El informe de amnistía para 268 personas que fue aprobado por la Asamblea Nacional apareció en el Tercer Suplemento del Registro Oficial n.° 021 este martes, 15 de marzo.

El documento se publicó cinco días después de que la mayoría del Legislativo debatiera y aceptara las solicitudes, durante una sesión que terminó en la madrugada del 10 de marzo. Las amnistías se concedieron con 99 votos a favor, que salieron de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK), parte del bloque de Gobierno Bancada Acuerdo Nacional y de la Izquierda Democrática.

Los casos están divididos en cuatro grupos: judicialización por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social (relacionado con el paro de octubre de 2019), defensores de derechos comunitarios, administración de justicia indígena y defensores de la naturaleza.

Publicidad

Entre las figuras políticas que se beneficiaron están Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); Jaime Vargas, expresidente de la Conaie; Marlon Santi, coordinador de Pachakituk; el exasambleísta Virgilio Hernández; la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; y el sindicalista Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

El 12 de marzo, durante su visita a Chile, el presidente Guillermo Lasso expresó su “indignación” por la decisión de la Asamblea. “No puede ser que aquellas personas que sometieron al vandalismo y a actos delincuenciales a la ciudad de Quito y el Ecuador en octubre de 2019 sean amnistiados. Eso es absolutamente injusto. Eso es haberse puesto del lado de la violencia, del vandalismo. Y, claro, pregúntese qué pasa con aquellos policías y efectivos de las Fuerzas Armadas que ayudaron a poner orden y a evitar mayor anarquismo en octubre de 2019: ellos siguen enjuiciados. Esto es una absoluta y total injusticia”, manifestó.

Además, el 15 de marzo un colectivo de ciudadanos quiteños, integrado por dirigentes empresariales y figuras políticas, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para echar abajo las amnistías. (I)