Las disculpas públicas que tiene que entregar el Consejo de la Judicatura (CJ) al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, por orden del Tribunal de Apelación de la Corte de Justicia del Azuay, parece ser, a la fecha, el último hecho que refleja las diferencias existentes entre autoridades de órganos de una Función Judicial que no se aleja de la crisis.

La decisión unánime de los jueces provinciales fue aceptar la acción de protección solicitada por Saquicela para revocar la suspensión de 90 días que le definió la Judicatura con el voto de Fausto Murillo y Juan José Morillo, presidente temporal y vocal titular del CJ, respectivamente. Un pedido dentro de una denuncia administrativa presentada por Ángel Guamán generó la medida contra Saquicela.

Yolanda Yupangui fue la vocal alterna del CJ que votó en contra de la suspensión del presidente de la CNJ, señalando que no estaba de acuerdo con que se irrespete la institucionalidad de la justicia.

Tribunal declara que existió vulneración de derechos

El Tribunal del Azuay declaró a lugar la acción de protección al definir que en el caso existió la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso en la garantía del derecho a la defensa y a la motivación de resoluciones. Saquicela debía reintegrarse a su cargo, pero para el 7 de julio pasado que se notificó la decisión de esa sala, él ya llevaba cuatro días de haber retomado sus funciones.

La revocatoria de la suspensión de Saquicela fue dispuesta por el CJ el 1 de julio pasado, debido a que el pleno de la CNJ, de forma unánime, dos días antes resolvió que su presidente no había incurrido en manifiesta negligencia en la sustanciación del proceso de extradición del expresidente Rafael Correa, dentro del caso Sobornos, como lo aseguró en su momento Guamán.

Tribunal de Apelación de la Corte del Azuay acepta acción de protección interpuesta por Iván Saquicela; resolución ordena que el CJ pida disculpas públicas

Pese a que fueron 44 días los que el presidente de la Corte Nacional se mantuvo suspendido, su retorno se dio en medio de una situación similar a la que existía cuando dejó funciones por la medida preventiva: una Judicatura manteniendo un presidente temporal y un Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) que no ha definido una nueva normativa para elegir al presidente titular del CJ.

Días antes de su suspensión, el titular de la Corte Nacional retiró la terna enviada al CPCCS para que se escoja al vocal que los representará y presida el CJ, como lo define la Constitución. Aseguraba que lo hacía para evitar que se “consume la arbitrariedad de archivar la terna y con ello una nueva forma de metida de las manos en la justicia del Ecuador”.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, asegura que todo este tipo de hechos hacen ver que la justicia ecuatoriana forma parte del secuestro que algunos sectores de la corrupción han ejercido sobre ella. Cree que es hora de que el país busque una salida a un sistema de justicia obsoleto, politizado y carente de mejoramiento sustantivo.

La metida de mano a la justicia

Saquicela a su regreso a la Corte Nacional afirmó que todos estos capítulos dados tienen que ver directamente con la suspensión que sufrió. Además, recordaba lo que dijo respecto a una inminente metida de manos en la justicia. “El país entero sabe que tuve razón, se metió las manos en la justicia”, anotó.

Inmediatamente a lo dicho en mayo pasado por Saquicela llegó la solicitud del CJ para que él despache causas en la Sala Penal de la que es parte, se presentaron dos denuncias administrativas contra el titular de la CNJ -una aún no resuelta- y finalmente la Judicatura pidió a la Corte Nacional la declaración jurisdiccional previa contra Iván Saquicela ante una presunta negligencia manifiesta.

Rodas piensa que el país ha vivido estos últimos años un proceso de desinstitucionalización provocado por grupos que buscan recuperar el manejo del poder para sus intereses. Ante ello propone que los problemas se resuelvan por el fondo y no por la forma, es decir, cree que el Consejo de Participación debe desaparecer y debe despolitizarse la integración del Consejo de la Judicatura.

Aunque en primera instancia le fue negada la acción de protección a Saquicela en Cuenca, en apelación no solo se declaró ha lugar el pedido por la vulneración de derechos. Junto a las disculpas públicas que debe dar el CJ, se advierte que ese organismo no deberá repetir estas actuaciones contra ningún funcionario judicial, se le ordena capacitar a su personal en materia disciplinaria y se dispone que se le pague al presidente Saquicela por el daño emocional ocasionado.

Desde la Judicatura se ha adelantado que se cumplirá con la resolución. El director general del CJ, Santiago Peñaherrera, expresó que se ha confundido una medida preventiva con un procedimiento disciplinario, pese a ello el CJ acatará la sentencia en todo lo que se ha dispuesto en ella.

“Se sienta un precedente histórico en la defensa de la institucionalidad y de la independencia judicial”, dijo Saquicela, al tiempo que aclaró que los valores por la reparación económica deberán ser cancelados por los vocales del Consejo de la Judicatura que tomaron la decisión: Murillo y Morillo.

El retorno de Iván Saquicela a la CNJ fortalece la institucionalidad de la Función Judicial, es el criterio de Óscar Ayerve, presidente de la Asociación de Víctimas 30-S. Más aún, dice, cuando existen poderosos intereses para meter la mano a la justicia y ante ello refiere ve necesario que se investiguen las decisiones adoptadas por los vocales del CJ para así identificar a qué o a quiénes responden cada uno de esos actos.

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Se reactiva la posibilidad de juicio político en la Asamblea

Para Fausto Murillo y Juan José Morillo ese no es el único hecho que deberán enfrentar. En los últimos días, el pronunciamiento del procurador general de que no se puede iniciar un juicio político contra los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque ya está en marcha un proceso electoral, hizo que en la Asamblea Nacional se reactive el juicio político contra los vocales del CJ Murillo, Morillo, Maribel Barreno y la expresidenta del organismo María del Carmen Maldonado, quien renunció al cargo el 2 de febrero pasado.

El juicio político es solicitado por asambleístas de la bancada de UNES y se les estaría cuestionando políticamente a Morillo, Murillo, Barreno y Maldonado por el nombramiento de conjueces temporales, la remoción de jueces, el incumplimiento de concursos de méritos y oposición de la CNJ y la selección de jueces de la CNJ en 2020.

Por otra parte, los vocales Morillo y Barreno serían parte de una investigación previa por un supuesto tráfico de influencias. En esta fase reservada se analizarían audios en los que Juan José Morillo, en presencia de Maribel Barreno, pide, aparentemente a nombre del presidente Guillermo Lasso, el apoyo a un juez para una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

“El país debe respetar la institucionalidad, el debido proceso, respetar derechos y fundamentalmente que las funciones del Estado, en particular la Función Judicial debe cumplir con su deber constitucional”, señaló Ayerve, al explicar además que debería pensarse en una reforma a las atribuciones del CJ, dejando bajo su ámbito únicamente lo administrativo. (I)