Para el 24 de mayo próximo, a las 10:00, fue diferida la reinstalación de la audiencia de juzgamiento contra el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y ocho personas más acusadas por el delito de delincuencia organizada. La audiencia se encuentra suspendida desde el 27 de abril pasado.

La diligencia debía continuar la mañana de este jueves 19 de mayo en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pero debido a que uno de los miembros del Tribunal de Juicio estaría delicado de salud, se convocó a los sujetos procesales (Fiscalía, Procuraduría, Petroecuador y las defensas de los once acusados) para la siguiente semana la reinstalación de la audiencia.

La Fiscalía acusa a los once procesados de ser parte de una organización criminal creada para desvanecer glosas y permitir el pago de dineros a empresas privadas que contratan con el Estado a cambio de la entrega de recursos.

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Dentro de la etapa de juzgamiento la Fiscalía en siete días ha presentado la reproducción de lo dicho en seis testimonios anticipados, el testimonio presencial del empresario inmobiliario sentenciado en Estados Unidos por ser parte de una trama de corrupción en Petroecuador, Roberto Barrera, y lo dicho por un perito que realizó la transcripción de audios que son parte del expediente.

El juzgamiento está a cargo del juez Walter Macías y los conjueces nacionales Adrián Rojas y Mauricio Espinosa.

La fiscal general, Diana Salazar, aseguró en el inicio de la audiencia que mantiene las pruebas para demostrar la existencia de un “grupo organizado” que operó a través de la Contraloría General del Estado, la Secretaría de la Presidencia y de la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, para a través del mecanismo del desvanecimiento de glosas obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa Nolimit C. A.

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La acusación señala que en el liderazgo de este “grupo delictivo” estaban el excontralor Celi y el exgerente Flores; mientras que como colaboradores habrían intervenido Natalia Cárdenas, Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Pedro Saona, Álvaro de Guzmán, Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque y Adolfo Agusto Briones.

Los líderes de la organización son acusados por el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, que deja una pena para estos de siete a diez años de cárcel; mientras que los colaboradores son acusados con base en el mismo 369, pero con el inciso segundo, que habla de penas para estos procesados de cinco a siete años de prisión. (I)