Quedan 30 días de diálogo en los que el movimiento indígena espera compromisos del Gobierno a sus demandas

Desde este martes empieza la cuenta regresiva de 30 días para concluir el trabajo de seis mesas técnicas de las que los movimientos indígenas esperan una respuesta del Gobierno con acuerdos concretos sobre los ‘grandes temas’ y no solo acuerdos mínimos.

Como efecto de los 18 días de las manifestaciones de junio, el gobierno de Guillermo Lasso y los tres movimientos indígenas, como el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), acordaron suscribir el Acta de la Paz, cuyo eje central fue implementar diez mesas técnicas que den soluciones con políticas públicas a su ‘agenda de lucha’.

Los primeros 58 días de diálogo con el trabajo de cuatro mesas concluyó este viernes y desde este 13 de septiembre arranca un nuevo periodo de 30 días para tratar asuntos sobre derechos colectivos; seguridad ciudadana; empleo; salud y educación, a las que se suma el eje de focalización de subsidios a los combustibles, que debido a su complejidad se decidió extenderlo.

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Aunque realzan los primeros logros alcanzados en estos concilios, las expectativas para los líderes indígenas no son muy alentadoras por las respuestas que recibieron con los primeros grupos de trabajo.

Samuel Lema, dirigente de la Feine, indicó que este lunes se prevé hacer una evaluación sobre lo alcanzado en estos casi dos meses, los temas que quedaron pendientes y los que se tratarán en las siguientes semanas.

Si bien ve con “positivismo” lo que se logró, cree que los resultados no responden a ese 100 % que aspiraban y de lo contrario, es menos de la mitad.

“Hay un avance del 30 % o 40 % de las propuestas que presentamos, porque el Gobierno sabía que se cerraban estas mesas y pusieron de parte. Pero no hay un 100 % de acuerdos logrados, solo son acuerdos mínimos”, expresó.

Para ejemplificar, los grupos sociales consideran “neurálgicos” ejes relacionados con la minería, el petróleo, el control de precios y focalización de subsidios.

En materia energética exigían que haya una moratoria en bloques petroleros en los hay exploración, pero el Gobierno cedió a que la moratoria se establezca en 15 bloques en los que no hay actividades de ningún tipo, hasta que haya una ley de consulta previa aprobada por la Asamblea Nacional.

En esa misma línea, hubo propuestas para que se derogue el Decreto 151 relacionado con el plan minero; se suspenda el inicio del catastro minero; o también, implementar una normativa que disponga que la denominada consulta ambiental tenga la aprobación de una consulta previa, libre e informada, a lo que el régimen no accedió.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, se mostró decepcionado de que no se haya dado paso a estas posibilidades, aunque no desestimó que se retome el debate en la mesa de derechos colectivos.

El dirigente prefirió no opinar sobre el escenario que se viene para el trabajo de las seis mesas restantes y se comprometió a mantener el diálogo hasta concretar los 90 días. Luego “daremos a conocer a nuestras bases de manera detallada sobre esas respuestas que nos dé el Gobierno y tomaremos una postura en una convención anual”, manifestó.

Con base en las actas que suscribieron las delegaciones de las tres organizaciones y representantes del presidente Guillermo Lasso en estos equipos de trabajo, la mesa de fomento productivo fue la que más acuerdos logró, alcanzando un número de 20.

No se lograron consensos respecto de los tratados de libre comercio. “No existe acuerdo sobre este tema”, recoge el acta, en cuanto al debate del “impacto de las políticas de libre comercio y Tratados de Libre Comercio en el sector agrícola”.

En la mesa de energía y recursos naturales se observaron once acuerdos y siete desacuerdos; en control de precios, cinco acuerdos y tres divergencias.

Con esos hechos de por medio, Lema anheló que las mesas empiecen su trabajo, en lo que estima serán álgidos debates, pues en materia de derechos colectivos se deberá analizar la aplicación de la justicia indígena, por ejemplo.

“En derechos colectivos vamos a hablar sobre la justicia indígena y esperamos que el Gobierno pueda dar esa accesibilidad y voluntad política. Mal haríamos en anunciar movilizaciones, porque hemos ido con ganas de trabajar, hemos aportado con propuestas y vamos a agotar los 90 días y ahí el pueblo tendrá que conocer todos los alcances y si no los hay, dejamos en manos del Gobierno y será el pueblo que lo juzgue”, señaló el dirigente.

Desde una perspectiva analítica, el pronóstico de estas mesas no se ve con optimismo.

El analista político Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), cree que los temas planteados no se han cerrado y de parte del Gobierno ha faltado “mayor compromiso”, por lo que ve con “escepticismo” un final alentador.

“No se están haciendo los suficientes esfuerzos de parte del presidente Guillermo Lasso y los diálogos caminan al fracaso, por lo que no creo que se pueda hablar de un cierre muy optimista. Los acuerdos que se llegaron son tibios, porque más allá de las demandas del movimiento indígena, la reacción del Ejecutivo debería ser más ambiciosa”, opinó.

Mantilla teme que esto declive en una situación complicada en la que haya una respuesta más radical de los movimientos sociales a la que se podrían sumar otros organismos, descontentos por la falta de resultados tras más de un año de mandato presidencial.

El editor de la revista Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, critica al régimen por no aclarar desde un inicio de los diálogos los temas en los que hay ‘líneas rojas’ y así evitar crear expectativas.

“El Gobierno debió entrar al diálogo anunciando cuáles son las líneas rojas que no se pueden cruzar. Ha faltado claridad porque hubo una posición tibia, cuando son temas que de entrada se debió aclarar no son negociables”, reflexionó.

Ejemplifica que los dirigentes sociales hacen propuestas encaminadas a que se den más subsidios a los combustibles y al mismo tiempo piden moratoria petrolera. O exigen presupuesto para salud y educación, pero rechazan los proyectos mineros o petroleros.

“Esto puede ser un callejón sin salida y quienes van a salir ganando serán quienes pueden capitalizar políticamente en el descontento de que no se hizo todo lo que se esperaba hacer. El punto de partida del diálogo era la honestidad, pero esto es una estrategia política porque el Gobierno no va a poder cumplir y siempre va a haber el motivo para decir ‘no me escuchó’”, añadió Acosta Burneo.

Desde el Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso no se pronunció sobre estos dos meses de encuentros, pero el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, lo hizo en Twitter con mensajes de exaltación a los acuerdos firmados y aseguró que “este será un ejercicio permanente para seguir construyendo democracia en el país”.

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), que actúa como ‘garante’ de esta relación bilateral y que ha establecido las reglas que deben adoptarse, prevé organizar el calendario para las siguientes cuatro semanas de trabajo de las mesas restantes.

La primera sobre derechos colectivos sesionaría desde este martes y en ella se discutirá sobre la implementación de políticas públicas para el cumplimiento de 21 derechos que reconoce la Constitución a los pueblos y nacionalidades indígenas, montuvios, afroecuatorianos.

Uno de los edificios de la Conferencia, ubicado en el centro norte de Quito, se adecuó con mesas, sillas, implementos de escritorio y oficina para facilitar los debates que son reservados.

En cada sala hay una gigantografía en la que se exponen las “diez reglas básicas para un diálogo con resultados”, que es de obligatorio cumplimiento para las partes participantes.

Por ejemplo, se aclara que los temas a tratar son los diez puntos de la Agenda de Lucha Nacional del 13 de junio de 2022, reconocidos en el Acta de la Paz. Se les pide asistencia puntual con la intervención de 17 delegados de cada parte.

Otra regla es que la “palabra acuerdo se utilizará solamente para designar el consenso final con el que se cierra una mesa. Los demás consensos se llamarán coincidencias, convergencias, puntos en común o de cualquier otra manera”. (I)