La Unidad Judicial Multicompetente con sede en Manglaralto ganó notoriedad este fin de semana, al igual que el juez Diego Javier Moscoso Cedeño, porque desde ahí él tomó la decisión de conceder un habeas corpus al exvicepresidente de la República Jorge Glas Espinel y así el exmandatario salió de la cárcel de Latacunga el domingo 11 de abril de 2022, aunque su condición de culpable en las sentencias que cumple se mantiene.

Manglaralto es una parroquia de la provincia de Santa Elena cercana a Montañita y está a dos horas y media de distancia de Guayaquil, ciudad en la que ahora permanece Glas Espinel, en su domicilio ubicado en la vía a la costa.

Moscoso llegó a esa Unidad Judicial como juez de primer nivel hace un poco más de cuatro años. Consta desde enero del 2018 en el distributivo de personal de la Función Judicial.

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Aunque su declaración patrimonial jurada al inicio de su gestión para ese cargo está registrada en la Contraloría General del Estado en diciembre del 2017. Entonces declaró una cuenta bancaria, un automóvil, equipo de oficina, menaje de casa y un terreno en Azuay por un total de activos de unos $ 68.640 versus un pasivo por una deuda de $ 2.760 por lo que su declaración reflejaba en el 2017 un patrimonio de $ 65.888.

Se convirtió en juez seis meses antes de los cambios que se dieron en el Consejo de la Judicatura, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cesó en sus funciones a Gustavo Jalkh, así como a todos los miembros de la Judicatura, por falta de independencia de funciones y a Jalkh se le señaló su estrecha relación con el exmandatario Rafael Correa, porque ocupó varios cargos de confianza en ese Gobierno. Jalkh empezó con Correa como ministro de Justicia en el 2007.

El paso previo del juez Moscoso también fue ese ministerio que ya no existe, pero estuvo en el 2017 y llegó a ser subsecretario de Rehabilitación, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos.

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Y fue en ese cargo y en ese año en que se registra un evento que se relaciona entre Glas y Moscoso. En noviembre del 2017, cuando el exvicepresidente acudió a la audiencia de juicio por el delito de asociación ilícita dentro de la trama de Odebrecht lo hizo con terno y no con traje naranja como sí lo usaron su tío Ricardo Rivera y otros dos procesados por ese caso.

La explicación la dio Moscoso, como subsecretario de Rehabilitación del Ministerio de Justicia. No existe “ninguna norma o protocolo que prohíba a una persona privada de la libertad” usar su ropa. “Para que una persona vaya (a la Corte) con otra ropa, esta tendría que coordinar con su familia. Por ejemplo, si yo tengo que asistir a una audiencia y no quiero estar con la camiseta tomate, entonces coordino con mi familia para que me traiga un terno y llegar así a la audiencia”, dijo en esa ocasión a diario El Comercio.

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El juez Moscoso también tuvo un breve paso por la Asamblea Nacional, como asesor.

Como los funcionarios públicos deben presentar su declaración patrimonial a la Contraloría General del Estado, este organismo de control tiene registrados los cargos que ha tenido Moscoso en el servicio público:

  • Asesor 1 en la Asamblea, de marzo del 2016 a mayo del 2017.
  • Servicios profesionales (servidor municipal 13) en el Distrito Metropolitano de Quito, marzo del 2017.
  • Asesor 2, asesor 3 y subsecretario de Rehabilitación Social, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, de mayo a noviembre del 2017.
  • Asesor 1 en la Asamblea Nacional en el 2017.
  • Juez de Unidad Multicompetente en Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Santa Elena, diciembre del 2017 hasta la actualidad. En su última declaración patrimonial jurada subida a www.contraloria.gob.ec/Consultas/DeclaracionesJuradas detalla activos por $ 156.908 que incluyen la adquisición en el 2018 de un predio en Santa Elena y pasivos por $ 51.793, lo que le da un patrimonio de $ 105.115.

Pocos días antes de que concediera el habeas corpus a favor de Glas, hubo un pedido de suspensión contra el juez Diego Javier Moscoso, para “prevenir que posibles actuaciones realizadas por parte del sumariado puedan interferir en el normal desarrollo de este expediente disciplinario, impidiendo que los servidores judiciales que conforman su despacho remitan la información solicitada y/o comparezcan a rendir sus versiones libres y voluntarias...”.

El 28 de marzo de 2022, desde la coordinación provincial de control disciplinario de Santa Elena se envió una solicitud de medida cautelar de suspensión del juez dirigida al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, y también a los tres vocales: Xavier Muñoz Intriago, Juan José Morillo Velasco y Maribel Barreno Velin, pero hasta el momento no existe ninguna resolución. (I)

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