La Procuraduría General del Estado (PGE) se opone al levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre tres bienes ubicados en el conjunto Diamond Beach de la urbanización Huertos Familiares, en la parroquia Tonsupa, del cantón Atacames (Esmeraldas), solicitado por parte de la esposa e hijos del exvicepresidente Jorge Glas.

El pedido es hecho por Cinthya Díaz a nombre de sus dos hijos, uno de ellos menor de edad, dentro del proceso penal por el delito de asociación ilícita relacionado con la trama de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht implementó en el Ecuador y por el que Glas fue condenado a seis años de reclusión menor y al pago de $ 7,5 millones como reparación integral al Estado, parte de los $ 33,4 millones que se ordenó como pago a los ocho sentenciados.

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En la causa por asociación ilícita se estaría solicitando el levantamiento de la prohibición de enajenar bienes y la devolución del departamento 10 A, la bodega número 115 y el parqueadero número 126, ubicados en la provincia de Esmeraldas, los cuales Jorge Glas diría que corresponden a su hijos y que él es solo el usufructuario de estos bienes. Según la PGE, en estos inmuebles Glas y su esposa mantienen un derecho de usufructo vitalicio.

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El presidente del Tribunal de Ejecución del caso Odebrecht, Byron Guillén, corrió traslado del pedido a la PGE y a la Fiscalía para que se pronuncien sobre la solicitud. Luego el Tribunal definirá lo que en derecho corresponda.

En la respuesta que entregó la Procuraduría se indica que se debe ejecutar el embargo para cubrir parcialmente el monto fijado en sentencia como reparación integral a favor del Estado por este caso de corrupción. “La PGE no cejará en su trabajo de hacer cumplir lo dispuesto en las sentencias dictadas por los jueces competentes y, de este modo, restituir el daño ocasionado al Estado ecuatoriano”, se indicó en un comunicado.

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Pese a las dos sentencias en firme que Jorge Glas mantiene por su participación en actos de corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016, en el que se procesó el delito de cohecho pasivo agravado, el exbinomio presidencial de Rafael Correa, el 10 de abril pasado, salió de la cárcel debido a que un juez de Manglaralto, Diego Moscoso, le concedió un habeas corpus por supuestas afecciones en su salud física y psicológica.

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Hace pocos días, el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos notificó al exvicepresidente de la orden de embargo de su parte de la sociedad conyugal en el departamento A3 y el estacionamiento 15 en el conjunto residencial Lomas de Castella, en el norte de Quito. La propiedad del bien sería compartida entre Glas y su esposa.

Este Tribunal de Juzgamiento, transformado en Tribunal de Ejecución, está presidido por el juez de la Corte Nacional Walter Macías. Con el embargo de bienes de nueve procesados, la Justicia ecuatoriana busca recuperar los $ 14,7 millones de reparación integral impuestos a los 20 condenados: $ 778.224 a los autores y coautores, entre ellos Jorge Glas y Rafael Correa; mientras que los cómplices, $ 368.632. (I)