Mientras la Fiscalía General del Estado está a la espera de si la Policía Nacional confirma si queda en firme o se deja sin efecto la rotación de 37 agentes policiales técnico-investigativos, la duda está en cómo esta disyuntiva entre instituciones públicas afectará el avance de indagaciones fiscales que ya, en algunos casos, llevan años en fase de investigación previa.

Para la Fiscalía el retiro de estos agentes policiales que apoyaban en las tareas investigativas de la institución y en su lugar el envío de personal nuevo sin la suficiente “experiencia específica” es una intromisión en la justicia y limitará el trabajo en casos que estaban en curso como los denominados Encuentro, Pandora Papers, Petroecuador, General Gabela, entre otros .

En cambio, desde el Gobierno se asegura que no hay ninguna intromisión y peor una obstrucción al trabajo de la justicia. Se ha dicho que lo único que se está haciendo es una rotación rutinaria enmarcada en la ley y que también se da en otras instituciones del Estado.

En medio de una comparecencia en la Asamblea Nacional, la mañana de este lunes, el ministro del Interior, Juan Zapata, no cree que por esta rotación se vaya a caer algún caso.

Una de las primeras personas en poner en debate el tema del tiempo que se pierde en las investigaciones penales con este tipo de decisiones fue Patricia Ochoa, esposa del general Jorge Gabela, asesinado hace doce años. “Esto es tiempo. Qué pasará en los casos que se están investigando. Caso Gabela ya pasó que cambiaron en 2019 y volvieron a empezar la investigación”.

Ministro del Interior espera revisar la rotación de los policías de investigación que apoyan a la Fiscalía General del Estado

Ochoa pide que se deje continuar con el trabajo a los equipos que estaban, pues reconoce que en su caso han tenido avances, los cuales se le han demostrado con pruebas. De seguir así las cosas, ella anunció que hará público todo lo que se ha descubierto en el caso Gabela.

“No me callarán. Solo una pequeña muestra de esto es que alias Francis no fue quien disparó al general Gabela. Que tanto la investigación preliminar y de ese comité institucional creado por (Rafael) Correa fue una farsa. No permitiré que el crimen de Estado del general Gabela quede en la impunidad”, señaló en sus redes sociales la viuda de Gabela.

La alerta del cambio de los 37 agentes investigadores de la Policía que trabajan bajo órdenes de la Fiscalía la dio la institución el sábado 11 de febrero pasado y ese mismo día la fiscal general, Diana Salazar, pidió al Ministerio del Interior que deje sin efecto el traslado temporal del equipo operacional de investigación de la Policía que labora en la institución, así como la cúpula de seguridad, evitando de esta manera “afectar la independencia judicial y el normal desarrollo de sus actividades”.

En estos días la Fiscalía recibió el apoyo de instituciones como la Asamblea, instancia que dijo mirar con asombro la repentina decisión tomada por la Policía, pues la rotación de personal en medio de una investigación lo único que logra es retrasar el proceso. Por otro lado, los cambios de agentes para la investigación en Fiscalía fueron entendidos por la Corte Nacional como hechos que afectan la independencia e integridad de los jueces y la Fiscalía General.

Casos que mantiene abiertos la Fiscalía

Desde el 9 de enero pasado la Fiscalía tiene abierta una investigación previa a la que ha denominado caso Encuentro. En esta indagación se analizaría la existencia de una red de corrupción que habría operado en el sector público eléctrico. Delincuencia organizada, cohecho y concusión serían los delitos que tentativamente están en la mira de Fiscalía en este caso.

En cambio, desde octubre de 2021 la Fiscalía mantiene abierta una etapa de indagación previa dentro del caso Pandora Papers. Aquí la Fiscalía investiga de forma previa una posible defraudación tributaria del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Otro caso ante una supuesta corrupción en la función pública también mantiene una investigación previa desde agosto de 2022. Dentro del denominado caso Petroecuador, la Fiscalía y agentes policiales de apoyo allanaron, el viernes último, cuatro viviendas, entre ellas las de los exgerentes de Petroecuador Hugo Aguiar e Ítalo Cedeño, y tres oficinas, dos en la estatal petrolera y una en la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

Entre los casos que se mantienen en investigación previa están además los relacionados con actos de corrupción ocurridos durante la pandemia de COVID-19, las investigaciones ordenadas en sentencia por tribunales de la Corte Nacional de Justicia que ubicaron que se desprenden otros delitos de las causas Odebrecht o Sobornos, entre otros temas.

Las opiniones sobre la decisión

Pablo Encalada, exfiscal y docente universitario, ve que en el fondo de este problema está una contienda de carácter político: “Hubo un ataque de la Fiscalía y se dio una revancha de parte del Gobierno”. El abogado se refiere al allanamiento que se dio en Carondelet el viernes último y al día siguiente se informó del traslado temporal de agentes policiales destinados a la Fiscalía.

Fiscalía allana domicilios del gerente y exgerente de Petroecuador, Hugo Aguiar e Ítalo Cedeño; acciones dentro de caso de corrupción alcanzan a la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia, en Quito

Reconoce que ambas instancias actúan legalmente, pues señala que la Fiscalía puede hacer los allanamientos que crea necesarios y la Policía puede rotar el personal, aunque el momento sea imprudente y se lo haga sin conversarlo.

“Los cambios en Fiscalía son muy comunes y por qué los de la Policía no. Todos los cambios retardan de alguna forma el avance de las investigaciones. Nadie es imprescindible en el mundo y si las personas cambian lo que simplemente tiene que pasar es reacomodarse un poco. Con los cambios sí se pierde un poco de tiempo, pero en algún momento se deben dar esos cambios”, explicó.

Piensa Encalada que cuando existe un cambio de fiscal en una causa se siente de mayor forma un retraso. Esto, dice, debido a que el fiscal es quien dirige la investigación. “Nosotros los abogados estamos acostumbrados a que permanentemente haya cambios de fiscales. Nunca nos ha llamado la atención, aunque sí nos molesta”.

Aunque reconoce que es una facultad de la Policía el rotar a sus elementos, lo que al exfiscal de Pichincha Fabián Salazar le llama la atención es por qué se cambia a todos. Para él, la forma y el momento en que se procede a estos cambios alientan la pregunta “¿a quién se quiere favorecer?”.

“Una rotación de este tipo sí afecta, porque la Fiscalía confía en el personal entregado y a quienes seguramente ya se les designaron temas delicados, dentro de procesos en los que se tienen que dar respuestas a la ciudadanía, ¿qué pasa si no se dan respuestas? (...) Más allá del tiempo que tome el que un agente se empape de los casos, aquí lo que se tiene que ver es cuál es la intención de estos cambios”, sostuvo Salazar.

El flamante ministro de Gobierno y Gestión Política, Henry Cucalón, hizo la mañana de este lunes un llamado a la calma y al respeto a la institucionalidad. Aclaró que no existe intromisión alguna en la justicia y lo que se ha hecho únicamente es proceder según la norma existente y reemplazar al personal por otro que está igual de preparado, mas no retirarlo.

“Las distintas instituciones del Estado deben trabajar en conjunto y articuladamente, no como enemigos. El verdadero enemigo es el crimen organizado y el narcotráfico, el mayor enemigo es el mayor criminal que está en la cárcel y quiere salir estos días, (...) el peor enemigo son esos jueces cómplices y complacientes del crimen organizado y de los delincuentes. Esos son los enemigos y no las instituciones”, indicó.

El ministro Zapata en la Asamblea dijo no entender por qué se piensa que existe un riesgo de que un caso se caiga si no está tal o cual investigador e indicó que todos esos uniformados destinados a la Fiscalía tienen la pericia requerida. Frente a los cuestionamientos de los asambleístas de por qué no dejar a los 37 policías investigadores en la Fiscalía, el secretario de Estado no descartó que se analice esa situación dentro de la respuesta formal que se dé al pedido hecho por la fiscal general para que se dejen sin efecto los traslados. (I)