“Como relator de la @CIDH para #ECUADOR, ante la aprobación de informe que recomienda iniciar el juicio político al presidente Guillermo Lasso, insto a que todos los actores enmarquen su proceder en el respeto del orden constitucional y el debido proceso”, expresó en su cuenta de Twitter el jurista guatemalteco Stuardo Ralón.

Al igual que Ralón otros grupos prodemocracia nacionales también han instando a reflexionar a los partidos políticos sobre este tema. Sus palabras fueron consideradas de alto contenido democrático por varios internautas que respondieron al pronunciamiento.

En tanto, este 10 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, definió su apoyo al eventual juicio político, que sería presentado a mediados del presente mes; aunque aún no se sabe cuál será la causal.

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Saquicela impregnó su firma de apoyo en un comunicado titulado “El juicio va”, que también lo suscriben los coordinadores de las bancadas correísta, Mauricio Zambrano (UNES), y socialcristiana, Esteban Torres (PSC). También constan las firmas de los legisladores Mireya Pazmiño (separada del bloque Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado del bloque Izquierda Democrática). El documento fue expuesto en las redes sociales de los bloques UNES y PSC.

En el documento se aclara que el informe de una comisión (comisión ocasional que investigó el caso denominado El Gran Padrino) no es lo mismo que la petición de un juicio político.

A renglón seguido afirma: “La petición de juicio está en firme y será presentada a mediados de marzo. El Ecuador merece la verdad, sin injusticia, complicidad o impunidad”.

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Se conoció que el expediente del juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, será elaborado externamente a las bancadas de UNES y el PSC; para ello, las dos organizaciones cuentan con un equipo de abogados y constitucionalistas que buscan que la causal sea irrefutable ante la Corte Constitucional.

Al momento son tres las motivaciones que fueron expuestas para el juicio político al primer mandatario y todas, luego de las críticas de constitucionalistas y la opinión pública, fueron desechadas.

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La primera causal se refería a un supuesto delito de traición a la patria, que tuvo que ser modificado en el informe que preparó la comisión ocasional que investigó el caso denominado El Gran Padrino; la segunda buscaba incluir de manera general “los delitos contra la seguridad del Estado”, establecido en el numeral 1 de la Constitución. Este argumento no tuvo el respaldo por el PSC.

La tercera motivación, que es enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso, en el grado de comisión por omisión, al tenor de lo que prescriben los artículos 23, 28, 42 y 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyas conductas se adecuan al cometimiento de los delitos establecidos en el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, tampoco tuvo apoyo socialcristiano, por lo que ahora buscan la causal, y no hay fecha para su presentación ante el Parlamento. (I)