En la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad se agota el plazo para aprobar el informe de las 371 peticiones de amnistías e indultos presentadas por dirigentes de organizaciones sociales, gremiales y ciudadanos activistas.

El plazo vence el 12 de febrero, pero la comisión presidida por Fernando Cabascango (Pachakutik) tiene planificado aprobar el documento final hasta el viernes 11 de febrero. Para ello, debe superar algunos obstáculos, como la presentación de los informes borrador que tenían a su cargo los nueve integrantes de la mesa que se repartieron las solicitudes. Este plazo deriva de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que otorga a la mesa un plazo de 30 días para aprobar el informe.

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Inclusive, el pasado lunes, la comisión legislativa concedió un día más a los legisladores Virgilio Saquicela (BAN), Gruber Zambrano (ex-PSC), Édgar Quezada y Sofía Sánchez (Pachakutik) para que presenten el informe con el análisis y recomendación de los casos que tuvieron que estudiar; además se espera la información de Fiscalía General del Estado sobre los casos que se analizan para agregarlos al expediente.

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Las 371 solicitudes fueron segmentadas de acuerdo a la materia en cuatro grupos: protesta social de octubre de 2019, defensores de la naturaleza, justicia indígena y territorios.

Virgilio Saquicela (BAN) manifestó que existen aún discrepancias en la procedencia o no de algunos casos y que es posible que se tomen unos días más para resolver, como lo permite la normativa que rige al Parlamento.

El presidente de la mesa, José Cabascango, presentó a los comisionados un informe borrador en el que se daba paso a todas las solicitudes de amnistía; pero, según el asambleísta Saquicela, se tienen que revisar algunos casos, como los presentados en la justicia ordinaria, por ejemplo, por delito de secuestro.

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Esos casos presentados como secuestro no tendrían el aval legislativo, porque la Constitución básicamente señala que no cabe una amnistía cuando se trata de esa clase de delitos. Por lo tanto, la Asamblea ni siquiera puede analizar, afirmó el primer vicepresidente que integra la comisión que analiza las 371 peticiones de amnistía.

En cambio, los casos de delitos de rebelión y terrorismo cabe revisarlos, y la comisión deberá fundamentar su decisión, dijo Saquicela, quien insistió en que, si son delitos políticos, como rebelión, aún si hubiesen sido sentenciados, cabe la amnistía; pero no en casos como el secuestro.

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Respecto a la solicitud de amnistía de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, procesada por el delito de rebelión, también consta en la lista; y, según el legislador Saquicela, si existen los fundamentos legales, se tendrá que dar paso, pues no se trata de un análisis político o de sectores, sino dentro del marco legal.

En el informe borrador de las amnistías se considera pertinente que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los artículos 8 y 9 del Reglamento para la Admisión y Tramitación de las Solicitudes de Amnistías e Indultos Humanitarios de la Asamblea Nacional, se proceda dentro de la causa n.º 17100-2019-00014 y en la resolución final otorgar la amnistía a los señores Paola Verenice Pabón Caranqui, Virgilio Humberto Hernández Enríquez y Cristian Fabián González Narváez.

La legisladora Paola Cabezas (UNES), integrante de la mesa legislativa que tramita las amnistías, ratificó que la comisión no puede esperar más y que el viernes debe aprobar el informe que luego pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional. (I)