Propuesta de referéndum se tramita en la Corte Constitucional bajo un centenar de ‘amicus curiae’, mientras el Gobierno socializa con actores de la sociedad civil

Veintisiete días han transcurrido desde que el presidente de la República, Guillermo Lasso, expuso su propuesta de referéndum y en la Corte Constitucional (CC) se prepara el dictamen de constitucionalidad, en cuyo trámite se han presentado más de un centenar de amicus curiae en los que se exponen inquietudes a las ocho preguntas.

La sustanciación de la causa está en el despacho de la jueza constitucional Alejandra Cárdenas, quien debe elaborar el proyecto de sentencia para conocimiento del pleno y este 7 de octubre, la secretaría del organismo notificó con una providencia de recepción a las partes interesadas, entre estas la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Procuraduría General del Estado y un centenar de ciudadanos y grupos de la sociedad civil.

Entre los amicus curiae consta uno que remitió la fiscal general, Diana Salazar, quien solicitó a la Corte Constitucional que reformule la pregunta 3 del texto original, que señala: “¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?”.

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Desde la Fiscalía no se cuestiona el texto argumentativo, pero se pidió que se excluya la conformación de este Consejo, pues entre otras razones, “desconoce la estructura de esta institución, pues al requerir que la selección se la realice por medio de un Consejo Fiscal, resulta evidente la inobservancia a la naturaleza autónoma del ente persecutor del Estado y de su organización interna”.

Se calificó a la pregunta de “inoficiosa”, pues genera más burocracia “en lugar de centrar la pregunta y su anexo en devolver la autonomía y fortalecer las actuales capacidades de la institución”.

Salazar solicitó que se reformule la pregunta de la siguiente forma: “¿Está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione, designe, evalúe, promueva, capacite y sancione a los servidores que la conforman, a través de la normativa que se genere para ejercer estas atribuciones sin depender del Consejo de la Judicatura?”.

Asimismo, se observó la pregunta 6, en la que se propone eliminar la atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades de control, entre estas, al fiscal general, para que las seleccione la Asamblea Nacional de ternas enviadas por la Presidencia de la República y otras funciones del Estado.

La fiscal Salazar cree que es necesario que para elegir a esta autoridad debe incluirse una fase de oposición (examen de conocimientos) que permita designar al “candidato más idóneo según el perfil profesional del puesto”.

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Otros amicus curiae están enfocados en cuestionar la pregunta 4 que propone reducir el número de legisladores del pleno de la Asamblea Nacional, que expone: “¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y dos asambleístas por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior?”.

Uno de los recurrentes es el ciudadano Gustavo Tituaña, quien reside en Madrid (España) y que argumentó que esta pregunta de enmienda “restringe la posibilidad de una representación real de la ciudadanía en la toma de decisiones, especialmente a aquellos que habitan en provincias con menos número de habitantes, así como a los ecuatorianos que residen en el exterior”.

A su criterio, se “pone en riesgo el pleno ejercicio de derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos radicados en el exterior y se debe desechar dicha pregunta”.

Por su parte, la administración de Guillermo Lasso está propiciando diálogos con actores de la sociedad civil, como abogados, académicos o activistas, para exponer el objetivo de las preguntas de enmienda.

Jhossueth Almeida, director de Asuntos Regulatorios de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, explicó que la idea de estos conversatorios va más allá de buscar apoyos; al contrario, es dar a conocer y comentar qué es lo que están haciendo y por qué.

Aseguró que estos diálogos se hicieron antes de presentar el texto de enmienda a la Corte Constitucional por lo que habían recibido cientos de sugerencias de preguntas. Mientras que el proceso en curso es un “nuevo momento de conversar y saber qué piensa la ciudadanía, de la que hemos recibido una respuesta positiva”.

Al consultarle, por ejemplo, si se discutió con la Fiscalía General la pregunta 3, que generó rechazo, Almeida no confirmó si se produjo un encuentro previo, pero consideró que la enmienda es “algo bueno para el ejercicio del ministerio público”.

“Esta pregunta es positiva para evitar injerencias externas; nosotros confiamos en la argumentación jurídica que hemos enviado”, dijo, por lo que están seguros de que la CC calificará la constitucionalidad de los textos.

Respecto de los procesos de designación de autoridades, en los que se asigna al presidente de la República la facultad de proponer ternas y crear comisiones técnicas que revisen el cumplimiento de requisitos de los candidatos, Almeida puntualizó que el objetivo es que haya una “responsabilidad política” del mandatario que se encuentre en funciones.

“El momento en el que el presidente envía una terna, va con la responsabilidad de que son los mejores candidatos y si es que no lo son, la Asamblea Nacional los rechazará y ahí el ciudadano podrá ver cuáles son las fuerzas políticas que apoyan a uno u otro candidato, no como ahora, que un ciudadano no sabe a quiénes están apoyando”, anotó el funcionario.

Almeida confirmó que dentro del Gobierno continúan trabajando en la posibilidad de enviar dos preguntas de consulta popular que estarán enfocadas en materia económica, aunque evitó revelar cuáles serán los ejes.

De acuerdo con la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el reglamento de trámites, los jueces de la Corte Constitucional tendrían un plazo de entre 20 y 30 días para emitir un dictamen de constitucionalidad respecto de las propuestas de referéndum.

Aunque, tomando en cuenta los plazos que suelen observarse en este organismo, la administración de Guillermo Lasso no descarta tener una respuesta a mediados de octubre. (I)