“Gobernar es decidir y saber rectificar cuando corresponde”. Con esa expresión, el régimen de Guillermo Lasso justificó su decisión de dar marcha atrás a una serie de anuncios relacionados con la permanencia en sus cargos del alto mando policial, que fue cuestionado por el manejo del caso del crimen de la abogada María Belén Bernal supuestamente dentro de un recinto de formación de la Policía Nacional.

El 23 de septiembre pasado, en una cadena nacional, Lasso despidió a Patricio Carrillo del Ministerio del Interior; dijo que pediría las bajas de todo el mando policial para analizar si permanecían o no dentro de la institución; habló de la desvinculación inmediata de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce; y dio una semana de plazo al general Fausto Salinas, comandante de la Policía, para dar con el paradero del teniente Germán Cáceres, a quien se procesa por el supuesto femicidio de Bernal.

Pero este 5 de octubre, en un comunicado divulgado en las redes sociales, el Ministerio de Gobierno señaló: “El general Fausto Salinas ha estado frente a esta tarea y ha informado a la opinión pública sobre las investigaciones realizadas para ubicar al prófugo. Para garantizar que este esfuerzo se mantenga y no se pierda, el general Salinas debe permanecer frente a la institución”.

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Y en cuanto al resto del mando policial, señaló: “Ratificamos la confianza de que la gestión se orientará a garantizar la seguridad ciudadana y llevar a cabo los procesos internos para depurar sus filas”.

No obstante, el Gobierno ha indicado en su comunicado que, si dentro de las investigaciones que se realicen dentro de la institución se llegan a establecer responsabilidades u omisiones en las que hubiesen incurrido oficiales u otros miembros de la Policía, se tomarán las medidas administrativas y disciplinarias.

La consultora política Grace Jaramillo y el abogado en temas de derechos humanos Abraham Aguirre coinciden en que estos cambios en las decisiones del mandatario generan la pérdida de confianza en su palabra; además que muestran la ausencia de políticas públicas de seguridad integral y violencia de género.

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Jaramillo opina que Lasso ha mostrado tres vacíos en este caso: la falta de conocimiento del Estado y de sus funciones; la nula gestión política y asesoramiento en temas de género y de los problemas sociales; y las múltiples declaraciones desatinadas que han generado que sea una autoridad sin credibilidad.

“El problema de plantear tiempos (el plazo que le dio al general Salinas) y no cumplirlos es un boomerang cuando no se tiene el control de las instituciones del Estado (...). En este caso, no solo se han cometido errores claros dentro de la investigación y la debida diligencia, sino en la gestión de crisis”, opina la experta.

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El cambio de autoridades de las dependencias de seguridad, comentarios como que va a destruir el “castillo de Grayskull” y de construir edificios con identidad de género muestran que al presidente no solo le falta conocimiento del Estado, sino que su liderazgo no es el adecuado para guiar al país, considera.

Agrega que el presidente envía mensajes confusos al país. “Pareciera que sus compromisos fueran con la cúpula policial más que con la gente, o que el Gobierno ya no tiene control del país y que cualquier delito puede ser cometido en cualquier momento y espacio”, refiere.

No es la primera vez, dice Jaramillo, que el mandatario debe dar marcha atrás en sus declaraciones. Pasó con las advertencias de la muerte cruzada a la Asamblea Nacional, luego con la venta del avión presidencial y además con la existencia del plan de seguridad.

Para Aguirre, quien es coordinador jurídico del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos, el Gobierno no tiene una política de seguridad integral clara y, como consecuencia de ello, se pueden ver estos desatinos no solo en el caso de María Belén Bernal, sino en la crisis carcelaria.

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Espera que estas decisiones no afecten la promesa de reestructurar la Policía Nacional que ha hecho el presidente. “Esta reestructuración debe responder a las actuales tendencias constitucionales en la región. En el 2008, nuestra Constitución echó abajo el esquema de la Policía semimilitarizada; ahora es una Policía comunitaria que está más cercana a los problemas de cada sector (...). Se anunció esta reestructuración porque se pensó que podría existir algún tipo de complicidad de los altos mandos en la permisividad que ha existido dentro de la institución de formación policial. Y están otros hechos, como el de los ‘narcogenerales’ que están en una lista de la embajada de Estados Unidos”, opina.

Aguirre señala que el mandatario no tiene una buena asesoría. “Él tiene esta dicotomía, este titubeo en sus criterios, siendo el primer ciudadano que debe timonear al Estado. Más allá del calor del momento o la presión mediática, es un hecho que en la Policía hay misoginia, un trato preferencial entre servidores y servidoras más allá de los rangos, y otros tipos de acoso”, indica. (I)