rurales manejan varias competencias, nosotros intentamos que las métricas nos digan cómo vienen manejándolas, usamos un índice de capacidad operativa desde 2016, que tiene tres componentes: planificación, financiero y participación ciudadana. El de planificación nos viene de la Secretaría de Planificación y el de participación, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con esta información hacemos una especie de puntaje y así analizamos a los 221 municipios y 23 provincias y con base en las metas que hemos planteando de incrementar la capacidad institucional de estos niveles puedo decir que estamos en muy buen camino.

¿Cuáles y cuántas han sido las competencias que se han descentralizado en los últimos años?

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El Consejo desde el 2011 llevó adelante un proceso de transferencia y regulación. Por transferencia me refiero a cuatro: riego y drenaje, que se las pasó a prefectura; tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, hacia los municipios, al igual que patrimonio arquitectónico; y, cooperación internacional no reembolsable, a los tres niveles prefecturas, municipios y parroquias rurales; para las tres primeras reciben recursos del Gobierno central. Aparte de estas, hubo todo un proceso en el que se regularon siete competencias y una función definidas en el modelo anterior y que provocaban cierto tipo de desorden territorial o que ya se venían asumiendo. Me puedo referir al dragado, forestación y reforestación, áridos y pétreos, gestión ambiental, vialidad, gestión de riesgos, entre otros. La función que menciono es la de las actividades turísticas, que se reguló en el 2016, para los tres niveles.

Las competencias se dividen en exclusivas y concurrentes, cuando la titularidad le corresponde a varios niveles de gobierno. ¿Es posible que una competencia ya transferida pueda ser retirada?

No. Nuestro modelo obligatorio y progresivo no establece un proceso de vuelta. Las mismas competencias que tienen las grandes ciudades las van a tener las ciudades más pequeñas y esto es para buscar una equidad. Quitar una competencia solo podría ocurrir si es que se está mal aplicando el recurso de la intervención y que lo hace el Consejo de Competencias, pero es un proceso arduo.

¿Qué competencias actuales usted considera qué deben distribuirse mejor o ser solicitadas para tener una descentralización más efectiva?

La distribución de las competencias es un mandato constitucional, no hay muchas vueltas que podamos dar. Pero sí hay competencias que están pendientes de regularse y eso requiere de acuerdos políticos de varias instancias, gremios, asociaciones, y analizar a los gobiernos locales para ver si están aptos para recibirlas. Lo que sí puedo mencionar es que una manera eficiente para gestionar las competencias sobre todo para los Gobiernos autónomos descentralizados o que son denominados como pequeños, es la posibilidad de asociarse con otros de su mismo nivel y colindante, bajo la opción del mancomunamiento, y los que no son del mismo nivel ni colindantes lo hacen como consorcios. Existen actualmente 67 mancomunamientos para temas como gestión ambiental, como la cooperación internacional, también de tránsito que tenemos nueve, como la Mancomunidad del Norte, que reúne a quince municipios. (I)